Publicado: 26/11/2014 04:00
El proceso judicial que se sigue en la Audiencia Nacional por la querella de un grupo de accionistas minoritarios de Metrovacesa contra los antiguos gestores de la compañía, a los que acusan de provocar el hundimiento de la empresa, cuenta con un nuevo protagonista de excepción: el actual subsecretario de Presidencia del Gobierno, Jaime Pérez Renovales, considerado como número 2 de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Una reciente ampliación de la querella incluye a Pérez Renovales por su vinculación, en los años en que se cometieron los presuntos delitos, a Banesto y Banco Santander, dos de las entidades que formaron parte del accionariado de la inmobiliaria.
La denuncia, de la que se ocupa el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Eloy Velasco, también afecta a los bancos que tomaron el control de Metrovacesa en virtud de su condición de acreedores de la familia Sanahuja, que fue máximo accionista de la empresa hasta comienzos de 2009, cuando canjeó la deuda que tenía con las entidades financieras por sus acciones en la empresa, mediante un acuerdo de dación en pago.
En el contexto temporal de la querella, Pérez Renovales era secretario del consejo de administración de Banesto, que por entonces presidía Ana Botín, actual presidente del Santander. Y posteriormente, fue responsable del servicio jurídico de esta entidad hasta incorporarse al actual Gobierno, tras las elecciones de 2011.
Los minoritarios se querellaron contra los últimos consejos de administración de Metrovacesa, a los que acusan de delitos como administración desleal y apropiación indebida. También les responsabilizan de provocar tanto el desplome bursátil de la empresa (con el consiguiente daño económico para los accionistas) como de perjudicar a los socios con la operación de dación en pago, momento a partir del cual las entidades financieras se convirtieron en dueños de la empresa.
Perjuicios para los minoritarios
Por el mencionado acuerdo, la banca pagó 57 euros por cada acción de Metrovacesa que estaba en manos de los Sanahuja, hasta tomar algo más del 60% del capital de la compañía. Los minoritarios consideran que la oferta debería haber sido extensible al resto de accionistas de la empresa y se consideran perjudicados por ello porque los títulos de Metrovacesa se desplomaron hasta cotizar apenas por encima de los dos euros cuando fueron excluidos de Bolsa, en mayo del pasado 2013.
Los querellantes consideran que cuando los bancos tomaron el timón de la inmobiliaria tomaron decisiones que perjudicaron gravemente a la compañía, como la venta de activos en Reino Unido y Alemania con notables minusvalías. Además, los minoritarios acusan tanto a los bancos como a la familia Sanahuja de no informar debidamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del contrato de dación en pago.
Concretamente, durante la instrucción del caso, el que fuera presidente de la compañía Román Sanahuja aseguró al juez que este acuerdo funcionaba bajo estrictos criterios de confidencialidad y que no recordaba si se había ofrecido al resto de accionistas la posibilidad de vender sus títulos bajo las mismas condiciones.
Por este motivo, la querella se amplió a los consejos de los bancos que participaron en este proceso (Santander, BBVA, Sabadell, Bankia, Popular y Banesto –posteriormente absorbido por su matriz, Banco Santander).
Dejación de funciones
La nueva ampliación de la querella, registrada hace algo más de un semana en la Audiencia Nacional, dedica un capítulo especial a la figura de Jaime Pérez Renovales. En el escrito, presentado por el letrado José Luis Abascal, se señala que Renovales “ha estado presente en la elaboración de todas las actuaciones jurídicas y sociales que permitieron a los Consejos de Administración querellados de las entidades bancarias apoderarse finalmente de Metrovacesa por un precio muy inferior al real de mercado, utilizando formas ilegales e irregulares, y en la ejecución de las distintas operaciones irregulares que ocasionaron tremendas pérdidas en la compañía hasta su salida final de la Bolsa”.
De la misma forma, la ampliación de la querella recoge que el secretario del consejo de administración de una compañía cotizada también debe “depositar en las instituciones oficiales, como por ejemplo la CNMV, aquellos documentos cuyo depósito sea preceptivo, obligación que no cumplió”.
Una circunstancia que, según los querellantes, viene agravada por el hecho de que Pérez Renovales formó parte del organismo supervisor de los mercados, en calidad de subdirector de los servicios jurídicos entre 1997 y 1999, con lo que era “perfecto conocedor de las obligaciones legales de información a la CNMV, no obstante trabajó allí”.
El escrito recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid, instancia a la los minoritarios recurrieron el archivo de la causa que dictaminó el titular del juzgado de instrucción número 47, Adolfo Carretero, ordenó el retorno del caso a esta sala dado que “los hechos relatados en la querella son varios y tienen apariencia, prima facie, delictiva”.
La ampliación de la querella concluye que Pérez Renovales, en la condición de los cargos que ejerció en Banesto y Santander, “debiera haber advertido sobre la ilegalidad de los actos que realizaron sobre los que versa esta querella, debiera haberlos desaconsejado y, en caso de desacuerdo, oponerse formal y fehacientemente a su comisión. Nada de esto hizo”.
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