Beatriz de Guindos prohibió hablar de "manipulación de precios" en la última subasta eléctrica

La sobrina del ministro de Economía dimitió el pasado septiembre de la dirección del área de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en medio de una sonora polémica horas después de ser nombrada, pero sigue ocupando la subdirección de Energía en el superregulador y su autoridad se deja notar y mucho. De hecho, en la madrugada del pasado día 20 fue la que impuso que en el dictamen elaborado por la Comisión sobre la última subasta eléctrica no apareciera por ningún lado la imputación a las eléctricas de que habían “manipulado los precios”, pues era una acusación que obligaba a ir a los tribunales, aparte de resultar casi imposible de demostrar.

Beatriz De Guindos manda lo suyo en el superregulador y lo que ha venido a demostrar, al menos en su parcela, es que no atiende a las presiones del ministro de Industria, José Manuel Soria, obsesionado desde el principio en concluir que las grandes compañías amañaron la última subasta y defendieron una subida de la luz del 11% como ajuste de cuentas contra el Gobierno por haber regulado el sector eléctrico en contra de sus intereses.

"Circunstancias atípicas", una vía de escape

Tanto en el Gobierno como en el superregulador se reconoce en voz baja que va a ser muy difícil argumentar con hechos probados que hubo manipulación de precios, de ahí que Beatriz de Guindos optara desde la CNMC por no validar la subasta “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma”, una vía de escape que permitió a la Comisión no dar una bofetada al Gobierno, ganar tiempo y poder disponer de unos días, sin el asomo de querellas judiciales, para articular el nuevo mecanismo de fijación de precios que estudiará este viernes el Consejo de Ministros.

Lo que no va a poder esconder el Ministerio de Industria, haga lo que haga, son las nueve normas dictadas para el sector eléctrico desde enero de 2012 ni el aturdimiento que abruma a sus altos cargos al haber tenido que parchear la reforma el mismo día en que recibía su aprobación por el Congreso de los Diputados. Así se encuentra explicación al hecho de que los grandes inversores internacionales que estos meses pululan por España en busca de gangas, no pregunten a sus interlocutores por la corrupción, ni siquiera por el desafío soberanista en Cataluña, sino por la inseguridad jurídica que sigue sembrando este Gobierno... a 10.000 kilómetros de distancia de Cristina Fernández de Kirchner.