El Gobierno asume que sus decretos sociales engordarán el déficit por encima del 2%

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno el viernes con el subsidio de los parados mayores de 52 años se suma a la lista de decretos con contenido social que el Ejecutivo ha ido sacando adelante desde diciembre y cuyo ritmo se ha acelerado desde que se tumbaron los Presupuestos Generales del Estado y, más aún, desde que se adelantó la convocatoria electoral.

"La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentados por el Gobierno ha provocado que los presupuestos de 2018 continúen prorrogados este año. Ello, sumado al hecho de que algunas de las principales medidas de gasto del Gobierno (pensiones indexadas al IPC o subida del sueldo de los funcionarios) ya han sido aprobadas mientras que para las medidas de ingreso no se ha hecho lo propio, sugiere que, probablemente, en 2019 el déficit público terminará siendo algo superior a lo previsto anteriormente", señala el servicio de estudios de CaixaBank, que lo ha revisado hasta el 2,3%.

Fuentes del Gobierno descartan la posibilidad de que el déficit quede por debajo del 2%, a pesar de haberse comprometido con Bruselas a cerrar el año con una desviación del 1,3%

El Banco de España ya apuntó que con los PGE el déficit se dispararía hasta el 2% y la AIReF hacía referencia a un 2,2%, con lo que sin las cuentas aprobadas y habiéndose implantado únicamente las medidas de gasto es comprensible que este sea aun superior.

Fuentes del Gobierno reconocen que descartan la posibilidad de que el déficit quede por debajo del 2%, incluso a pesar de haberse comprometido con Bruselas a cerrar el año con una desviación del 1,3%. Este desfase, en cualquier caso, no se considerará excesivamente grave siempre y cuando España mantenga el déficit por debajo del 3% y pueda salir del procedimiento de déficit excesivo que determina Bruselas.

Más gastos que ingresos

Medidas como la subida del 1,6% de las pensiones y del 3% en las mínimas y no contributivas, la subida del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la subida del 2,25% en el salario de los empleados públicos y la del personal laboral, o el aumento del permiso de paternidad, suponen un incremento de los gastos por parte del Gobierno para los que no existe una partida presupuestaria.

Esto significa que el Ejecutivo hará un desembolso que no tenía previsto en su contabilidad nacional y que prevé financiar con las medidas de ingresos que ha aprobado, aunque los expertos consideran que éstas no serán suficientes.

El Ejecutivo prevé incrementar su recaudación gracias a la subida del 7% de las bases máximas de cotización y de la subida del 22,3% en la base mínima -equivalente al alza del SMI- aunque no tiene en cuenta que esas medidas, en especial la segunda, podrían provocar una destrucción de empleo, según advierte el propio Banco de España.

Además, se ha aprobado la creación de nuevos tributos, como el Impuesto de Transacciones Financieras ('tasa Tobin') y el Impuesto sobre determinados Servicios Digitales ('tasa Google'), pero aunque el Ministerio de Hacienda pretendía recaudar unos 2.000 millones con ellos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que esa cuantía no superará los 450 millones.

Este organismo cifra entre 800 y 900 la recaudación por la subida de bases máximas y entre 550 y 650 la de las mínimas, por lo que el cómputo de ingresos parece insuficiente para afrontar los gastos, lo que se traducirá una desviación inevitable del déficit.