El Estado avalará créditos de hasta un 25% de la facturación de las empresas

Las empresas y autónomos afectados por el coronavirus podrán pedir préstamos avalados por el Estado por un importe de hasta un 25% de su facturación del 2019, según ha podido saber Vozpópuli por fuentes financieras, que añaden que se trata de un volumen muy elevado y un gran riesgo para la economía del país, por la alta probabilidad de impago de estos. 

Aún no se ha puesto en marcha esta primera línea de garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 20.000 millones de euros, pero las empresas ya están haciendo cola en los bancos para obtener nueva liquidez para salvar sus negocios. Y no es de extrañar, porque las condiciones que se han puesto son muy buenas, sobre todo para los primeros que lleguen, porque hay que recordar que el Estado se ha reservado el derecho de cambiar las condiciones de los avales en las próximas ventanas de liquidez. 

No obstante, las fuentes bancarias consultadas reconocen cierto caos a la hora de conceder un préstamo. En la fecha en la que estamos las empresas aún no han auditado sus cuentas y ni siquiera han pagado el impuesto de sociedades, por lo que no se puede saber con exactitud la necesidad de cada compañía. A esto hay que sumar la incertidumbre que supone el no saber cuánto va a durar este parón de la actividad productiva, lo que hace incalculable los volúmenes de liquidez requeridas por cada empresa. 

Aun con todo ello, a la banca se le ha puesto todo a favor, así que prestará sin ningún tipo de problema a sus clientes, siempre y cuando se sigan manteniendo las ventajas que se han conseguido hasta ahora: avales públicos por 100.000 millones de euros, la mayor de las flexibilidades jamás vistas por el BCE, programas de liquidez a condiciones históricas, aplazamiento de los test de estrés y de las revisiones in situ de los inspectores del Banco de España. 

Cabe destacar que el Estado se ha encargado de poner otro límites a estas garantías, y a su vez, el BCE ha hecho lo mismo con la futura morosidad, vinculándola directamente a los préstamos que sean avalados públicamente. Por lo que sería injusto decir que las entidades ya lo tienen todo hecho. Aún tienen que prestar ese dinero y sigue habiendo mucha incertidumbre de cómo se hará, tal y como ya se ha mencionado.

Por lo pronto, sólo se han puesto encima de la mesa las condiciones para los primeros 20.000 millones de euros, que se tienen que materializar aún a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Queda mucho por andar en este sentido. Además, el Gobierno también se reserva el derecho de rechazar los créditos superiores a los 50 millones de euros, lo que deja fuera a muchas grandes empresas. Aunque es justo precisar que por norma general las empresas trabajan con más de un banco y la norma no prohíbe pedir más de un préstamo ICO, por lo que las pymes o empresas podrían abrir diferentes ventanas de liquidez con líneas paralelas. 

Cómo solicitarlos

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar la garantía para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de 2020. Para ello, deberán dirigirse a las entidades financieras con las que el ICO haya suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración.

Además, el solicitante deberá acreditar que no estuviera en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Los avales tendrán carácter retroactivo y podrán solicitarse para las operaciones formalizadas con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, que se produjo el pasado día 18 de marzo.

La garantía emitida tendrá una vigencia igual al plazo del préstamo concedido, con un plazo máximo de cinco años. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades financieras. Las entidades financieras se comprometen a mantener los costes de los nuevos préstamos y de las renovaciones que se beneficien de estos avales en línea con los costes aplicados antes del inicio de la crisis de la Covid-19.

También asumen el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.