El domingo 19 de febrero de 2017, CCOO y UGT lideraron una manifestación en Madrid bajo el siguiente lema: "Stop al encarecimiento de la vida. Empleo y salarios dignos". Los dos grandes sindicatos alzaban la voz contra el Gobierno de Mariano Rajoy, incapaz de frenar los precios. La inflación general ascendió ese mes al 3%; y la subyacente, al 1%. El destino le tenía reservado al político gallego una moción de censura mortal; y a la economía, una escalada mucho mayor de los precios… contra la que los líderes sindicales no se han movilizado. Ni siquiera el 1 de Mayo.
Han cambiado los tiempos y la vara de medir de los sindicatos, absolutamente dóciles durante la legislatura del Gobierno de coalición. Y eso que la realidad económica no se lo ha puesto precisamente fácil a los trabajadores. Al contrario, si los sindicatos encontraron razones para manifestarse por la inflación en 2017, tendrían que haber tomado las calles en julio del año pasado, cuando el IPC alcanzó un techo del 10,8%, el más alto en 38 años.
Todavía sobran motivos para desempolvar los megáfonos y las pancartas. La inflación subyacente, que refleja con mayor fidelidad el valor de la cesta de la compra, marcó otro récord hace sólo un mes (7,2% en febrero). Y las previsiones son poco halagüeñas. El Banco de España calcula para el conjunto de 2023 un IPC general del 3,7% y una inflación subyacente del 3,9%.
Los precios no acompañan a los hogares y tampoco los salarios. Los convenios pactados en 2022 (3.084) lograron una subida media del 3,24%. En lo que va de año, el ritmo no ha mejorado: en marzo el incremento ascendió al 3,06%.
Será exactamente en ese punto donde UGT y CCOO pondrán el foco este 1 de Mayo. "Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios", titula el primero de los dos sindicatos la nota de prensa que detalla los actos del festivo. Es la manera de centrar la atención en la falta de responsabilidad de los empresarios, sin evaluar el papel que jugado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los sindicatos y la coalición han convivido durante toda la legislatura en una simbiosis perfecta. Ejemplos sobran y algunos son muy recientes. Hace apenas un mes, el Gobierno hizo suya una propuesta de CCOO: crear un Observatorio de los beneficios de las empresas.
Este planteamiento lleva implícita en sí misma la idea de que los empresarios ganan más de lo que deben. Una sospecha que el mismísimo Sánchez se ha encargado de airear en público, poniendo incluso nombres y apellidos: las eléctricas como Iberdrola, Endesa o Natury; las petroleras como Repsol o Cepsa; los supermercados como Mercadona o Carrefour. Y, por supuesto, los bancos, con Santander y BBVA a la cabeza.
La coalición que sustentan PSOE y Podemos disparó las subvenciones a las centrales sindicales nada más instalarse en el poder. Lo hemos contado en Vozpópuli: 56 millones en lo que va de legislatura, un 50% más (21,4 millones)de lo que repartió Rajoy.
Esta financiación generosa, junto al alineamiento ideológico (hasta la ministra de Trabajo se considera abiertamente "sindicalista"), han propiciado la docilidad sindical en tiempos de precios altos y salarios bajos. El anterior Gobierno del PP sufrió en sus carnes dos huelgas generales: el 19 de febrero de 2012 contra la reforma laboral y el 14 de noviembre del mismo año contra los ajustes derivados del rescate europeo de la banca.
Es cierto que era otra época (España estaba inmersa en una doble recesión, con 5,3 millones de parados). Ahora bien, la presente legislatura no ha sido tan afable en lo económico como para justificar la ausencia de movilizaciones contra el Ejecutivo. Sí ha habido manifestaciones, pero contra la patronal. “Salario o conflicto” era con el que Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) movilizaron a miles de delegados sindicales el pasado 3 de noviembre en Madrid. Unos meses atrás, el 1 de mayo, ambos convirtieron la fiesta del trabajo en una plataforma para el lucimiento de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
A favor de los sindicatos ha jugado la sorprendente fortaleza del mercado laboral, que ha mantenido el tipo durante una pandemia y una guerra en Europa. Una subida fuerte del desempleo habría desbordado el descontento social, dejando a los líderes sindicales sin argumentos para inundar las calles.
Igual de llamativo es que los sindicatos no hayan peleado con más ímpetu contra la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Esa prudencia, paradójicamente, ha favorecido al conjunto de la economía: la menor presión sindical en las negociaciones salariales ha evitado los temidos efectos de segunda ronda sobre los precios (una subida excesiva de los sueldos puede alimentar la inflación en vez de enfriarla).
La gran incógnita ahora es cómo actuarán los sindicatos si cambia el inquilino del Palacio de La Moncloa. Sobre la mesa está hoy la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un asunto espinoso, ya que marcará la senda de los salarios a medio plazo. El PP de Alberto Núñez Feijóo, además, ya ha prometido que derogará, si llega al poder, la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, aplaudida y refrendada por CCOO y UGT.
El líder popular tiene demasiadas papeletas para sufrir la ira sindical el 1 de Mayo de 2024, si llega a presidente. Y eso que aún no ha anticipado qué haría con las millonarias subvenciones.
