El CSN menos independiente de la historia: Narbona y Marti escenifican su servilismo político

Presumía con la boca llena el presidente del Congreso, Jesús Posada, de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) es un organismo independiente de la Administración del Estado y sólo tiene la obligación de responder ante el Parlamento, no ante el Gobierno de turno. Lo hacía ante su nuevo presidente, Fernando Marti, y de una de sus nuevas y flamantes consejeras, la ex ministra socialista Cristina Narbona, en el acto de toma de posesión celebrado el pasado 2 de abril.

Lo de Posada pudo ser voluntarismo o desconocimiento, pero en poco se correspondía con la realidad. Porque, según confirman todos los expertos y analistas del sector energético y medioambiental consultados, el actual CSN es el menos independiente de toda su historia. Una historia que comenzó en 1980, cuando nació un organismo que ha de velar por la seguridad de las instalaciones nucleares, y que ahora vive sus horas más bajas. "Los cinco miembros que forman su consejo (dos del PP, uno de ellos presidente, dos del PSOE, y uno de CiU), están al servicio de la mano que les da de comer", sentencia una fuente del sector conocedora del CSN desde dentro.

El cuerpo técnico del CSN sufre en su día a día el servilismo político de todos los miembros del consejo y la falta de independencia en sus actuaciones

El servilismo político de los miembros del CSN se ha puesto de manifiesto en la polémica vivida estos últimos meses sobre la continuidad de la central burgalesa de Garoña, controlada por Endesa e Iberdrola a través de Nuclenor. Y las consecuencias se sufren ahora a nivel interno, para desgracia del cuerpo técnico y jurídico que se encarga de elaborar los informes sobre las centrales.

Fuentes conocedoras de esta situación recuerdan que el consejo está completamente dividido tras la votación de la pasada semana sobre Garoña, que por tres votos (dos del PP más el de CiU) a dos (PSOE) concedió, a petición del Ministerio de Industria, una prórroga de un año más a Nuclenor para que decida si presenta la solicitud de operación de la planta hasta 2019 o ejecuta su cierre. "Dividido no por cuestiones técnicas u operativas, sino por cuestiones puramente políticas", señalan estas fuentes.

Fernando Marti, pronuclear convencido y confeso, fue propuesto para Secretario de Estado de Energía por el ministro José Manuel Soria. En su puesto aceptó el proceso de cierre de Garoña, ateniéndose a la legalidad vigente y a la decisión tomada por el anterior Gobierno. Pero nada más llegar a presidente del CSN, también a propuesta de Soria, se ha embarcado en la cruzada que le ha pedido su ministro, señalan las fuentes consultadas, que está utilizando el balón de oxígeno de un año dado a Endesa e Iberdrola como arma de negociación de la reforma energética en general, y del futuro sistema de ayudas a las nucleares ya existentes en particular.

Los dueños de Garoña podrán mantener la "parada fría" de la central un año más (su permiso de explotación terminaba este 6 de julio) mientras deciden si solicitan permiso para seguir operando hasta 2019, todo ello sin pagar el nuevo impuesto ya que la planta paró el 1 de enero y ya no tiene combustible en sus almacenes y piscinas. Una decisión tomada ad hoc por Marti y sus apoyos en el CSN.

Narbona critica la instrumentalización política del CSN pero apoyó a Zapatero cuando cerró Garoña desoyendo los informes del organismo

Pero en oportunismo político no le va a la zaga su compañera, que no afín, en el consejo del CSN. Ha sido la antinuclear Cristina Narbona la más belicosa contra esta decisión, apoyada lógicamente por la otra consejera, Rosario Velasco (PSOE), denunciando "la presión inaceptable" sufrida por el cuerpo técnico y el consejo, ante la urgente necesidad de tomar la decisión, lo que ha llevado a celebrar cuatro reuniones del Pleno en una sola semana, algo insólito.

Narbona alertó de que "el CSN no debe, en ningún caso, ser instrumentalizado por el gobierno para alcanzar objetivos que son consecuencia de una negociación en curso entre Industria y diferentes empresas del sector eléctrico". Lo decía una ex ministra de Medio Ambiente que se enfrentó visceralmente a Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, cuando éste se opuso, por razones puramente técnicas y energéticas, a la decisión política de José Luis Rodríguez Zapatero de clausurar Garoña, como primer paso para el cierre progresivo de todas las plantas que cumplieran 40 años de vida útil.

Fue Narbona entonces, en comandita con otros antinucleares como Jesús Caldera, la que abanderó el 'cierre político' de las centrales, blandiendo el programa electoral del PSOE. Y fue también ella la que criticó duramente la excesiva independencia y rebelión del CSN, que pese a estar presidido por Carmen Martínez Ten (PSOE) hizo su trabajo y se opuso por unanimidad, con los informes técnicos y de seguridad sobre la mesa, a la decisión de Zapatero. "Ése sí que era un CSN independiente, sorteando las presiones del Gobierno y oponiéndose al cierre", señalan las fuentes consultadas. Obviamente, la última palabra la tuvo el Gobierno, que desoyó al CSN y decretó el cierre de la central para julio de 2013.

Otras fuentes, además, creen que detrás del voto particular emitido por Narbona ante la decisión del CSN se esconde un juego político encaminado a ir deslizando mensajes de izquierda renovadores, en línea con las ideas de cambio de Carme Chacón, con la vista puesta en un posible proceso de sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba al frente del PSOE.

Sea como fuere, el temor del sector es que la falta de independencia del organismo de supervisión nuclear se prolongue durante los seis años que sus consejeros estarán en el cargo, ellos con rango y sueldo de Secretario de Estado, y el presidente con rango de ministro.