Energía

Carmena retrasa el macroconcurso de luz para Madrid por unos pliegos con trabas para las grandes

Las confusas condiciones para participar en el proceso han generado una avalancha de consultas al Ayuntamiento, que se ha visto obligado a ampliar al menos un mes el plazo de presentación de ofertas. Se trata del segundo intento de licitar el contrato tras ser anulado el primero por el carácter discriminatorio de sus pliegos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena EFE

El contrato para el suministro eléctrico de las dependencias y los puntos dependientes del Ayuntamiento de Madrid lleva camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. El Consistorio se ha visto obligado a retrasar el proceso, que además es el segundo intento para adjudicar el contrato, debido a las múltiples consultas que han llegado de parte de los potenciales licitadores para aclarar dudas sobre unos pliegos de condiciones que, una vez más, parecen poner trabas a las empresas energéticas más grandes.

Por el momento, la corporación municipal presidida por Manuela Carmena ha decidido ampliar el plazo para la presentación de las ofertas para un contrato valorado en algo más de 82 millones de euros y que incluye el suministro a las diferentes dependencias del Ayuntamiento, así como el alumbrado público y también los semáforos.

En principio, los interesados tenían hasta mediados de la semana próxima para hacer llegar sus ofertas. Sin embargo, fuentes del sector apuntan que la mayoría de ellos están a la espera de que el Consistorio resuelva sus dudas sobre los pliegos de condiciones, lo que no deja margen para que presenten sus propuestas.

De esta forma, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo de presentación de las ofertas hasta los primeros días del mes de mayo. Una circunstancia que pasaría desapercibida si no fuera porque llueve sobre mojado en relación con este contrato. La primera licitación tuvo lugar a mediados del pasado año pero no llegó a adjudicarse debido a que prosperó un recurso interpuesto por Gas Natural Fenosa ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACP) de la Comunidad de Madrid.

La compañía reclamó porque el proceso contempla que el 100% de la energía proporcionada por la empresa que sea elegida como suministradora debe tener origen renovable pero, además, contaba como uno de los criterios de calidad con el etiquetado de la electricidad en cuanto a emisiones de CO2 durante 2016, considerado, además de recurrente, como discriminatorio para las empresas concurrentes.

Aluvión de consultas

El Consistorio se vio obligado a hacer un nuevo pliego, en el que el etiquetado dejaba de ser un criterio de adjudicación, es decir, uno de los factores con el que las propuestas suman puntos con vistas a llevarse el contrato, pero pasaba a formar parte de los criterios técnicos. En este sentido, muchos licitadores se han visto obligados a consultar al Ayuntamiento con qué tipo de documento deben acreditar el origen 100% renovable de la energía que suministren.

Descartado el etiquetado citado anteriormente, las empresas podrían aportar el certificado de energía en origen, que expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, esta alternativa plantea un problema temporal para aquellas compañías que no trabajan únicamente con energía renovable: el organismo regulador proporciona el certificado una vez que ha finalizado el año al que se refiere, lo que dejaría fuera del proceso licitador a aquellos grupos energéticos que operaran con fuentes tradicionales, además de las renovables.

Fuentes del sector señalan que las consultas no solo han llegado por parte de las grandes del mercado sino también de suministradores más pequeños que valoran la posibilidad de presentar su oferta ante la posibilidad de que sus opciones de ganar alguno de los cuatro lotes que hay en juego se incrementen si las grandes quedan fuera.

La respuesta del Ayuntamiento podría incluso desembocar en un nuevo recurso contra el proceso licitador, que ya marcha contrarreloj, toda vez que el contrato vigente finalizó el pasado enero y, desde entonces, el Consistorio se ha visto obligado a prolongarlo de forma excepcional, ya que también habían vencido las prórrogas previstas.



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