Internacional

La Fiscalía pide 18 meses de prisión para delatores del escándalo LuxLeaks

La Fiscalía de Luxemburgo acusa a Deltour, un exauditor en PwC, a Perrin y a Halet, otro exempleado de la consultora, auditora y asesora legal y fiscal, de haber publicado unos 28.000 documentos sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales entre 2002 y 2010.

El periodista francés Edouard Perrin llega al Tribunal de Luxemburgo.
El periodista francés Edouard Perrin llega al Tribunal de Luxemburgo. EFE

La Fiscalía de Luxemburgo ha pedido una pena de 18 meses de cárcel para AntoineDeltour y RaphaëlHalet, dos exempleados de la consultora PwC que filtraron miles de documentos del escándalo fiscal LuxLeaks, por el que se descubrieron las ventajas fiscales concedidas por el Gran Ducado a multinacionales. El fiscal del Estado, David Lentz, solicitó para el tercer acusado, el periodista francés Edouard Perrin, una multa, aunque no precisó el importe, según informó este martes el diario luxemburgués L'Essentiel.

El fiscal dijo que "no se opone" a que Deltour y Halet no ingresen finalmente en prisión y cumplan la pena en libertad condicional, de acuerdo con el periódico. El representante del Ministerio Público rechazó reconocer el calificativo de "informantes" a los dos exempleados de PricewaterhouseCoopers (PwC) y acusó al periodista Perrin de haber "transgredido el derecho penal". "Nos encontramos aquí para que se haga justicia (...), este proceso debía tener lugar. Es desagradable, pero mi papel es proteger a la sociedad de abusos", dijo el fiscal, según L'Essentiel, que añadió que los abogados de los tres acusados solicitaron la absolución de sus clientes.

Deltour está acusado de haber robado documentos de la consultora antes de que la abandonara en 2010 y de revelar secretos empresariales

Durante el proceso, que comenzó el 26 de abril en Luxemburgo, Deltour reivindicó su papel de informante y se confesó "orgulloso" de haber hecho avanzar el debate sobre la elusión fiscal en Europa. Su abogado, William Bourdon, destacó hoy en sus alegatos el gran debate que se originó en Europa debido a la revelación en 2014 del escándalo LuxLeaks, gracias a la cual el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien fue primer ministro en el Gran Ducado cuando se concedieron las ventajas fiscales, ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal una de sus prioridades.

La sentencia en el caso no se espera hasta mediados o incluso finales de junio, según L'Essentiel. La Fiscalía de Luxemburgo acusa a Deltour, un exauditor en PwC, a Perrin y a Halet, otro exempleado de la consultora, auditora y asesora legal y fiscal, de haber publicado unos 28.000 documentos sobre las resoluciones tributarias acordadas entre el Gran Ducado y 340 multinacionales entre 2002 y 2010. Perrin se declaró no culpable al comienzo del juicio. Deltour está acusado de haber robado documentos de la consultora antes de que la abandonara en 2010 y de revelar secretos empresariales y haber violado la confidencialidad profesional.

Confió los documentos a Perrin, quien primero reveló la información en 2012 en un programa de la cadena de televisión pública France 2, y que está acusado de complicidad en el robo de documentos, de revelación de información confidencial y de violación del secreto profesional. Se le acusa de haber manipulado a Halet para que efectuara una segunda filtración de documentos. El escándalo reveló prácticas del Gran Ducado que permitieron a las multinacionales pagar menos del 1 % en impuestos en lugar de un 29 % y salpicó directamente a Juncker, quien en aquel entonces era primer ministro de Luxemburgo, además de titular de Finanzas.

La filtración fue el escándalo más importante en materia de elusión fiscal hasta la publicación de los "PapelesdePanamá". La CE impulsó a continuación una serie de medidas para luchar contra las complejas artimañas de las multinacionales e impulsar el intercambio automático de información, además de investigar las resoluciones tributarias en los países miembros y abrir casos contra Apple, Amazon, Fiat o Starbucks, entre otras empresas. También la Eurocámara creó una comisión especial para investigar las ventajas tributarias, que no son ilegales pero sí cuestionadas ética y moralmente.



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