La amenaza de un fuerte incremento del número de concursos de acreedores por el impacto de la pandemia en la economía, sigue latente. A pesar de la mejora de las previsiones sobre crecimiento de la economía española y también de los datos sanitarios, Diego Comendador, presidente de la Asociación Profesional de los Administradores Concursales (Aspac), estima que en los primeros meses de 2022 el número de concursos "aumentará considerablemente", lo que afectará al funcionamiento normal de los juzgados mercantiles.

De acuerdo con el seguimiento de los procesos concursales publicados en el BOE que realiza la consultora Iberinform, en los primeros cinco meses de 2021 la economía española registró un incremento del 94% de las insolvencias empresariales. En mayo el aumento fue del 290% frente al número registrado hace un año, cuando el confinamiento paralizó la actividad.

El presidente de los administradores concursales considera que son necesarias reformas para aminorar el golpe; y sostiene que es necesario rebajar los privilegios con los que cuentan las administraciones públicas en los concursos de acreedores, algo -subraya- que no ocurre en países de nuestro entorno. En España cerca del 95% de empresas que se declaran en concurso acaban en liquidación, desaparecen.

PREGUNTA. ¿Está aumentando en la actualidad el número de empresas españolas declaradas en concurso de acreedores respecto al pasado año y anteriores?

RESPUESTA. La realidad es que sí. En el primer trimestre de este año el número de concursos totales ha aumentado un 86,48% respecto del mismo periodo del año anterior, y un 44,87% respecto al primer trimestre de 2019. Ello es así porque el pasado año, con motivo del inicio de la pandemia, el número de concursos descendió notablemente.

Por tanto, sí que se empieza a percibir un importante aumento de los concursos, aumento que se produce tanto en empresas y empresarios como en personas físicas sin actividad empresarial.

P. Las previsiones sobre la economía española han mejorado para los próximos meses y años, ¿permitirá esa recuperación una contención en el número de concursos?

R. Parece lógico que, si la economía repunta como todos los indicadores parecen señalar, ello contribuya a mejorar la salud financiera de las empresas. El que dicha recuperación evite y contenga el número de concursos va a depender fundamentalmente del impacto que la crisis derivada de la pandemia haya tenido en cada una de las empresas. No podemos olvidar que ese impacto difiere mucho en función del sector de actividad de la empresa

P. El pasado año se hablaba del temor a la llegada de una avalancha de concursos por el impacto del coronavirus en la economía, ¿sigue existiendo ese temor?

R. A pesar de que esa avalancha puede estar contenida por la moratoria en la obligación de presentar el concurso hasta diciembre de 2021, en los últimos meses se está observando un repunte bastante importante del número de concursos presentados.

Es necesario reformar la Ley Concursal de manera que se puedan agilizar los procedimientos"

Pese a ello, la amenaza de la avalancha entiendo que sigue presente, de manera que en los primeros meses del año próximo el número de concursos aumentará considerablemente, lo que con toda probabilidad colapsará aun más los juzgados mercantiles. De ahí que es necesario reformar la Ley Concursal de manera que se puedan agilizar los procedimientos, amen de aumentar los recursos, tanto materiales como humanos, de los juzgados mercantiles.

Y precisamente, para esa agilización de los procedimientos Aspac ha presentado una serie de propuestas, entre las que se encuentra la mayor atribución de funciones a los administradores concursales descargando así los juzgados. Y para ello es necesario que se promulgue de una vez el estatuto de la administración concursal regulando esta profesión de manera que los profesionales sean personas con experiencia, medios y formación suficiente para el desempeño de su cargo

P. La suspensión de la obligatoriedad de presentar concurso de acreedores, ¿cómo está afectando a esa estadística?

R. No cabe duda de que las sucesivas moratorias establecidas por el Gobierno en la obligación de presentar concurso han influido en que no todas las empresas en situación de insolvencia se hayan decidido a presentar concurso de acreedores.

