Economía

Los gigantes comerciales apuran acuerdos de alquileres ante la avalancha de demandas

La plataforma que representa a las pymes demandantes percibe un cambio de actitud en los propietarios tras el inicio de las primeras acciones legales

El centro comercial La Vaguada (Madrid), con la cartelería lista a la espera de levantar la persiana
El centro comercial La Vaguada (Madrid), con la cartelería lista a la espera de levantar la persiana

"Percibimos un cambio de actitud en los grandes propietarios de centros comerciales", dicen desde la Plataforma de Afectados por la covid-19 en centros comerciales de España, voz de unas 350 pymes comerciales en toda España que se han unido para forzar reducciones de sus alquileres.

Desde el grupo, encabezado por el despacho Fieldfisher Jausas, dicen percibir un creciente cambio en la predisposición a llegar a acuerdos de parte de determinados propietarios hasta ahora reacios a negociar.

"Notamos que las actitudes tienden a flexibilizarse conforme se anuncian acciones y se presentan demandas, en la última semana hemos empezado a llegar a acuerdos con propietarios con posturas hasta ahora enconadas", dicen desde la PAC, que ha señalado a los gigantes inmobiliarios franceses, Unibail Rodamco Westfield, Carmila y Klepierre como los más inflexibles, si bien la posibilidad de litigios también alcanza, según ha podido saber este medio, a gigantes nacionales.

Escalada judicial

La semana pasada, tal y como informó Vozpópuli, se conoció un primer precedente alrededor de la cláusula rebus sic standibus o de fuerza mayor favorable a un inquilino en sus intención de forzar una rebaja del alquiler: tras una petición de reducción de renta de una empresa hotelera inquilina de la socimi Atom (de Bankinter), un juzgado de Valencia ha aceptado como medida cautelar el aplazamiento del 50% de las rentas pactadas entre las partes antes del coronavirus hasta que se fije sentencia sobre el caso.

Paralelamente, la PAC presentó la primera demanda de una pyme contra un gran propietario: la de un local en el centro comercial Plenilunio contra su propietario, Klépierre

La reivindicación general de la PAC es que los alquileres pasen a supeditarse a las ventas

Desde entonces, la ahora principal plataforma de las pymes del sector ha alcanzado en una semana cinco acuerdos con propietarios: un pacto de standstill (pacto de no agresión) y cuatro de bonificaciones de rentas en los que "no hay renuncia de acciones si siguen los efectos de la pandemia".

La reivindicación general de la PAC es que los alquileres pasen a supeditarse a las ventas ante la previsión de que estas caigan un 50% en 2020 y un 30% en 2021. Prevén impulsar un puñado de demandas esta semana. 

La postura general de los propietarios hasta ahora ha sido la de permitir ciertos aplazamientos en el pago de rentas (algo que exige el Gobierno para ciertos casos), pero no la reducción ya que Moncloa no ha planteado esta como obligatoria.

60% de acuerdos

Fuentes de mercado señalan en cualquier caso que el porcentaje de acuerdos ha crecido en los últimos días hasta un 60% de media entre los propietarios de centros comerciales y sus inquilinos, un sector que da empleo (directa e indirectamente) a cerca de un millón de personas en España.

Lar España, uno de los mayores propietarios del país, comunicó este lunes a accionistas haber alcanzado acuerdos "sobre más del 80% de la superficie bruta en alquiler de sus centros y parques comerciales". Fuentes cercanas a la compañía destacan que se trata de acuerdos individualizados, si bien, por norma general, se trata de aplazamientos.

"Sus diez principales arrendatarios representan el 34% de los ingresos por alquileres de la compañía. En los contratos firmados con minoristas, cerca del 60% se han acordado con plazos de vencimiento iguales o superiores a cinco años", informan desde la socimi.

La mayor de las socimis ha atado a más del 90% de sus inquilinos hasta 2022 con bonificaciones parciales hasta diciembre de 2020

La mayor de las socimis con centros comerciales a nivel nacional, Merlin Properties, ha aplicado una las políticas calificadas como más generosas por fuentes del mercado, consistente en bonificaciones totales los meses que no hubo actividad y progresivas desde junio (60%) hasta diciembre (10%).

Dicha política costará unos 55 millones de euros a Merlin a cambio de asegurarse la renovación de los actuales contratos hasta el 2022, que los inquilinos renuncien a iniciar acciones legales y paguen todos los gastos comunes. Más del 90% de los inquilinos comerciales de Merlin han aceptado esas condiciones.

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