La ganadora de las elecciones a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), tiene pendiente acometer en los próximos dos años las bajadas de impuestos que ha prometido a su electorado y de las que ha alardeado en el último mes, para poder cumplir con su programa electoral.

"Somos eficientes en el gasto, y por eso podemos bajar impuestos, para que dicho dinero se encuentre en el bolsillo de los ciudadanos, que son los que mejor pueden decidir qué hacer con él. Y en esa línea seguimos trabajando: bajando el déficit, buscando el superávit para amortizar deuda y aplicando políticas eficientes, basadas en impuestos bajos y reformas profundas", vendía la candidata popular en su programa.

Para cumplir con esas promesas, Ayuso tendrá que bajar medio punto todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF, lo que supone bajar los impuestos a los tres millones de asalariados que residen en la Comunidad de Madrid, y también tendrá que aprobar nuevas deducciones a familias, arrendadores, jóvenes (para favorecer su acceso a vivienda y estudios, por ejemplo) y emprendedores y nuevas empresas que creen empleo en la región.

En concreto, Ayuso ha prometido deducciones en el IRPF de hasta 1.200 euros (un 20% más) para que los jóvenes se deduzcan el arrendamiento de su vivienda habitual. Los ciudadanos de hasta 40 años que tengan obligaciones familiares o estén en desempleo podrán acogerse a esta deducción; mientras que los menores de 30 años podrán deducirse también el 25% de los intereses de la hipoteca para alquilar vivienda habitual, hasta 1.000 euros anuales.

Para los estudiantes, la candidata del PP había prometido deducciones del 100% de los gastos por intereses de préstamos para costear sus estudios en grado universitario, máster y doctorado.

Menos impuestos para familias numerosas

Para las familias, Ayuso ha prometido una deducción por nacimiento o adopción de hijos (de hasta 700 euros por hijo en los tres primeros años); una deducción de 500 euros para cuidar mayores en el ámbito familiar -mayores de 65 años-; deducciones del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por contratar a cuidadores de hijos menores de tres años y o de personas mayores dependientes o con algún tipo de discapacidad -con un máximo de 450 euros al año-.

También han ofrecido ampliar al 15% la deducción en el IRPF por enseñanza de idiomas; deducción del 10% del precio de adquisición de la vivienda si se adquiere porque al tener un hijo se necesita una nueva vivienda habitual más grande; y que los titulares de familia numerosa de categoría especial no paguen la cuota autonómica del IRPF durante tres años y que las familias numerosas de categoría general paguen sólo la mitad.

"Con el objeto fomentar la natalidad y apoyar a las familias numerosas se establecerá durante tres años, a contar desde que adquieran tal condición, una deducción a sus titulares del 50% de la cuota íntegra autonómica del IRPF, con el límite de 6.000 euros si la declaración se realiza de forma individual y de 12.000 euros cuando ésta sea conjunta", recogen.

En el caso de familias numerosas de categoría especial, la deducción alcanzará el 100% de dicha cuota
autonómica con el límite de 12.000 euros si la declaración se realiza de forma individual y de 24.000 euros si se trata de una declaración conjunta.

Deducciones por alquiler y por generar empleo

El Gobierno autonómico de Ayuso tiene pendiente también aprobar una deducción del 10% del importe de determinados gastos asociados al alquiler -gastos de conservación y mejora, segura de hogar y riesgo de impagos, certificado de eficiencia energética…-, con un máximo de 150 euros. Esta medida busca que aumente el número de viviendas en alquiler.

Para las empresas, la presidenta autonómica ha prometido subir del 30% al 40% el porcentaje de deducción en el IRPF de la inversión realizada en adquisición de acciones y participaciones de entidades de nueva creación que creen empleo indefinido, elevando el importe máximo de 6.000 a 9.000 euros.

En su programa, el PP no precisa cómo pretende mantener contenido el déficit público pese al recorte de impuestos y la consiguiente merma en la recaudación tributaria. No admiten que vayan a recortar gasto público, sino que fían que las cuentas cuadren a que las bases fiscales aumenten -atraídas por la atractiva fiscalidad- y se pueda mantener el nivel de ingresos públicos.