Subidas en la factura de la luz. (Foto Archivo).
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Desde el pasado mes de junio, la espiral de subidas casi diarias del precio del kilovatio/hora en España ha sido la tristes protagonistas del verano. Unos incrementos en la factura de la luz que han sumido al país en la incertidumbre y provocado una fuerte alarma social.
Buena parte de esa alarma es debida a la ausencia de información precisa sobre un tema ya de por sí complejo como es el funcionamiento del sistema energético en España. Un modelo que, en lo referente a la tarifa del mercado regulado, el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), es una singularidad en Europa, ya que es el único que tiene una fuerte dependencia del mercado mayorista de la electricidad, algo que lo hace especialmente vulnerable frente a vaivenes como los actuales.
Sin embargo, siendo esta situación particular del mercado español, conviene aclarar una serie de conceptos que pueden ayudar a explicar por qué nos encontramos en la situación actual y qué se puede hacer para salir de ella.
Lo primero que hay que señalar es que en España existen dos mercados de la electricidad, uno libre y otro regulado. Aproximadamente dos tercios de los consumidores (unos 17 millones de hogares ) están en el mercado libre, mientras que el tercio restante (unos 10,6 millones) se acoge al regulado. Y es únicamente a este último al que afectan directamente las subidas actuales en los precios. Los clientes del mercado libre pagan una cantidad fija por la electricidad. Esta tarifa es revisada en función de la periodicidad del contrato (un año, dos años, cinco años…), y la estabilidad que ofrece ha permitido a los clientes estar al resguardo de las subidas registradas en los últimos meses. Su principal ventaja es que ofrece la certeza a los consumidores de saber lo que van a pagar pase lo que pase en el mercado mayorista.
Aproximadamente dos tercios de los consumidores españoles están en el mercado libre de la electricidad, mientras que el tercio restante (unos 10,6 millones) se acoge al regulado
Las fuertes variaciones al alza en la factura las están sufriendo los casi 11 millones de consumidores que se rigen por el mercado regulado. ¿Por qué? Porque el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que viene marcada por el Gobierno, repercute directamente sobre el importe de la factura que llega a los hogares, pequeños negocios y empresas el precio diario del mercado mayorista. Como consecuencia, estos consumidores están expuestos a la volatilidad del ‘pool eléctrico’ y a factores externos sobre los que resulta difícil actuar.
Uno de esos factores externos es el gas. Hasta que España consiga hacer crecer sus infraestructuras de renovables, produce parte de su electricidad en centrales de gas natural. Un gas que es importado desde países como Rusia, Argelia o Marruecos. El problema es que ese mercado se encuentra hoy sometido a fuertes desequilibrios que han provocado que el gas cueste hoy cinco veces más de lo que costaba en 2020. Un informe reciente del Banco de España atribuía el 50% del alza en los precios de la electricidad al incremento del precio del gas. Y es que, a pesar de que solo una parte de la electricidad generada en España tiene esa procedencia, el efecto de esos incrementos se ve amplificado en el mercado mayorista.
Las subidas en los precios no solo son negativas para los consumidores; también lo son para las compañías eléctricas, ya que afectan a sus propios costes. Hay que tener en cuenta que compañías como Endesa venden mucha más electricidad de la que producen, por lo que también se ven perjudicadas por la subida de los precios. Además, la inmensa mayoría de la energía que comercializa la compañía está vendida de antemano, uno o dos años antes, a precios sustancialmente menores a los que ahora marca el mercado mayorista. “Nosotros aspiramos a que se use cada vez más electricidad, ya que es la única forma de luchar contra el cambio climático. Necesitamos que la electricidad sea barata y que exista un consenso social y político en torno a la energía”, aseguran fuentes de la compañía.
¿Qué se puede hacer para detener la escalada? Es la gran pregunta que todos se hacen en estos momentos, especialmente los consumidores que sufren estos vaivenes en el importe de su factura. Bajar tasas o que la factura no esté ligada a las oscilaciones del mercado mayorista parecen las medidas más obvias. Una vía que pasaría por que el Gobierno reformara la tarifa regulada vinculándola a precios estables, tal y como sucede en muchos países europeos.
Más allá de las necesarias medidas de choque para detener la sangría, la crisis de las tarifas eléctricas aporta una razón de peso más para acelerar la transición ecológica hacia un modelo basado en energías limpias. Un camino que se ve lastrado por errores cometidos en el pasado, pero que no admite más demoras. Desde Endesa reclaman una urgente eliminación de barreras a la construcción y entrada en servicio de las renovables. Porque son, concluyen, “las que nos va a proveer de energía barata, nos van a liberar de la dependencia de terceros y, por si fuera poco, nos van a permitir dejar de contaminar al producir energía eléctrica”.