Inassa

Una sanción por soborno complica la venta del negocio del Canal de Isabel II en Latinoamérica

La Superintendencia de Sociedades de Colombia ha impuesto a Inassa, filial de Canal de Isabel II, la primera sanción a una empresa en el país por soborno trasnacional, en relación con la adjudicación de contratos en Ecuador. Una dura piedra en el camino de la compañía española en su proceso de venta de su negocio en Latinoamérica

Sede del Canal de Isabel II en Madrid
Sede del Canal de Isabel II en Madrid Efe

El Canal de Isabel II ha hecho historia en Colombia, aunque por motivos que no invitan a sentirse orgullosos. Su filial Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa) se ha convertido en la primera compañía sancionada en el país latinoamericano por un caso de soborno trasnacional, en relación con la adjudicación de contratos en Ecuador en el año 2016. La circunstancia se produce en pleno proceso de venta de los negocios de la entidad española en Latinoamérica (de los que Inassa es una de las piezas más importantes) que, de esta forma, se podría complicar.

La sanción a Inassa ha sido impuesta por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que inició un proceso de investigación por su cuenta a raíz del estallido del 'caso Lezo' en España, que apuntaba directamente a presuntas irregularidades relacionadas con las filiales del Canal de Isabel II en Latinoamérica. El trabajo de la institución colombiana, respaldado por las funciones atribuidas por una Ley aprobada en 2016, arrojó como resultado el primer caso de sanción por soborno trasnacional. La multa impuesta a Inassa, que aún puede ser recurrida, asciende a 5.078 millones de pesos colombianos, algo más de 1,5 millones de euros.

El hecho sin precedentes provocó incluso la comparecencia ante los medios del superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, que comenzó su intervención asegurando que iba a transmitir "un anuncio muy importante para el país".

Reyes explicó que la Superintendencia creó un grupo de trabajo destinado a la investigación e incluso confeccionó un "laboratorio forense con modernas tecnologías", cuyo trabajo derivó en que la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la institución determinara la culpabilidad de Inassa en una conducta de soborno por "haber ofrecido o efectuado pagos a funcionarios públicos ecuatorianos en 2016".

Confesión de la infracción

Con todo, uno de los aspectos más delicados de este proceso reside en el hecho de que la Superintendencia habría contado con la confesión de estos sobornos por parte de empleados de Inassa. Reyes aseguró que la sanción impuesta a la compañía había sido moderada gracias a elementos contemplados en la Ley, en el caso de que exista colaboración, reconocimiento o aceptación expresa de la infracción. "Estas circunstancias se dieron en el presente caso", aseguró el superintendente.

Inassa comenzó a trabajar en Ecuador en 2012 y desde entonces logró varios contratos en el ámbito de la consultoría técnica valorados en 15 millones de dólares, aproximadamente. La investigación y posterior sanción de la Superintendencia colombiana sitúa los acontecimientos en el año 2016, cuando el Gobierno de Ecuador estaba liderado por Rafael Correa, cuya gestión también está siendo objeto de investigación en el país.  

Tras el estallido del 'caso Lazo', que tuvo como consecuencia, entre otras, el ingreso en prisión del ex presidente de la Comunidad de Madrid y del Canal de Isabel II Ignacio González, la compañía decidió poner a la venta toda su estructura latinoamericana, compuesta por más de una veintena de sociedades (muchas de ellas salpicadas por el caso) y centrarse en el negocio de España.

Asesor para la venta

A tal fin, el Canal licitó un contrato de asesoramiento para esta operación que fue recientemente adjudicado a Santander por unos 900.000 euros, impuestos incluidos. Sin duda, la sanción de Inassa y el hecho de que haya habido una confesión por parte de trabajadores de la compañía complicará un proceso de por sí complejo debido al entorno en el que se está llevando a cabo.

Además, éste no es el único frente que tiene abierto el Canal de Isabel II con Inassa. Según publicó este lunes el diario El Mundo, el Tribunal Administrativo de la región de Cundinamarca hay admitido a trámite una acción popular puesta en marcha por la Procuraduría General de la Nación (organismo equivalente a la Fiscalía General del Estado española) contra la compañía para reclamarle el dinero abonado en su día por servicios de asesoría que la empresa, presuntamente, nunca habría prestado. La cantidad asciende a unos 70 millones de euros, de acuerdo con la información del rotativo.

Actualmente, el Canal también está inmerso en la búsqueda de auditora para las cuentas de la matriz y las sociedades del grupo para este año y los dos siguientes. Tras haber recibido dos ofertas que tuvo que descartar, la compañía ha procedido a una nueva licitación.



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