Publicado: 15/05/2014 04:00
Todas las Asociaciones de Militares y Guardia Civil han pedido al Gobierno de forma conjunta que termine con lo describen como una "discriminación fiscal contra las Fuerzas Armadas" y que afecta --según denuncia Mariano Casado, el secretario General de AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles)-- "a todos los cuerpos, todas las escalas y todos los Ejércitos". Los militares denuncian que Hacienda no permite desgravar las cuotas de afiliación a las asociaciones profesionales del Ejército, las únicas a las que la ley permite unirse a los miembros de las Fuerzas Armadas, ya que la norma impide a los militares formar parte de sindicatos.
"Esta situación en las Fuerzas Armadas no puede quedar como un olvido y, mucho menos, como una discriminación", denuncian los militares
Los militares son, así, los únicos "funcionarios públicos" a los que se impide gozar del beneficio fiscal del que disfrutan el resto de los españoles, denuncian las cuatro organizaciones que agrupan a unos 8.000 miembros de las Fuerzas Armadas. "El militar no es un empleado público al uso, se le aplican todos los recortes de este último pero se le sustrae del disfrute de una parte importante de derechos", denuncian las asociaciones AUME, ASFASPRO, ATME y AMTM en una carta conjunta remitida al ministerio de Defensa. "La Ley orgánica de derechos y deberes prohíbe que un militar se afilie a un sindicato, instituyendo las asociaciones profesionales para la promoción y defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Por tanto, deben tener el mismo tratamiento fiscal, ya que de lo contrario, el militar aparece claramente discriminado económicamente respecto al resto de funcionarios y trabajadores".
Las cuatro asocaiciones han elevado esa carta al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que se integran al 50% responsables del ministerio de Defensa y los representantes de unos 8.000 militares afiliados. Su objetivo, según fuentes de las asociaciones, es que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, traslade su petición a Hacienda para que Cristóbal Montoro modifique la Ley del IRPF mediante una ley de acompañamiento o una enmienda a la legislación actual, afirman. "Parece razonable que igual que cualquier trabajador que se puede deducir las cuotas de quienes le defienden sus intereses", afirma Casado. "Esta situación nueva en las Fuerzas Armadas no puede quedar como un olvido y, mucho menos, como una discriminación", concluye el documento remitido al Ejecutivo.
La discriminación afecta a todo el Ejército y la Guardia Civil
Los militares consultados aseguran que la iniciativa se ha gestado a lo largo de los últimos meses y surge" de un sentimiento generalizado que han identificado las cuatro asociaciones que es trasversal y que afecta a todos los cuerpos, todas las escalas y todos los Ejércitos".
La legislación sobre asociaciones profesionales en el Ejército es relativamente nueva ya que la última norma aprobada data del año 2011. Desde entonces, el personal de las Fuerzas Armadas se ha sumado a las cuatro asociaciones profesionales mayoritarias que, en la actualidad, representan a unos 8.000 afiliados, según cálculos de las propias organizaciones. Esos colectivos aseguran que el Gobierno tiene ahora una oportunidad para demostrar si cree en el asociacionismo en el Ejército o si, por el contrario, pretende disuadirlo utilizando la política fiscal.
Para el resto de españoles, el importe de las cuotas sindicales es un gasto deducible en la Declaración de la Renta según recoge el artículo 19.2 de la ley de IRPF. Los justificantes son los recibos bancarios que permiten una deducción máxima de 133,20 euros al año.
Dentro de las acciones conjuntas que las principales asociaciones profesionales de militares -ASFASPRO, AUME, ATME y AMTM- vienen realizando, han solicitado al Ministerio de Defensa que promueva la modificación de la Ley del IRPF para que las cuotas satisfechas por sus socios tengan el mismo tratamiento fiscal que las aportadas por cualquier trabajador a su sindicato o colegio profesional.
La Ley Orgánica de Derechos y Deberes prohíbe que un militar se afilie a un sindicato, instituyendo las asociaciones profesionales para la promoción y defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Por tanto, deben tener el mismo tratamiento fiscal, ya que, de lo contrario, el militar aparece claramente discriminado económicamente respecto al resto de funcionarios y trabajadores.
El militar no es un empleado público al uso, se le aplican todos los recortes de este último pero se le sustrae del disfrute de una parte importante de derechos. Las asociaciones profesionales de militares no tienen carácter lucrativo, no reciben subvención alguna del Ministerio de Defensa y se sostienen con las cuotas de sus afiliados. Esta situación nueva en las Fuerzas Armadas no puede quedar como un olvido y, mucho menos, como una discriminación.
Esta propuesta que es llevada, conjuntamente por las asociaciones mencionadas, al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, estará en manos de la Subsecretaría de Defensa, que será quien decidirá si es debatida en el próximo Pleno y si finalmente se promueve el cambio legislativo.
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