Publicado: 15/01/2016 04:00
La Fiscalía Anticorrupción acusará a los 66 consejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia de un delito de apropiación indebida por el uso de las 'tarjetas blacks' -"un sistema retributivo que carecía de todo amparo legal"- en el juicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. En el escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para los usuarios de los plásticos opacos penas de prisión que van desde los seis años de prisión -la máxima pena- en el caso del expresidente de la entidad, Miguel Blesa, al año de cárcel –la mínima pena- que solicita para el economista Juan Emilio Iranzo, quién pagó con su visa opaca hasta ropa de lencería de la marca Women Secret.
Los dos imputados que reciben la mayor solicitud de penas por parte de Anticorrupción son Blesa y su sucesor en Bankia, Rodrigo Rato, ya que durante la época del primero al frente de Caja Madrid los beneficiarios de las 'tarjetas black' gastaron 9,3 millones de euros mientras que en el periodo de tiempo en que el ex vicepresidente del Gobierno presidió Bankia el uso de las black ascendió a 2,69 millones de euros.
La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para el José Antonio Moral Santín, Estanislao Rodríguez Ponga o Gerardo Díaz Ferrán
En el caso de Blesa, el fiscal sostiene que "consagró" el sistema de las visas opacas y "autorizó su entrega a los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y a determinados altos directivos de unas tarjetas de crédito que, hasta la cuantía por el mismo establecida y con cargo a la sociedad, podían ser empleadas por sus usuarios para gastos de libre disposición, incluidos gastos propios de naturaleza estrictamente personal".
Por su parte, para Rodrigo Rato solicita cuatro años y medio de cárcel por haber trasladado "sin acuerdo previo ni soporte legal, estatutario o contractual" a Bankia el mecanismo de las tarjetas black. A ambos les siguen en mayor solicitud de penas de prisión los miembros del Consejo de Administración de Caja Madrid y Bankia para los que Anticorrupción pide cuatro años. Son, por ejemplo, el ex consejero de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín; el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga; el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el sindicalista Rodolfo Benito.
El mejor parado: Enrique de la Torre
Mejor parado sale, por ejemplo, el exconsejero José Manuel Fernández Norniella para el que la Fiscalía solicita tres años de cárcel por el uso de su tarjeta 'black', con la que gastó 175.966 euros. Anticorrupción solicita una pena menor para él en comparación el resto de exconsejeros ya que considera un atenuante que Norniella -también imputado en la causa donde se investiga la trama empresarial dirigida por Rodrigo Rato y en el denominado caso Bankia- haya devuelto parte del dinero 'quemado' con su visa opaca. Junto con Fernández Norniella, el Ministerio Público considera que concurre la circunstancia de atenuante a otros diez beneficiarios de las 'black' que han devuelto parte o todo lo gastado. Sin embargo, el fiscal rehúsa aplicar dicho atenuante con Rato, con el ex jefe de la Casa Real Rafael Spottorno y con el exsecretario general de Caja Madrid Cibeles, Ignacio de Navasqüés.
Pese a ser considerado el repartidor de las 'tarjetas black' y no haber consignado los 320.742 euros que gastó con su visa, el fiscal pide tan sólo dos años de cárcel para De la Torre
No obstante, uno de los mejor parados en el escrito de acusación del fiscal es el exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, que pese a ser considerado como el repartidor de las tarjetas black y no haber consignado los 320.742 euros que gastó con su visa, para él Anticorrupción solicita dos años de cárcel y multa de siete meses con una cuota diaria de 300 euros.
Por otro lado, llama la atención que fiscal y juez hacen una calificación jurídica distinta de los mismos hechos. Mientras que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluyó que el uso de los plásticos opacos al fisco podrían constituir los delitos de administración desleal respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, el magistrado atribuyó un delito de apropiación indebida al resto de los beneficiarios.
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