economía colaborativa

El juez falla contra los autobuses: Blablacar es legal y seguirá operando

La patronal Confebús presentó en 2015 una demanda al considerar que la empresa de economía colaborativa actuaba como intermediaria de un servicio de transporte profesional sin licencia.

Imagen de jóvenes compartiendo coche.
Imagen de jóvenes compartiendo coche. EP

La justicia ha fallado a favor de Blablacar en su juicio contra la federación de autobuses Confebús, al desestimar la demanda por competencia desleal que esta organización había presentado en 2015 pues entendía que su actividad incumplía la Ley de Transporte Terrestre. En la sentencia, el juez Andrés Sánchez Magro asegura que no hay competencia desleal porque excepto "desviaciones excepcionales", Blablacar sólo pone en contacto a particulares entre sí, "con un control de pagos" que permite la trazabilidad de la actividad.

En la sentencia, fechada a 2 de febrero y que ha adelantado 'El Confidencial', el magistrado dice que los conductores "no están contratados ni pertenecen a una empresa o industria dedicada a este fin". En la misma sentencia se recoge que "Blablacar mueve a 700.000 viajeros al mes en España".

"Sin ninguna duda BLABLACAR ha generado una plataforma no para organizar el transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos, y compartir determinados gastos del trayecto, y para dar calidad al servicio de contacto ha puesto unos márgenes y unos límites y un formato de actuación, que en modo alguno es obligatorio para quienes lo usan o para quienes prestan una plaza en su coche para realizar el trayecto", asegura el juez, quien también hace un alegato sobre la independencia judicial, dando a entender que la presión de medios de comunicación ha pretendido afectar a su veredicto.

Lo que dice Bruselas

El juez argumenta como uno de los motivos a favor de su fallo el hecho de que la propia Comisión Europea publicara el 2 de junio de 2016 su 'Agenda europea para la economía colaborativa' "a la que este juzgador se remite". En ella, se decía que "solo se puede obligar a los proveedores de servicios a obtener autorizaciones o licencias cuando sea estrictamente necesario para alcanzar objetivos relevantes de interés general; y cuando se exijan tales autorizaciones, las condiciones de concesión habrán de ser claras, proporcionadas y objetivas, y la propia autorización ilimitada en el tiempo. Las prohibiciones absolutas para realizar determinadas actividades, constituyen una medida que se debe aplicar tan solo en última instancia".

Por ello, según decía la Comisión y refería el juez, "Aquellas plataformas que actúen como meros intermediarios entre los consumidores y los oferentes de un servicio no deben estar sujetas a autorizaciones o licencias".

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