El Congreso convalida por unanimidad las medidas urgentes por la crisis de Thomas Cook

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha convalidado este martes, con el apoyo unánime de los grupos, el real decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 11 de octubre con un paquete de medidas urgentes para paliar los efectos sobre el turismo español en la quiebra del turoperador británico Thomas Cook.

En defensa del decreto, la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que la batería de medidas es "una respuesta ponderada, responsable y urgente” porque aunque el Gobierno está en funciones y tiene limitada su capacidad normativa, era “necesaria una actuación inmediata y extraordinaria para evitar mayores perjuicios al sector turístico español” tras el colapso de Thomas Cook.

La mayoría de grupos de la oposición han coincidido en señalar que apoyaban el decreto por responsabilidad, dada la gravedad de los daños de la quiebra para España, pero que consideran insuficientes las medidas. Varios grupos también han pedido que el decreto se tramitara como proyecto de ley.

Varias formaciones lo califican de "poco ambicioso"

Por el PP, el diputado Guillermo Mariscal ha asegurado que el decreto es “absolutamente ineficiente” porque no prevé la debida reducción ni bonificación de tasas aéreas para los destinos afectados. El principal partido de la oposición también se ha mostrado crítico con que el Gobierno se atribuya que destinará 15 nuevos millones a Canarias cuando era una partida ya prevista para aquella comunidad que ahora se desvía para paliar la crisis de Thomas Cook, o que se hable de 200 millones de una línea de financiación ICO de la que no se saben “ni plazos ni cuantificación ni tipos de interés”.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha afirmado que su grupo vota a favor del decreto pero lo ha recibido con “profunda tristeza”, porque es “poco ambicioso” y no es más que “un parche”.

Desde Unidas Podemos, María Victoria Rosell también ha utilizado el calificativo de “poco ambicioso” para valorar el plan de medidas, en el que observa “tintes electoralistas en cuanto a las cantidades”.

Coalición Canaria (Grupo Mixto) ha sido la formación que se ha mostrado más crítica con el decreto. La diputada Ana Oramas ha afirmado que lo apoyarán por deferencia a los trabajadores damnificados de Baleares, que reconoce que sí salen beneficiados, “pero no nos van a engañar con que dan 700 millones de ayudas de financiación” o con “15 millones para Canarias que nos los quitan de lo que ya estaba previsto”.

A los nacionalistas canarios les desagrada especialmente la falta de respuesta que ha dado el Gobierno a lo que pide el sector en materia de tasas aéreas.

Contenido del decreto

El real decreto-ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre y que entró en vigor al día siguiente incluye una línea de financiación de 500 millones de euros para proyectos turísticos que se canalizarán a través del Fondo Financiero del Estado para la Competitividad Turística (Focit).

Habrá otra línea de financiación de hasta 200 millones del ICO para sufragar los impagos dejados por el gigante británico.

El ‘plan de choque’ contiene además ayudas de 23 millones para los destinos insulares (15 millones para Canarias y 8 para Baleares), con el fin de recuperar la pérdida de conectividad, consolidar la diversificación y mejorar el destino.

El decreto establece una ampliación temporal en las bonificaciones a contratos fijos discontinuos en esas dos comunidades, y apoyo a destinos turísticos inteligentes por valor de 1,48 millones de euros a través de la Sociedad de Gestión de Innovación y Tecnologías Turísticas (Segittur).

AENA exonerará del pago del 100% de la tasa de pasajero a los asientos que ofrezcan las compañías aéreas en rutas internacionales a Canarias y Baleares durante la temporada de invierno que sean adicionales a los previstos a 31 de agosto. Esto supone una rebaja del coste de escala del 38%.

Por su parte, Enaire tiene previsto aprobar una rebaja del 12% en las tarifas de ruta en los vuelos con origen o destino en los archipiélagos que entrará en vigor el próximo 1 de enero.