Economía

Sablazo de 7.000 millones de Moncloa a las energéticas para evitar que suba la luz

El Ministerio de Transición Ecológica pone en marcha un anteproyecto de ley para que la ayudas a las renovables se subvencionen a través de los combustibles fósiles

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EP

El Gobierno traslada la subida del precio de la luz a las energéticas. Compañías como Iberdrola, Naturgy o Repsol, junto a otras 500 empresas, asumirán una facturan anual de 7.000 millones de euros para evitar que se dispare la factura mensual de los hogares. El coste de financiación de las energías renovables dejará de formar parte del recibo de la luz de los consumidores, tanto hogares como empresas. En concreto, este coste supone aproximadamente el 16% del recibo eléctrico doméstico.

"Para avanzar en la transición energética es necesario enviar señales de precios adecuadas a inversores y consumidores a través de un nuevo sistema de financiación de los costes regulados acorde a la evolución del mercado y a los objetivos de la transición energética, que incentive el paso a tecnologías limpias", explican desde el Ministerio de Transición Ecológica. 

Los 7.000 millones de euros que pretende financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos, eminentemente fijos, que dejarán de formar parte del recibo de la luz. El Consejo de Ministros celebrado este martes ha acordado iniciar la tramitación de este anteproyecto de Ley (APL) que prentende "la consecución de los objetivos de la transición energética y la recuperación verde".

"La aparición de desequilibrios económicos en el sistema eléctrico genera incertidumbre y menor confianza de cara a la inversión en nuevos proyectos de energías renovables o eficiencia energética: inversiones que, siendo importantes para la transición energética, lo son especialmente en un contexto de necesaria reactivación económica", apuntan desde el equipo de la ministra Teresa Ribera. 

Contribución gradual

Su idea es que la aprobación de la ley llegue en la primera mitad de 2021. El fondo se costeará con los pagos de los operadores energéticos. El fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.

Además, podrá complementarse con recursos provenientes de fondos comunitarios y otras partidas consignadas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La obligación de contribuir al nuevo fondo será gradual durante los próximos cinco años, de forma que el primer ejercicio se financie un 20% de los 7.000 millones destinados a desplegar renovables, un 40% el segundo año y así hasta llegar al 100% en 2026. 

El reparto según las ventas hará que el mayor esfuerzo recaiga sobre las petroleras (43%), seguidas por las eléctricas (31%) y las gasistas (25%). Además, el plan del equipo de Teresa Ribera es que esta partida se costee con las subastas de CO2 y la recaudación de impuestos. 

"Los sujetos obligados a la financiación del fondo serán los comercializadores de todos los sectores energéticos –al contrario que en el sistema actual, en el que la aportación recae directamente sobre los consumidores finales", aseguran desde el Ejecutivo. "Para garantizar la equidad y la redistribución, existirán exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema", añaden.

La creación del fondo que ahora inicia su tramitación se plantea a través de un anteproyecto de Ley porque es el instrumento que aporta, según explica el Gobierno, "más flexibilidad y margen" para la participación de todos los actores implicados. "El anteproyecto plantea un sistema que elimina distorsiones y que está abierto a discusión del resto de fuerzas parlamentarias, actores públicos y privados y la sociedad en general", concluye el Ministerio de Transición Energética.

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