Economía

El juicio del 'caso Bankia' se alarga una semana más hasta el próximo miércoles 25

Los extensos alegatos de las acusaciones y la defensa de Rodrigo Rato ha obligado a la sala a pedir tres días más de sesión

Ángela Murillo, en el centro, designada presidenta del tribunal del caso Bankia por la Audiencia Nacional.
Ángela Murillo, en el centro, designada presidenta del tribunal del caso Bankia por la Audiencia Nacional. Efe.

El juicio del 'caso Bankia' se vuelve a alargar una semana más y se prevé que quede visto para sentencia el próximo miércoles 25 de septiembre. El motivo de esta ampliación guarda relación con la extensión de los alegatos de las acusaciones, sobre todo el de la fiscal, que duró más de 22 horas (cuatro sesiones)

Se esperaba que esta fase terminara el próximo miércoles 18, pero este lunes comenzó el abogado de Rodrigo Rato, Ignacio Ayala y aún queda por hablar los letrados de los 34 acusados. 

Cuando se comenzó la fase oral, se preveía que terminara a finales de julio, pero la baja por enfermedad de la fiscal Carmen Launa provocó un retraso de casi un mes en la causa.

Además, las largas intervenciones, como la de Francisco Celma, el auditor de Deloitte, que duró 19 horas, ha provocado que los plazos se hayan extendido más de lo previsto. 

A esto hay que sumar las pocas semanas que se han aprovechado las sesiones de tarde por la dificultad de muchos letrados de desplazarse hasta Madrid. 

La exposición de la fiscal

La fiscal del 'caso Bankia' finalizó su alegato de una forma muy dura y tajante el pasado martes. "Los hechos que hemos analizado en esta sala volatilizaron los ahorros de muchos españoles. Aquí no hemos valorado errores de gestión empresarial, no es nuestro cometido. Lo que aquí se ha juzgado es una de las mayores estafas que hemos conocido, tanto por cuantía como por el número de perjudicados".

La fiscal Carmen Launa salió en defensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España (BdE) al considerar que a ninguna de las dos entidades se le puede enmarcar en el delito de estafa a inversores o falsedad contable, ya que sólo se le puede imputar al consejo de administración de la propia entidad. 

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