Publicado: 05/11/2018 05:15
El despacho Díez-Picazo, fundado por Luis Díez-Picazo y Ponce de León en 1964, padre de Luis María Díez-Picazo Giménez -presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- defendió a la banca por las cláusulas suelo.
El bufete, que en la actualidad está dirigido por Ignacio Díez-Picazo Giménez, hermano del presidente de la sala del Supremo, representó a Cajasur en un recurso de casación presentado por la entidad contra la sentencia de 21 de mayo de 2013 de la Audiencia Provincial de Córdoba, que confirmó sentencia que declaraba la nulidad de las cláusulas suelo.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que admitió el recurso presentado en marzo de 2014 por el padre y el hermano de Luis María Díez-Picazo Giménez en representación de la entidad financiera, desestimó un año después el recurso, imponiendo a Cajasur las costas.
"No somos abogados de los bancos, pero tampoco dejamos de serlo", comenta Ignacio Díez-Picazo
"No es que seamos abogados de los bancos, pero tampoco dejamos de serlo", indicó Ignacio Díez-Picazo el viernes en una conversación telefónica mantenida con este diario. "No tenemos inconveniente en nada, también hemos representado a clientes contra bancos", añadió.
"Si algo nos define es que somos un despacho independiente", señaló Ignacio Díez-Picazo, hermano del presidente de la Sala Tercera del Supremo, al frente del despacho Díez-Picazo desde el año 2012. El abogado subraya que el bufete no lleva casos contenciosos administrativos que pudieran terminar vinculados a la Sala Tercera, y que está especializado en litigios mercantiles y arbitrajes.
Hoy lunes está convocado un pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para resolver sobre la polémica del pago de los actos jurídicos documentados en los préstamos con garantía hipotecaria.
Luis María Díez-Picazo trabajó en el bufete familiar entre 2003 y 2008
El pasado 18 de octubre se hizo pública sentencia del 16 de octubre de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que dictaminaba que quien debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos es la entidad prestamista, no quien recibe el préstamo. La sentencia modificaba su jurisprudencia anterior.
Un día después, el 19 de octubre, el presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, emitió una nota informativa en la que dejaba sin efecto los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con objeto similar, y convocó al Pleno de la Sala "a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado". El magistrado argumentaba su decisión aludiendo a que la sentencia comunicada un día antes suponía "un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y debido a "su enorme repercusión económica y social".
La actuación del Supremo provocó caídas en Bolsa relevantes de la gran banca española y que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, pidiera públicamente perdón a la ciudadanía por lo que consideraba había sido una mala gestión de este asunto.
Despacho independiente
Luis Díez-Picazo Giménez pertenece a una consolidada saga de juristas. Su padre, Luis Díez-Picazo y Ponce de León, fundó el despacho con sede en Madrid en 1964, continuando la labor iniciada por su padre, colaborador de Joaquín Garrigues y abogado litigador. Entre 1980 y 1989 Luis Díez-Picazo y Ponce de León, fallecido en octubre de 2015, sirvió como magistrado del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Sala Tercera del Supremo y sus hermanos han desarrollado en el despacho Díez-Picazo parte de su labor profesional. Luis Díez-Picazo Giménez trabajó en el bufete familiar entre los años 2003 y 2008, año en el que accedió como magistrado al Tribunal Supremo por el turno correspondiente a juristas de reconocida competencia; preside la Sala Tercera desde septiembre de 2015. Hasta el año 2017 fue profesor en el Centro Universitario de Estudios Financieros (Cunef).
El despacho Díez-Picazo ingresó el pasado año 0,51 millones (0,29 millones en 2016)
Ignacio Díez-Picazo, al frente del despacho, es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, miembro excedente del Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional. Trabajó como socio de litigación y arbitraje en la oficina en Madrid de Herbert Smith (2009-2011) y fue responsable del área procesal y arbitraje de Linklaters en Madrid (2003-2008).
El director del despacho Díez-Picazo es miembro del Consejo Académico de Fide (Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa), y del consejo editorial de El Confidencial. También ha formado parte del Consejo Académico Asesor del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, dirigido por Enrique Álvarez Conde.
El despacho Díez-Picazo elevó sus ingresos en 2017 hasta los 0,51 millones de euros (0,29 millones en 2016), logrando un beneficio de 189.918 euros (46.979 euros ganados un año antes). El bufete disparó sus ingresos de explotación hasta los 267.609 euros el pasado ejercicio, desde los 30.000 euros en 2016, de acuerdo a las últimas cuentas de la empresa depositadas en Registro Mercantil. El gasto en personal se incrementó hasta los 270.580 euros (141.742 euros en 2016).
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