Publicado: 27/09/2021 04:45
Abengoa y Duro Felguera esperan que en los próximos días la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) apruebe una inyección millonaria de dinero público en su capital que desatasque la profunda crisis económica, judicial y de dirección en la que se encuentran desde hace varios años.
Abenewco1, la filial de Abengoa a la que la multinacional energética ha ido traspasando sus mayores activos, solicitó el pasado 17 de marzo ayuda al fondo de rescate de la SEPI por importe de 249 millones de euros (un millón de euros menos de la cantidad a partir de la cual la Comisión Europea investigaría la ayuda).
La compañía con sede en Sevilla de momento solo ha recibido una oferta de un fondo estadounidense, Terramar, para refinanciar la deuda, en todo caso condicionada a lograr los 249 millones de euros solicitados a la SEPI.
Abengoa y Duro Felguera pueden aludir al hecho de ser empresas de especial relevancia en sus respectivas regiones para acceder al fondo de la Sepi
Duro Felguera ha logrado este año la aprobación por parte de la Sepi de una ayuda pública de 120 millones de euros. De esa cantidad, el grupo asturiano ha percibido un préstamo participativo por importe de 20 millones y otros 20 millones en deuda ordinaria.
La multinacional industrial española debía cumplir ciertas condiciones para recibir el resto de la ayuda pública el pasado 30 de junio, plazo ampliado hasta este próximo día 30 de septiembre. En principio, Duro Felguera debía conseguir que un socio industrial se sumara a su capital, pero hasta ahora no lo ha logrado.
El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la Sepi, contempla varias salvedades a la recepción de la ayuda pública por parte de las empresas solicitantes. Abengoa y Duro Felguera difícilmente aprueban los condicionantes contables y fiscales requeridos.
Abengoa se encuentra en concurso de acreedores; Deloitte duda de la viabilidad de Duro Felguera
El beneficiario del Fondo que gestionará la Sepi, no podrá ser "una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, en los términos establecidos por el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio".
Las compañías que requieren la ayuda pública del fondo de la Sepi deben "hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes".
No obstante, Abengoa y Durao Felguera, y la Sepi, pueden salvar esas exigencias aludiendo a otro de los factores que la regulación del fondo público recoge para sostener un rescate empresarial, el de ser "empresas estratégicas" o de especial relevancia para una región (Abengoa en Andalucía y Duro Felguera en Asturias).
Crisis económica
Abengoa ha sido declarada en concurso de acreedores este año, después de haber traspasado sus mejores activos a la sociedad Abenewco1, y negocia desde hace meses la refinanciación de la deuda de su filial para mantener la actividad.
El patrimonio neto consolidado de Abengoa en 2019 fue negativo por importe de 4.760 millones
El pasado mes de febrero presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la formulación de sus cuentas del ejercicio 2019, con evidente retraso. El patrimonio neto del grupo consolidado fue negativo por importe de 4.760 millones de euros y registró pérdidas de 549 millones.
La compañía lleva meses aplazando de forma sucesiva la fecha límite acordada por las entidades acreedores para cumplir con el pago de deudas millonarias. El último plazo recientemente extendido vence el próximo 8 de octubre.
Duro Felguera registró pérdidas por 171 millones de euros en 2020 y sus ventas cayeron un 63% respecto al año anterior, hasta los 143,9 millones. La compañía lleva cerca de dos años tratando de refinanciar una deuda de unos 80 millones de euros con la banca acreedora, sin lograrlo.
Abengoa acude esta semana a Estocolmo a un arbitraje en el que reclama 1.188 millones de euros a España
El auditor del grupo asturiano, Deloitte, advierte en su informe sobre las últimas de la compañía de la existencia de una incertidumbre (su capacidad de refinanciación) que genera dudas sobre las posibilidades de mantener la actividad.
A pesar de la situación económica límite que atraviesan las dos compañías, ambas pueden beneficiarse de factores externos que eviten la quiebra.
Este próximo día 30 de septiembre está previsto que la Cámara de Comercio de Estocolmo (Suecia) dicte un laudo sobre la reclamación de Abengoa contra el Estado español por el cambio de la política energética establecida por el PP en el año 2012, que lesionó las inversiones en renovables. Abengoa reclama 1.188 millones de euros.
