Publicado: 27/02/2019 05:15
James Seppala, el hombre que pilotó la mayor operación inmobiliaria del año 2017 en el mundo -la compra de los activos inmobiliarios de Banco Popular, valorada en 10.000 millones de euros, por parte de Blackstone y Santander- lanzó el martes un aviso a navegantes: Mientras haya seguridad jurídica en España, seguiremos invirtiendo en el país.
Seppala, al frente del negocio inmobiliario en Europa de Blackstone, participó ayer en un encuentro con representantes de firmas de inversión organizado en Madrid por Bloomberg. El directivo de la sociedad estadounidense -que ha invertido en los últimos cinco años 26.000 millones de euros en España- optó por lanzar un mensaje en positivo, que en realidad camufla una seria advertencia: Si no hay seguridad jurídica, nos vamos.
"Es un tema serio", comenta el representante en España de un gran fondo de inversión extranjero. "Si el Gobierno vuelve a plantear un Real Decreto sobre alquiler y vivienda, justo antes de las elecciones, que lesione los intereses de los fondos, estos se replantearán sus planes de inversión en el país", considera.
"Sólo el 3% de la vivienda en alquiler en España está en manos de fondos de inversión"
El martes representantes de distintas formaciones políticas confirmaron la existencia de contactos entre el Gobierno y Unidos Podemos, entre otros partidos, para sacar adelante un nuevo Real Decreto sobre alquiler, del que ya incluso existiría un borrador.
El Real Decreto de los 35 días
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre un Real Decreto que modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, entre otras leyes, y aumentaba el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la casa arrendada. El plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda pasaba de tres a cinco años, y hasta siete años si el arrendador fuera persona jurídica.
Ese decreto tan solo estuvo vigente 35 días, hasta que la norma fue tumbada en el Congreso. El Gobierno no logró el apoyo del partido liderado por Pablo Iglesias, que exige además que los Ayuntamientos puedan limitar los precios máximos de alquiler en determinadas zonas.
"Hay cuatro millones de españoles que alquilan casas como sistema de ahorro o de complemento a sus rentas"
"Para los fondos resulta discriminatorio que por ser sociedades, se les obligue a firmar contratos por más años, no tiene ningún sentido", lamenta otro representante de un fondo extranjero. "Se está señalando a los fondos como si fueran los responsables de los incrementos de los precios del alquiler en España, pero sólo el 3% de la vivienda en alquiler está en manos de estos inversores", afirma. "Hay cuatro millones de españoles que alquilan casas como sistema de ahorro o complemento de sus rentas, es a ellos a quienes más afecta el cambio normativo", añade.
Más allá de que un nuevo decreto pueda empeorar las condiciones de alquiler para los fondos, estos advierten sobre los bandazos normativos del Gobierno. Las fuentes consultadas subrayan que tanto cambio legislativo aporta "inseguridad jurídica", lo que espanta a los inversores. "No es concebible que después de aprobar un Real Decreto, que solo durara 35 días, ahora se plantee otro nuevo que pueda ser tumbado por la Diputación Permanente o por el próximo Gobierno", subrayan.
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