Cataluña

De la Administración a las VTC: Quién es quién en el imperio de Uber y Cabify en España

El presidente de Unauto VTC Cataluña fue taxista durante 15 años. Miembros de la Administración, expolíticos, trabajan ahora para Uber o Cabify

Ex políticos, ex altos cargos de Competencia y ex taxistas figuran entre los directivos y asesores que trabajan ahora para las empresas de VTC, que libran una batalla sin cuartel en Madrid y Barcelona contra el taxi.

El presidente de Unauto VTC Cataluña, José María Goñi, es uno de sus líderes más representativos. Durante más de 15 años estuvo al frente de la Secretaría General de la Federación Catalana del Taxi. Se retiró del taxi en 2011 y ahora defiende intereses opuestos a los de sus ex compañeros.

Goñi se fue tras el estallido de la crisis económica de 2008, que impactó sobre el sector del taxi con un incremento del desempleo y un recorte de ingresos sin precedentes. 

El ahora dirigente de Unauto VTC Cataluña exponía tan solo un mes antes de hacer las maletas que el taxi de Cataluña atravesaba una "de las peores crisis de su historia", que ponía en riesgo la "supervivencia de muchas familias".

El taxi, herido de muerte

Entre los factores que hirieron de muerte al taxi se encontraban la mejora de la red de transportes públicos, la "multimotorización", el incremento del "intrusismo" laboral, de la "piratería" y de "la competencia deseal", "de una flota sobredimensionada" -demasiados taxistas para tan poco trabajo- y el aumento de los costes.

El detonante de la liberalización de las VTC se produjo tras la aprobación de la Ley Ómnibus, que permitía la liberalización de estas licencias en toda España. "El problema radica", escribió Goñi, "en que la actividad del sector de alquiler de vehículos con conductor ha quedado en parte vinculada al taxi y que las empresas de VTC más agresivas han optado por trabajar con una flota mucho mayor de la que disponen legalmente". En concreto, alertaba de que la "flota pirata" estaba compuesta por un total de 1.500 vehículos.

Posición enfrentada en tan solo siete años

En sus peticiones, exigía que la Generalitat cediera la competencia de las VTC al Gobierno de España la "posibilidad de regular los desplazamientos extrautonómicos"; que se "impida, por reglamento, que una autorización concedida en otra comunidad autónoma acabe prestando servicio en cualquier otra parte del territorio nacional". Todo ello junto a "planes específicos" para "combatir el fraude, la piratería y la competencia desleal". También exigía que las VTC exhibieran una pegatina identificativa con la bandera de cada Comunidad Autónoma en la parte posterior del parabrisas -como se viene haciendo ahora-.

Goñi advierte ahora que las VTC se irán de Cataluña tras el decreto que aprobará este martes la Generalitat. Al mismo tiempo ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno catalán que "evite la desaparición de las VTC" en la región.

"Cuando se apruebe el Decreto Ley y tengamos las primeras sanciones, las empresas procederán al cierre y al despido de sus trabajadores", ha aseverado durante esta dura huelga de taxistas. La salida de las VTC dejará en la calle a 4.000 conductores, mientras que la Generalitat tendría que hacer frente al pago de 1.000 millones de euros por las licencias. 

Marta Plana, de la CMT a Cabify

Marta Plana ha pasado de sentarse en el consejo de la extinta Comisión de los Mercados de Telecomunicaciones a ser la encargada de negociar las distintas regulaciones que afectan directamente a Cabify, y por ende a Uber y el resto de empresas de VTC.

"Marta Plana entró el año pasado a formar parte del equipo de Cabify como Responsable Global de Regulación y Asuntos Públicos y, desde la compañía, se considera que cuenta con una experiencia de primer nivel para reforzar el equipo de regulación a nivel global", ha asegurado Cabify en declaraciones a Vozpópuli.

Plana, quien la pasada semana aseguró a los medios que las VTC de Cataluña habían tomado la decisión de salir de la región, se hizo militante de Unió en 1996. El pasado año llegaba al Camp Nou en calidad de vocal  en la directiva del FC Barcelona, para tener en sus manos el proyecto Barça Innovation Hub. 

Plana, ex número 3 de la lista de Unió Democràtica en las elecciones autonómicas del 27-S, es responsable de regulación y asuntos públicos de Cabify

Plana, ex número 3 de la lista de Unió Democràtica en las elecciones autonómicas del 27-S, fue sancionada e inhabilitada para ejercer cargo público durante cinco años. Según la sentencia, continuó cotizando mientras cobraba una pensión de 96.000 euros anuales por haber sido consejera de la Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones, la extinta CMT. El BOE apuntaba: "La actuación de D.ª Marta Plana Drópez constituía una infracción muy grave, tipificada en el artículo 17.1.a) de la referida Ley, correspondiéndole las sanciones de declaración de incumplimiento de la ley".