Las moratorias otorgadas en la obligación de presentar concurso es una especie de patada hacia adelante"

No obstante, es conveniente recordar que la moratoria supone la no obligación de presentar concurso, pero no lo prohíbe. La prohibición solo se produce en el caso de concurso necesario, esto es, a instancias de un acreedor 

P. La prórroga aprobada en ese sentido por el Gobierno el pasado mes de marzo hasta el próximo 31 de diciembre, ¿es suficiente, necesaria?

R. En los inicios de la pandemia, y cuando se decretó el estado de alarma en marzo de 2020, desde Aspac defendimos que era necesaria una moratoria en la obligación de presentar concurso. Pero aquel era un momento donde nos encontrábamos todos en general ante una situación nueva cuyo alcance desconocíamos, no se sabía el tamaño que podía tener aquella crisis. Por tanto, dijimos sí a la primera moratoria.

Pero cosa distinta son las sucesivas prórrogas. Entiendo que con ellas lo que se está consiguiendo es, de alguna manera, diferir los problemas, una especie de patada hacia adelante en el sentido de que muchas empresas que actualmente están en estado de insolvencia se pueden dejar llevar por la inercia ante la falta de obligación de presentar concurso, de manera que vayan consumiendo sus recursos y así cuando llegue la hora de concursar su destino inexorable será la liquidación

P. ¿Cómo afecta esa prórroga a la implantación en España de la directiva europea concursal?

R. La fecha inicial de la transposición de la directiva era la del 19 de julio del presente año, pero el Gobierno ha pedido la prórroga de un año, prevista en la propia Directiva.

Los privilegios de las administraciones públicas en los concursos es una de las razones del fracaso de la Ley Concursal"

En estos momentos estamos esperando se hagan públicos los proyectos legislativos derivados de la trasposición de la directiva a nuestro ordenamiento jurídico, y sería deseable que en ellos se recogiesen normas para ayudar a las empresas que, estando en situación de insolvencia actual, aun no hayan presentado el concurso acogiéndose a la moratoria, para garantizar o cuando menos, influir en conseguir su supervivencia

P. ¿Cómo valora la posición de Hacienda en concursos de acreedores o el hecho de que en esos procesos no pueda aceptar quitas de deuda?

R. Este es un tema recurrente, en el que nuestra posición es que deberían de eliminarse o, al menos reducirse en gran manera, los privilegios de los que gozan las administraciones públicas en los concursos. Estos privilegios que, por cierto, no existen en prácticamente ninguno de los países de nuestro entorno, son una de las causas fundamentales del fracaso de la Ley Concursal, donde más del 95% de las empresas que concursan acaban en liquidación

No es admisible que en muchos concursos de acreedores los administradores concursales trabajen gratis"

Debería aprovecharse la reforma consecuencia de la transposición de la Directiva para reducir esos privilegios. No podemos olvidar que el crédito público goza, como mínimo, de un privilegio del 50% de su deuda que perciben antes que el resto de los acreedores ordinarios. También debería regularse que las administraciones publicas pudieran con mayor frecuencia votar a favor de los convenios presentados en los casos de aquellas empresa que acrediten su viabilidad.

P. Sobre la regulación de la figura del administrador concursal, ¿cree que es completa, que podría mejorarse?

R. La regulación de la figura del administrador concursal es la asignatura pendiente que tiene el legislador. El Texto Refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado día 1 de septiembre, dejó 'aparcada' esa regulación, de manera que todo lo relativo a la designación y a la retribución se rige por la normativa que había en enero de 2012.

Entiendo que es fundamental que, de una vez por todas, se regule esa figura tan importante para el devenir de los concursos como es la administración concursal. Es absolutamente imprescindible que se regule el acceso a la profesión, de manera que los Administradores concursales puedan ser profesionales bien preparados, con conocimientos, experiencia y equipos suficientes para dirigir de manera eficaz y eficiente los concursos y colaborar activamente con el juez en su desarrollo

Y también es necesario regular su retribución. No es admisible en un Estado de derecho que un profesional tenga que trabajar gratis como sucede en un número muy importante de concursos. Es fundamental que la administración concursal tenga una retribución digna y adecuada a su responsabilidad