A vueltas esta vez con las mascarillas, el consejo interterritorial de salud ha dado la medida del nivel de polarización política que, irremediablemente, regirá en la relación Gobierno-comunidades autónomas durante la recién abierta legislatura. Al oportunismo de la ministra de Sanidad, Mónica García, de saltarse los protocolos para imponer la vuelta del popular apósito en centros de salud, farmacias y residencias de mayores con la intención de enmascarar su falta de reflejos antes el crecimiento exponencial de la gripe y otras enfermedades respiratorias, los consejeros autonómicos de Sanidad han replicado con una crítica inmisericorde hacia la precipitación de las medidas improvisadas por la ministra, quien, por cierto, difundió en el programa radiofónico de Carlos Alsina antes de participárselas a los consejeros.
El asunto es que, salvo la excepción del catalán, el resto de titulares autonómicos de Sanidad optaron por reiterar su negativa a aplicar las ocurrencias de García. En el caso del uso de la mascarilla, redujeron el cumplimiento de la medida a una mera recomendación en sus respectivas regiones.
De hecho, la celebración del consejo interterritorial tuvo mucho de escenificación y de final tasado, como si nadie creyera realmente en que extender el uso de la mascarilla sirva para "descolapsar" (Mónica García dixit) los centros de salud y reducir la carga de trabajo de los médicos de atención primaria. Con alguna excepción, eso sí: el irreductible director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que tantas tardes de gloria deparó durante la fase más descarnada de la pandemia. Durante la reunión, celebrada por videoconferencia con los consejeros dispuestos en paneles, pudo verse que solo Simón llevaba la mascarilla puesta. Ni la propia ministra la portaba. La conclusión forzosa no puede ser otra: Simón no se la quita ni en la ducha.
