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Las 'jefes' de la seguridad privada aumentan su deuda con Hacienda a más de 140 millones

La entrada de Ombuds con deudas próximas a los 20 millones de euros hace crecer el monto total que debe un sector muy moroso con el fisco

Vigilantes de seguridad privada en la puerta de la Estación de Sants
Vigilantes de seguridad privada en la puerta de la Estación de Sants Foro seguridad privada

El sector de la seguridad privada sigue siendo uno de los más morosos con Hacienda según los datos que ha publicado este jueves el Ministerio. Algunas de las grandes empresas que en los años anteriores han sido actores protagonistas del sector mantienen ahora deudas superiores a 140 millones de euros a 31 de diciembre de 2017, unas deudas que han aumentado en los últimos 12 meses. A 31 de diciembre de 2016 las deudas suponían aproximadamente unos 120 millones según cálculos realizados por Vozpópuli.

Los compromisos impagados con la Agencia Tributaria son parte del legado que han dejado en las cuentas públicas algunos conocidos 'capos' que han funcionado durante años en el sector, como Miguel Ángel Ramírez, de Seguridad Integral Canaria; Lorenzo González Díaz, de LPM Seguridad o Antonio Pérez Soria, de Halcón Seguridad, además de Segur Ibérica, compañía quebrada en 2016 que estaba controlada por los fondos Corpfin Capital (cuyo consejero delegado es Felipe de Oriol y Díaz de Bustamante (familiar de Mónica de Oriol, expropietaria de Seguriber) y MCH Private Equity.

Cada uno de estos casos son diferentes pero entre todos acumulan deudas millonarias. En multitud de ocasiones las deudas con Hacienda han venido acompañadas de problemas con la Seguridad Social. Por ejemplo, Segur Ibérica ha disparado su deuda en un año desde 12 millones hasta 21,7 millones. Con esta subida, provocada por la acumulación de deudas de filiales, la compañía quebrada durante el año pasado alcanza la cima dentro de las empresas del sector que más deben al fisco. Desde 2010 sufrió una importante descapitalización hasta acabar teniendo fondos negativos. La caja obtenida en los años de bonanza salió de la empresa, una liquidez que ahora le vendría bien para afrontar sus obligaciones fiscales.

La entrada de Ombuds y de su adquirida Casesa con 16,2 y 2,2 millones de euros de deuda cada una hace que aumente la deuda total del sector

En similar situación se encuentra LPM Seguridad, compañía que ha aumentado ligeramente su deuda, posiblemente por los intereses, de 20,02 millones a 20,308. Entró en concurso de acreedores en 2015 con una deuda que entonces se reportaba tan sólo de 12 millones de euros. Esta empresa era propiedad de Lorenzo González Díaz, un polémico empresario que fue relacionado con un caso de extorsiones para amañar la situación judicial de Cristina de Borbón y que también se asegura que pagó la famosa cacería por la que tuvo que dimitir el ministro de Justicia socialista Mariano Fernández Bermejo. En este caso la situación de insolvencia de la compañía no hace fácil que se pueda recuperar el dinero.

En tercer lugar encontramos a Ombuds Compañía de Seguridad SA, empresa dirigida por el empresario Rodrigo Cortina y controlada por el fondo de inversión JZI, que sale en la lista de Hacienda con una deuda de 16,21 millones de euros a los que se podría sumar la deuda de Castellana de Seguridad, SA, una compañía adquirida en 2015, que acumula una deuda de 2,2 millones de euros. Su entrada en la lista de morosos es la más importante este 2017 y se da la circunstancia de que es la primera de las empresas de seguridad deudoras que sigue a flote y mantiene su actividad ordinaria.

Ombuds ha contactado con este diario para aclarar que las deudas a 31 de diciembre "están íntegramente pagadas"

Fuentes de Ombuds han contactado con este diario para asegurar que "la deuda a la que se refiere el listado publicado por Hacienda corresponde a deudas entonces suspendidas y/o con solicitud de aplazamiento. En cualquier caso están todas íntegramente pagadas desde hace meses".

Otros nombres conocidos

A mucha distancia en cuanto a cuantía de la deuda se encuentran Halcón Empresa de Seguridad y Vigilancia, empresa que suspendió pagos en 2014 y que también ha aumentado ligeramente su deuda. Al igual que Falcón, que la ha subido de 6 a 7 millones de euros.

Buscando más allá en la lista podemos encontrar otros nombres conocidos del sector de la seguridad privada, clásicos en sus problemas con Hacienda y la Seguridad Social como es Miguel Ángel Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Pese a que Ramírez aseguraba el año pasado a este periódico, tras salir en la anterior lista, que ya había pagado su deuda con Hacienda, este año vuelve a salir en la lista lo que indicaría lo contrario. El empresario fue detenido el pasado mes de abril por acusación de impago a la Seguridad Social. Debe poco más de 3 millones a Hacienda según la lista a 31 de diciembre.

Otros nombres no tan conocidos pero también polémicos y que protagonizan la lista de Hacienda son el de Juan José Prados del Pino, que desapareció junto con su mujer en octubre de 2012 dejando una deuda de casi 10 millones de euros con Esabe. De él se aseguraba que decía en ocasiones al presentarse, "tienes a Dios aquí delante".

Pequeñas compañías

En la lista preparada por el departamento de Cristóbal Montoro (PP) y publicada definitivamente por el de María Jesús Montero (PSOE) se incluyen otro par de decenas de empresas que tienen deudas de menor cuantía con la Agencia Tributaria. La mayoría de ellas ya aparecían en la lista del año anterior, y la cantidad que deben en muy pocas ocasiones ha conseguido recuperarse o reducirse, por ser en su mayoría empresas en liquidación que carecen de activos embargables. La lista de la AEAT sólo incluye deudas superiores a 1 millón de euros.

Muchas empresas del sector de seguridad privada suelen padecer de problemas de liquidez causados en ocasiones por la poca diligencia en los pagos de sus clientes, en ocasiones administraciones públicas. Estos problemas de tesorería son transversales en casi todo el sector y casi estructurales, aunque se volvieron dramáticos durante los años de crisis de pago a proveedores del Estado, las autonomías y los ayuntamientos.



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