Publicado: 12/08/2015 04:00
Desde su posición actual como presidente de honor de Indra, Javier Monzón asiste a la publicación de contratos sospechosos de la compañía firmados durante su etapa como presidente de la multinacional española que amenazan su legado al frente del grupo. Las revelaciones del caso Púnica son las últimas actuaciones cuestionadas.
Monzón fue destituido de su cargo como presidente de Indra el pasado mes de enero tras la entrada en el capital de Telefónica, después de casi 22 años en el puesto, siendo sustituido por Fernando Abril-Martorell. El ejecutivo percibirá 15,8 millones de euros como finiquito incluyendo una indemnización por no concurrencia y otra por incumplimiento de preaviso. En las recientes negociaciones entre la empresa y los representantes de los trabajadores por el ERE anunciado que afectará a 1.750 empleados, se puso sobre la mesa el finiquito que recibirá Monzón. "Se nos dijo que los acuerdos firmados con anterioridad había que respetarlos", comentan fuentes sindicales presentes en las negociaciones, "ya que habíamos requerido que se retirara una indemnización como esa en un momento en el que la compañía realiza despidos".
Los representantes sindicales también han instado a la compañía en esas negociaciones por el ERE a dar explicaciones por las informaciones aparecidas sobre el caso Púnica. "La compañía insiste en que posee un código interno de conducta que prohíbe los sobornos, por lo que da por no existentes prácticas supuestamente ilegales cometidas en Púnica", dicen.
Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama Púnica, contó al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que cobró 10.000 euros de Indra en un sobre a cambio de trabajos que había realizado para la Comunidad de Madrid. El consejero delegado de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás, relató al magistrado que su jefe, el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, le instó a que se pusiera en contacto con Indra para que la compañía pagara a Alejandro de Pedro los 10.000 euros, y otros 110.000 euros a otras dos empresas. Martínez Nicolás aseguró que Victoria llamó al consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, y que le dijo: “Si ayudas bien, pero si no, lo decís y no pasa nada, nos ayudamos o no nos ayudamos”.
Tanto Javier de Andrés, que declaró como imputado, como Javier Monzón, que declaró como testigo, negaron ante el juez la existencia de una contabilidad b en la compañía. También declaró como imputado ante el magistrado el director de Indra en España, Santiago Roura, quien supuestamente entregó un sobre con 10.000 euros a Alejandro de Pedro en su coche, un Audi. Roura admitió al juez el encuentro en el automóvil con De Pedro, pero negó que le entregara un sobre con dinero, y aseguró que le dio una carpeta con información corporativa.
La última derivada del caso Púnica que afecta a Indra es la relacionada con un contrato con la Diputación de Valencia. Según ha publicado El Mundo esta semana, Hacienda ha detectado un desfase presupuestario de 5,7 millones en un contrato firmado en el año 2010 por la Diputación de Valencia con una empresa conjunta en la que Indra controlaba el 85% para instalar una red wifi en la provincia de Valencia, por 14 millones de euros. Rafael González Pons, hermano de Esteban González Pons, eurodiputado del PP, es gerente de desarrollo de negocio de Indra en Valencia.
Pérdidas en Brasil
El negocio en Brasil de Indra está siendo revisado a fondo por el nuevo equipo de Abril-Martorell. El pasado 8 de julio el grupo anunció que había "supervisado los proyectos al cierre del mes de mayo" habiéndose puesto de manifiesto "una serie de nuevos acontecimientos que implican cambios en las previsiones y expectativas sobre algunos proyectos, al existir dudas en la recuperabilidad de trabajos realizados, costes que exceden el importe de los ingresos previstos en el contrato e indemnizaciones por incumplimiento". La mayoría de los proyectos revisados a los que se refería Indra se encuentran en Brasil, y todo ha supuesto "la necesidad de registrar un resultado negativo por un importe aproximado de 260 millones de euros".
La reciente revisión del negocio en Brasil por parte de Indra contradice las afirmaciones efectuadas por la compañía ante el regulador del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a finales del pasado año. La CNMV pidió explicaciones a Indra el pasado mes de octubre sobre sus previsiones de ingresos en Brasil tras adquirir la empresa del país Politec. La multinacional española acordó en 2011 la compra de la brasileña Politec por 100 millones de euros. A pesar de reconocer que las previsiones de negocio tras la compra de Politec no se habían cumplido, Indra aseguró en sus respuestas a los requerimientos de la CNMV, en octubre de 2014, que mantenía "una visión positiva del desarrollo del mercado brasileño así como de su posicionamiento en el mismo".
Pujol y González
La compra por parte de Indra, en 2001, de la consultora catalana Europraxis, participada por Josep Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por 44,47 millones de euros, quedará para siempre en el currículum de Monzón. Con anterioridad a ese año a Indra se le resistía el mercado catalán, pero a partir de la compra de Europraxis la compañía tecnológica multiplicó sus ingresos en Cataluña.
La CNMV también preguntó a Indra en octubre de 2014 sobre Oyauri Investment, sociedad creada por el hijo del expresidente del Gobierno Felipe González, Pablo González, y en la que Indra adquirió un 33% aportando 1,5 millones. En 2013 Indra adquirió las empresas G-nubila Technology y G-nubila Colombia, por 2,9 millones según informó la multinacional española en sus cuentas individuales, o por 3,94 millones, según comunicó Indra en sus cuentas consolidadas. La CNMV requirió a Indra el pasado año que indicara "si G-nubila Technology era propiedad de la asociada Oyauri Investment", lo que admitió la compañía.
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