Energía

El bloqueo político complica una salida extrajudicial para el pago de la deuda del Castor

La banca acreedora ha acudido en primer término a la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado para recuperar los derechos de cobro. Las posibilidades de éxito son escasas, toda vez que el Gobierno rechaza la mayoría de las reclamaciones y que la vía legislativa

Imagen aérea de la ampliación de la plataforma de gas Castor.
Imagen aérea de la ampliación de la plataforma de gas Castor. EFE

Los tribunales terminarán dirimiendo qué sucede con los derechos de cobro de la banca acreedora de la deuda del polémico almacén de gas Castor, que quedaron en suspenso por la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nula la indemnización percibida por Escal tras la reversión de la concesión. El camino elegido en primera instancia por las entidades, esto es, reclamar ante el Gobierno la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, cuenta con pocas posibilidades de salir adelante, atendiendo anteriores precedentes. Además, aun en el caso de que el Ejecutivo se aviniera a encontrar una solución pactada, tendría que ser por vía legislativa. Un escenario muy complicado, habida cuenta la actual composición del Parlamento.

El pasado viernes, Santander, Caixabank y Bankia, los bancos titulares de los citados derechos de cobro, valorados en 1.350 millones de euros, formularon ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador, a través de la que solicitan la cantidad que todavía no han percibido más una compensación por daños. Los bancos argumentan su actuación en el hecho de que han sido penalizados al declararse la inconstitucionalidad de una norma (el Real Decreto a través del que articuló el rescate de la concesión del Castor) cuando han financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general, como fue afrontar el mencionado rescate.

Sin embargo, los precedentes de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador no son demasiado alentadores. En la mayoría de los casos, el Gobierno ha desestimado la reclamación, lo que ha hecho que los diferentes casos hayan acabado en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Casos paradigmáticos se dieron como consecuencia de los cambios normativos relacionados con los incentivos a las energías renovables. Numerosos inversores en el sector reclamaron al Gobierno una compensación por los perjuicios derivados de la aprobación del Real Decreto 1/2012, que regulaba las citadas modificaciones.

El Ejecutivo rechazó los argumentos de los reclamantes, la mayoría basados en el carácter imprevisible de los cambios normativos y los perjuicios económicos que acarrearon. Por su parte, el Gobierno argumentó que en todo momento los inversores deben asumir los riesgos normativos.

El camino previsto por Moncloa

La mayoría de estas reclamaciones acabaron en los tribunales tras el rechazo del Gobierno. Y el caso del Castor parece ir por los mismos derroteros. En su día, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, previó una "elevada litigiosidad" por este asunto entre privados y también con implicaciones para la Administración Pública. Hasta ahora, el Gobierno no ha tomado ninguna iniciativa para encontrar una solución para el pago de la deuda que, a través del Decreto anulado por el fallo del Constitucional, cargó en principio al sistema gasista, de modo que los pagos eran sufragados por los consumidores vía factura.

En su reclamación, la banca acreedora plantea un esquema de pagos similar al plateado en el Decreto para evitar que tenga un grave impacto en las cuentas del Estado. Sin embargo, el problema añadido es que en el caso de que la banca y el Gobierno llegaran a un acuerdo en este sentido, el Ejecutivo se vería obligado a legislar para darle carta de naturaleza.

En este sentido, la actual composición del Parlamento hace muy complicado la suma de mayorías para sacar adelante leyes. Y menos para un asunto que ha generado tanta polémica como el rescate del Castor.

En el caso de que el Gobierno rechazara la reclamación de la banca al Estado, la opción es abrir la vía judicial, a través de un proceso contencioso-administrativo. Un camino que permitiría al Ejecutivo ganar tiempo sin impacto alguno para las cuentas públicas.



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