El sistema eléctrico afronta su año menos renovable desde 2012 pese al desplome del carbón

El avance de las energías renovables en España no se ve, por el momento, reflejado a la hora de cubrir la demanda de electricidad. De hecho, 2019 se encamina a ser el año en el que estas tecnologías tienen un menor peso en el mix eléctrico desde 2012, poco más de un 36% en el acumulado del ejercicio. El hueco dejado por el carbón, cuya drástica reducción prevista sí se está reflejando en la distribución de la demanda, no está siendo ocupado por la energía verde, como estaba planeado, sino por la actividad de los ciclos combinados, una tecnología además emisora de gases contaminantes.

Hace siete años, las renovables cubrían poco más del 30% de la demanda eléctrica, a cuya cabeza estaban tanto la energía nuclear como el carbón. Esta última tenía un peso cercano al 20% en el mix. En lo que llevamos del presente año, esta cifra se ha reducido a la cuarta parte, mientras que la nuclear se mantiene en el entorno del 23% que presentaba entonces. Sin embargo, las renovables apenas han sumado entre cuatro y cinco puntos porcentuales, insuficientes para cubrir el hueco dejado por el carbón.

De esto se están encargando los ciclos combinados, que ya están generando más electricidad que la eólica en lo que va de 2019 y cuyo peso en la distribución de la demanda eléctrica se ha incrementado cerca de siete puntos porcentuales.

Un escenario diferente del que se dio en años más prolijos en lluvia y viento, como 2016, en el que, a estas alturas del calendario, las renovables eran capaces de atender a más del 45% de la demanda, una proporción que se acercaba mucho al 50% en algunos días concretos. Y eso que, por entonces, el peso del carbón aún se situaba en torno a un 13%.

El parón eólico

Resulta llamativo el parón en el avance de la eólica, llamada a liderar el impulso de las renovables e incluso sobrepasar a la nuclear como primera tecnología para cubrir la demanda eléctrica. Y más después de que fuera la gran protagonista de las últimas subastas promovidas por el Gobierno en los años 2016 y 2017. Sin embargo, los múltiples retrasos a la hora de llevar a cabo los trámites para poner en servicio los más de 5.000 megawatios que se adjudicaron a la eólica en estos procesos han provocado que en el último trienio la potencia instalada apenas haya avanzado en este ámbito.

Por el contrario, la fotovoltaica ha irrumpido con mucha fuerza aunque su aportación al mix todavía no es especialmente significativo. El escenario se completa con un entorno de caída de precios en los mercados de gas natural, que ha hecho que la generación eléctrica a partir de ciclos combinados se haya más que duplicado en lo que va de año en relación con el ejercicio anterior.

Este panorama aflora precisamente el año en que el actual Gobierno ha desplegado su estrategia de transición energética, con del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PIEC), pendiente de la respuesta de la Comisión Europea, que ha destacado entre los presentados por el resto de países miembros por su ambición.

La parálisis política, en contra

Uno de los grandes enemigos para su desarrollo es la parálisis política en la que está inmersa España debido a la falta de acuerdo para constituir Gobierno, que derivará en una nueva convocatoria electoral. Hay que tener en cuenta que está pendiente de tramitación la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, cuyo proceso quedó detenido con la disolución de las Cortes previa a las elecciones generales celebradas a finales del pasado mes de abril.

La pasada semana, la Fundación Renovables alertaba sobre el riesgo que supone esta circunstancia para la transición energética y la consecución de sus objetivos, toda vez que las metas recogidas en el PIEC exigen la puesta en marcha inmediata de actuaciones e inversiones. Tras conocerse que no habrá una nueva tentativa de investidura, lo que aboca al país a una repetición electoral, la entidad emitió un comunicado en el que recordaba que para llevar a cabo la transición energética prevista era imprescindible la existencia de un Gobierno estable.

Además, la Fundación incidió precisamente en el hecho de que la falta de acuerdo político para constituir ese Gobierno impide que España tenga una Ley de Cambio Climático, algo que calificó como inaceptable.