Italia suma aliados a su plan para rescatar a su banca sin imponer pérdidas a inversores privados

Italia lleva meses moviendo hilos y ha logrado sumar adeptos para rescatar a sus bancos sin que por ello tenga que aplicar las normas comunitarias de resolución (vigentes desde este año), que impondrían pérdidas a los acreedores privados. Y el último aliado es poderoso: nada menos que el Banco Central Europeo, que en palabras de un alto cargo de supervisión (el italiano Ignazio Angeloni) prestará ayuda al país transalpino para poder reducir sus altos niveles de activos deteriorados sin recurrir a la normativa europea anticrisis.

Tal y como recogía la agencia Reuters, Angeloni recalcó que las normas europeas dan el suficiente margen para que se pueda rescatar con ayudas públicas a los bancos "sin forzar a los inversores privados a asumir pérdidas si para ello se preserva la estabilidad financiera". Es decir, que a pesar de que la recién estrenada regulación sobre rescates a bancos vincula las ayudas públicas (que distorsionan la competencia) a la imposición de pérdidas a todos los acreedores y ahorradores no garantizados, el país transalpino está forzando la máquina para aprobar una primera excepción a la norma que salve a sus inversores bajo la amenaza de una crisis financiera global.

El argumento al que se agarra el ejecutivo italiano presidido por Matteo Renzi es que el Brexit ha desestabilizado al conjunto del sistema financiero internacional, y que ello les obliga a rescatar a su sistema financiero

Italia, tercera economía europea, supone un problema sistémico en potencia para toda la zona euro. La banca italiana acumula, según los últimos informes conocidos, hasta 360.000 millones de euros en activos tóxicos o improductivos (NPL por sus siglas en inglés), una cifra que supone casi una quinta parte del PIB del país. La cifra de activos dañados se reduce a la mitad según otros cálculos, toda vez que se han establecido provisiones y algunas carteras siguen al día de pagos. Aun así, tanto una operación de rescate a su sistema financiero como un hipotético reparto de la carga sobre los hombros de los inversores podría desencadenar una crisis de confianza en todo el continente.

Y es que alrededor de un tercio de los pasivos no garantizados emitidos por los bancos italianos están en manos de inversores minoristas, y cerca de un 46% de la deuda subordinada. Son más de 230.000 millones de euros en manos de ahorradores y familias y susceptibles de sufrir pérdidas. Es decir, que de imponerse pérdidas de reparto de la carga de acuerdo con la normativa europea cientos de miles de pequeños ahorradores las sufrirían. Una idea a la que se opone frontalmente el ejecutivo de Renzi, que teme que se desencadene un escándalo similar al de las participaciones preferentes españolas.

Imponer o no pérdidas, he aquí la cuestión

Así, desde hace semanas los ejecutivos italianos y comunitarios están sumidos en negociaciones para determinar las condiciones legales mediante las cuales Italia podrá recapitalizar a entidades como Monte dei Paschi di Siena (con un tercio de sus activos deteriorados) entre otras. Pero las conversaciones están atascadas precisamente en la condición de imponer o no pérdidas a los bonistas y otros acreedores, medida a la que se resisten los transalpinos (apelan incluso a que la constitución protege a todos los depositantes) y que exige la Comisión Europea, que necesita por su parte mandar una señal clara de firmeza en el primer caso relevante para aplicar su nueva normativa de resolución. Y no solo Bruselas. También Berlín exige "quitas para proteger la credibilidad de la directiva de resolución bancaria", tal y como señala el experto en finanzas Miguel Carrión, de Eurobriefing, en un reciente artículo.

Silvia Merler cree que será inevitable aplicar pérdidas al menos a un grupo de inversores minoristas (aquellos con deuda junior)

El plan italiano pasaría por que los bancos vendieran acciones o bonos convertibles en el mercado para recapitalizarse, y que la demanda no atendida la comprase el Tesoro. El argumento al que se agarra el ejecutivo italiano presidido por Matteo Renzi es que el Brexit ha desestabilizado al conjunto del sistema financiero internacional, y que ello les obliga a rescatar a su sistema financiero, en la medida que las circunstancias son excepcionales e inesperadas. El problema para Italia es que el problema está lejos de haber emergido en las últimas semanas. Tal y como ya publicó Vozpópuli, la banca italiana era ya la gran preocupación de la zona euro desde hacía más de un año, toda vez que no se había abordado el creciente problema de la morosidad no saneada en los balances.

Los analistas de la agencia de calificación Scope Ratings sostienen en un reciente artículo que el BCE no exigirá a los bancos italianos que reduzcan su volumen de activos tóxicos inmediatamente, lo que daría tiempo a los mismos para ir desinvirtiendo de forma gradual y sin requerir una inyección masiva de capital. "Forzar a todos los bancos a vender en un periodo corto de tiempo inclinaría el mercado en favor de los compradores, deprimiría los precios y en última instancia dañaría a los bancos. El BCE no tiene ningún interés en dañar a los bancos", explican, de forma que esperan que el supervisor permita a las entidades más sólidas a fijar sus propios calendarios para deshacerse de sus NPL.

Citi: "Desde nuestro punto de vista, una solución público-privada a los NPL (con el apoyo de la UE) sería más adecuada"

Por su parte, los analistas de Citi, en otro informe al que ha tenido acceso Vozpópuli, muestran a las claras su preferencia, que no pasaría en ningún caso por un rescate público al sistema financiero italiano. "Desde nuestro punto de vista, una solución público-privada a los NPL (con el apoyo de la UE) sería más adecuada. La creación de un potencial Atlante 2 [el banco malo italiano] podría ser también una opción", explican.

A finales de julio se publicarán los resultados de los test de estrés de la EBA, y analistas como Silvia Merler (de Bruegel) esperan que se determinen nuevas necesidades de capital para los bancos italianos. "La Comisión Europea autorizó a Italia a emitir garantías públicas por un valor de 150.000 millones de euros para dotar de liquidez a los bancos, pero hay mucha menos claridad respecto de los potenciales déficit de capital que deberían ser abordados", reconoce esta experta en banca europea que cree que será inevitable aplicar pérdidas al menos a un grupo de inversores minoristas (aquellos con deuda junior) toda vez que es la exigencia mínima que imponen la nueva directiva de resolución europea.