Ahora el nuevo organismo de Competencia exige ya una liberalización del sector del taxi, asegurando que recurrirá en todo lo posible contra las barreras que se están poniendo a las VTC a nivel autonómico, como ha ocurrido en Cataluña.

Puertas giratorias de la política a Uber y Cabify

En los últimos días, los taxistas de Madrid han hecho correr un hoja con foto, nombre y empresa, de cada uno de los ex políticos que estarían en la plantilla de Uber y Cabify. Han empapelado Madrid con ellas y las han serigrafiado en vehículos para defender su causa.

Uber y Cabify ostentan miles de licencias de VTC, obtenidas bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, con la Ley Ómnibus, que eliminó la exigencia de 1/30. En total hay unas 11.000 VTC en todo el Estado, repartidas la inmensa mayoría entre Madrid y Barcelona. 

Isaac Martín-Barbero, nombrado recientemente 'Chief Cities and Communities Officer’ de Cabify, un puesto creado 'ad hoc' para él, es uno de los altos cargos que ha pasado a las VTC procedente de la Administración Pública. Entre sus funciones destaca la de asumir el liderazgo de distintos departamentos de la compañía a nivel global como RRHH, Marketing o RSC y asegurar que la visión corporativa de Cabify encuentra su aplicación efectiva en las diferentes ciudades y territorios en los que operamos, según han apuntado la compañía. "Desde la compañía se considera que la dilatada experiencia de Isaac Martín en internacionalización e innovación empresarial suponen un gran valor valor añadido", ha indicado la empresa a Vozpópuli.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionario del Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, ostentaba la presidencia de la pública Ineco, dependiente del Ministerio de Fomento.

Ildefonso Pastor, exdiputado del PP, dio el sí a Uber en 2016 como responsable de las relaciones institucionales de la compañía

Martín-Barbero también mantiene sus funciones de asesoramiento a Ibersotate, la gestora AZValor, y a la sociedad Bregal Milestone L.P. La oficina encargada de aprobar los fichajes de ex cargos públicos por parte de empresas privadas dio luz verde a este nombramiento. Martín-Barbero estuvo en el Ministerio de Fomento, con Mariano Rajoy en el poder, y no hay supuestamente ningún conflicto de interés para entrar en Maxi Mobility Spain S.L, la matriz de Cabify en España.

Ildefonso Pastor, exdiputado del PP, dio el sí a Uber en 2016 como responsable de las relaciones institucionales de la compañía. Su labor consiste en contactar con las instituciones públicas y privadas para mostrarles el negocio de Uber y tratar de explicar sus bondades. El fichaje se realizó tras "pinchar" en un anuncio de Linkedin, una red para profesionales. Además de tener asiento en el Congreso de los Diputados hasta 2015, también ha sido concejal y senador. Es licenciado en Derecho y MBA por la Escuela Europea de Negocios y solo había pisado la empresa privada un año.

Otro caso es el de Xavier Cima. El diputado por CiU entre 2010 y 2015, también conocido a nivel mediático por ser marido de Inés Arrimadas, fundó Observatorio 2050, una sociedad bajo la que opera la consultora Diplolicy. Los servicios de consultoría que contrató Uber. Aunque esta no es la única labor de Cima con el mundo de las VTCs. Según explican fuentes cercanas, el exdiputado de CiU trabaja ahora en una consultora que también colabora con Cabify

Intereses enfrentados

Rosauro Varo, hijo de la diputada socialista Juana Amalia Rodríguez, tiene una historia de intereses enfrentados. Rodríguez votó en contra de los intereses de su vástago en el Congreso al permitir que el Gobierno cediera las competencias de las VTC a las Comunidades Autónomas, pese a que su hijo trabaja directamente con Cabify, al compartir sociedades conjuntas.

El ex propietario de Pepephone ha invertido casi 12 millones en dos ampliaciones de capital de Vector Ronda Teleport, haciéndose con la mayoría del capital. Esta sociedad, compartida con Cabify, se ha dedicado a comprar licencias o bien directamente sociedades que ya las tenían, incluso las que están en el limbo a la espera del Supremo.

Varo ha invertido casi 12 millones en dos ampliaciones de capital de Vector Ronda Teleport, haciéndose con la mayoría del capital

La empresa Cabify ha asegurado que "Vector Ronda es una de las empresas que componen la red de colaboradores de Cabify para ofrecer servicio de transporte en vehículo con conductor (VTC) y, además, está participada por Cabify".

Del montante, se repartió el dinero para "la activación de las licencias que estaban en existencias, dejando de estar disponibles para la venta y pasando a ser un activo de la sociedad, ya que son explotadas por la misma", según el Registro Mercantil en 2017.

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