China amenaza con represalias a la UE si se atreve a poner un arancel a sus paneles solares

La iniciativa de la Unión Europea de imponer un recargo arancelario a los paneles solares procedecentes de China ha caldeado las relaciones con el gigante asiático. Horas antes de que la Comisión Europea aprobara este impuesto, el primer ministro chino, Li Kequiang, advertía de que esta acción podría influir en las relaciones chino-europeas si no se resuelve de una manera apropiada.

Según la agencia Xinhua, el primer ministro ha trasladado estas impresiones al presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, durante una conversación telefónica. Así, Li, ha expresado la resolución de China en su oposición al proteccionismo económico y al abuso de medidas de asistencia al comercio, así como la determinación del país asiático de defender sus intereses comerciales.

La Comisión acusa a China de dumping, práctica que consiste en vender un producto por debajo de su coste, en la comercialización de panales solares. Como respuesta, este martes ha decidido aplicar a partir del jueves 6 de junio un recargo arancelario del 11,8% a las importaciones de paneles solares procedentes de china. Si en el plazo de dos meses Pekín no presenta medidas correctivas para acabar con el dumping, el recargo aumentará automáticamente al 47,6% a partir del 6 de agosto.

"Esta medida es equilibrada y legal", ha señalado el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, en una rueda de prensa en la que ha afirmado que la penalización supone un "claro incentivo" a China para encontrar una solución "amigable" con la CE por sus presuntas prácticas de comercio desleal en este campo. Según De Gucht, los productores chinos se han hecho con un 80% del mercado de los paneles solares en la Unión Europea gracias a los precios artificialmente bajos que aplican, que deberían ser un 88% mayores para ajustarse al coste de su producción.

Estas sanciones provisionales tendrán una duración de seis meses. Al final del periodo, serán los Estados miembros los que decidan si las convierten en permanentes por un periodo de 5 años. La decisión preliminar ha sido adoptada por Bruselas, que tiene poder para hacerlo, pese a que la mayoría de los Estados miembros, encabezados por Alemania y el Reino Unido, se oponían.