La Audiencia Nacional ha suspendido la obligación de Duro Felguera de ingresar 123 millones en Hacienda
La pasada semana Duro Felguera comunicó auto de la Audiencia Nacional acordando la suspensión de la obligación de ingresar 123,38 millones de euros requeridos tras una inspección del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2010 a 2012.
Crisis judicial
Tanto Abengoa como Duro Felguera encaran frentes judiciales peliagudos que han supuesto registros policiales, investigaciones en la Audiencia Nacional y reclamaciones internacionales multimillonarias.
La Guardia Civil registró el pasado mes de abril la sede de Abengoa en Sevilla
Abengoa se juega 2.126 millones de euros en litigios, demandas o arbitrajes que arrastra desde hace años en España, y también en otros países como Estados Unidos, México, Brasil, Puerto Rico, Kenia, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Polonia u Holanda.
En España, la sede de la empresa en Sevilla fue intervenida por la Guardia Civil el pasado mes de abril. El registro está ligado a la querella presentada contra el expresidente y el exconsejero delegado del grupo, Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, por presunta falsedad contable.
El Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional decidió prorrogar en verano otros seis meses las investigaciones sobre las presuntas 'mordidas' pagadas por Duro Felguera en Venezuela para lograr contratos.
La Audiencia Nacional investiga el pago de presuntas comisiones ilegales de Duro Felguera en Venezuela
La Fiscalía Anticorrupción acusó en septiembre de 2017 a la empresa de pagar sobornos en el país sudamericano, tras una investigación abierta a mediados de 2015. Duro Felguera logró en el año 2009 adjudicarse en Venezuela el mayor contrato de su historia, la construcción de Termocentro, una central de ciclo combinado, valorado en 1.500 millones de euros.
La compañía con sede en Gijón también mantiene abiertos varios litigios y laudos por obras en distintos países. En octubre de 2020 firmó un principio de acuerdo con un fondo especializado en la financiación de litigios para ceder sus derechos de cobro en determinados conflictos judiciales por 40 millones de euros.
Crisis de dirección
La crisis de mando de Abengoa tiene su origen en septiembre de 2015, cuando el anterior presidente, Felipe Benjumea, fue desalojado de su cargo por presión de la banca acreedora, especialmente Santander. A partir de ahí, distintos ejecutivos del grupo trataron de enderezar el rumbo, hasta que Gonzalo de Urquijo fue colocado al frente.
El expresidente de Amper, Clemente Fernández, opta a presidir Abengoa con el apoyo de los accionistas minoritarios
De Urquijo logró mantener la actividad de Abengoa y diseñó la estructura de Abenewco1 para salvar aparentemente de un previsible concurso de acreedores los mejores activos.
La rebelión de pequeños accionistas en torno a la figura de Clemente Fernández (expresidente de Amper), ha modificado la estructura accionarial de la empresa, colocándose estos como principales accionistas.
La empresa celebra Junta General de Accionistas también este próximo día 30 de septiembre, en la que Fernández podría ser designado nuevo presidente del grupo. Sin embargo, las incógnitas sobre el proceso concursal del grupo y la oposición de entidades acreedoras al cambio no aportan visibilidad sobre el futuro de la dirección.
Los exministros Jordi Sevilla y Valeriano Gómez mantienen sus asientos en el consejo de Duro Felguera
En 2018 Duro Felguera fichó a José María Orihuela, exejecutivo de Sacyr, como consejero delegado, con el objetivo de cerrar la refinanciación del grupo.
El pasado año Orihuela causó un terremoto en la dirección de la compañía al acusar a varios directivos de filtrar informaciones de la empresa, requisando móviles y portátiles, como informó Vozpopuli. La mayoría de los directivos acusados ha ganado en los tribunales las reclamaciones exigidas, ocasionando pérdida de credibilidad y gastos de cientos de miles de euros.
Orihuela ha sido sustituido este año por el exdirectivo de Ence Jaime Argüelles. Sin embargo, el consejo de administración del grupo no ha sido modificado, manteniendo sus asientos los exministros Jordi Sevilla y Valeriano Gómez.
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