La amenaza de multas obliga a los fabricantes a aumentar en veinte puntos las ventas de diésel

Los fabricantes de automóviles se encuentran en una gran encrucijada, sobre todo cuando hablamos del mercado español, aunque también extensible a gran parte de los países europeos. Por un lado, deben ajustar sus valores de emisiones de CO2 a la baja con cierta celeridad, algo que se ha logrado de forma especialmente eficaz en los motores diésel de última generación. Pero por otro, gobiernos como el todavía en funciones en España emprendieron hace algo más de un año una absurda guerra contra los motores de combustión en general y de manera especial contra el diésel, con anuncios que han demonizado sus ventas y que ha hecho que estas cayeran desde entonces de manera espectacular.

Y es que debido a ese descenso de ventas de motores de gasóleo se han incrementado las emisiones de CO2 en España, y por ello las matriculaciones de vehículos diésel de última generación tendrían que incrementarse en veinte puntos porcentuales el año que viene, y triplicarse en el caso de los vehículos eléctricos, para que nuestro mercado pueda cumplir con las exigencias medioambientales de la Unión Europea, que ha establecido que todos los vehículos que matricule cada fabricante en Europa deberán emitir de media 95 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2021.

Multas millonarias

Así lo señala patronal de los concesionarios españoles, Faconauto, en el transcurso de la I Jornada de Automoción del País Vasco, donde también ha recalcado que, con la configuración actual de matriculaciones, casi ningún fabricante cumplirá los ambiciosos objetivos europeos. De esta manera, las marcas se enfrentan a multas de 95 euros por coche y por cada gramo de CO2 que rebase ese objetivo.

En lo que va de año, las matriculaciones de modelos diésel han caído un 32,4%, suponiendo sólo el 27,5% del total. En paralelo, las emisiones medias de CO2 de los coches nuevos vendidos en nuestro país se han situado en los 118 gramos por kilómetro, lo que supone un 1,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Faconauto ha hecho también hincapié en la falta de lógica que supone el hecho de que se esté legislando contra el diésel y que, al mismo tiempo, el sector se vaya a ver obligado a vender muchos más modelos diésel de última generación, que emiten hasta un 20% menos CO2 que los de gasolina, para cumplir con los objetivos establecidos por la UE.

En este sentido, la patronal ha indicado que ni la implantación ni la producción del vehículo eléctrico es todavía suficiente como para que pueda ayudar a las marcas de manera clara a cumplir con lo que establece Europa, por lo que tendrán que apoyarse obligatoriamente en otras tecnologías.

“Se están queriendo acelerar los procesos sin que ni la tecnología ni los compradores estén preparados. Los ambiciosos límites establecidos por la UE son un intento de acelerar la llegada de una movilidad descarbonizada, objetivo que compartimos en el fondo, pero no en la forma. Falla el calendario porque, para cumplirlos, hoy en día el vehículo eléctrico por si mismo no es la solución, ya que no está suficientemente extendido, lo que nos llevará tener que apostar de nuevo por el diésel de última generación. El resultado es la confusión de los compradores y el retraimiento del mercado”, ha manifestado Gerardo Pérez, presidente de Faconauto.

La patronal ha advertido que hay marcas que están trasladando el problema a sus redes de concesionarios vinculando sus objetivos comerciales a que cumplan con el “mix” medioambiental. “Los concesionarios estamos colaborando con las marcas para ver cómo podemos alcanzar un “mix” de matriculaciones que nos permita dar respuesta a las exigencias medioambientales que nos llegan de Europa. Sin embargo, algunos fabricantes están trasladando el problema a los concesionarios imponiendo sanciones si no cumplen con ese “mix”. Nos parece una gran injusticia y pedimos que, por lo menos, se negocien esos objetivos. Las marcas que no quieran hacerlo se encontrarán con la oposición frontal de los concesionarios”, ha recalcado Gerardo Pérez.

Los concesionarios españoles señalan por ello que necesitan un Gobierno que tome decisiones, y que se elimine el ruido ambiental en torno a los propulsores, para que el comprador decida cuál es su opción ideal, si gasolina, diesel, eléctrico o híbrido. Desde la patronal se propuso hace unos meses un Plan Nacional de Achatarramiento a cinco años vista que debería contar con un presupuesto de 2.500 millones de euros para achatarrar cerca de 2,5 millones de vehículos. Un plan que permitiría frenar el envejecimiento del parque cuya edad media, de esta manera, se situaría en 11,8 años en 2025, y que tendría un retorno por recaudación de impuestos y otros ingresos de más de 10.000 millones de euros, así como un importante impacto en reducción de emisiones y ahorro de combustible.