El Consejo de Ministros aprobará este lunes otro decreto para prorrogar a partir del uno de enero el gravamen que pagan las empresas energéticas desde 2022, pero sabe que el Congreso no va a convalidarlo porque las diferencias insalvables entre sus impulsores ERC, Bildu y Podemos, frente a PNV y Junts per Catalunya, lo impiden. Ya se vio el jueves en el Pleno del Congreso y se volverá a ver en febrero, cuando toque convalidar ese nuevo decreto; Por eso, el Ministerio de Hacienda estudia opciones para incluir una disposición adicional o final que retrasaría su entrada en vigor hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se trata de evitar así posteriores recursos judiciales de devolución de miles de millones recaudados indebidamente por Hacienda durante el mes que tan efímera legislación vaya a estar en vigor y, sobre todo, admiten a Vozpópuli fuentes gubernamentales, evitar la sensación de inseguridad jurídica que se pueda trasladar al mundo empresarial y económico en general con lo que en el fondo es una tasa fake para contentar a los socios de izquierda.

Una disposición o un simple retraso

El Gobierno tiene la opción de la disposición adicional o final, o tambien, para no incomodar a esos partidos de izquierda dejando por escrito ese retraso en el decreto, directamente retrasar su publicación en el BOE "tres o cuatro semanas", hasta ver si el primer Pleno del nuevo período de sesiones lo convalida. De hecho, no sería la primera vez que el Ejecutivo recurre a esta práctica: Tras la aprobación definitiva de la polémica Ley de Amnistía, ésta no se publicó en el botetín oficial en un plazo de 48 horas, como suele ser lo habitual, sino que se retrasó hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio para que nadie pudiera usarla polìticamente en campaña con un posible recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo que tiene claro el gabinete de coalición es que no quiere una batalla en los tribunales con las empresas que acabe en una derrota "inevitable" de Hacienda. Sabe que el gravamen, tal y como fue concebido, expira el 31 de enero y solo por abonar el relato de sus socios más a la izquierda no va a abrir otro frente con PNV y Junts en vísperas de iniciar con todos la trascendental negociación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2025; o cuando está todavía en el aire la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas pactada este viernes por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, UGT y CCOO, que tanto los nacionalistas vascos como los neoconvergentes rechazan si se aplica sin matices.

Además de la cuestión de fondo, su oposición a gravar más a empresas estratégicas para la economía vasca, el PNV nunca estuvo dispuesto a hacerlo vía decreto-ley y no como proyecto de ley; primero, porque tiene dudas de que el Tribunal Supremo y/o el Tribunal Constitucional no acaben tumbándolo -hay jurisprudencia en contra e legislar un impuesto por decreto-, y segundo, porque si se hace por decreto el Gobierno Vasco no podría regularlo en su territorio para aplicar una bonificación hasta dejarlo en el 0% y que las energéticas no lo pagarán en el País Vasco

PNV y Junts rechazan seguir con el gravamen a la facturación de Repsol, de Naturgy y de otras empresas que tienen comprometidos, en total, 3.500 millones de inversión en plantas de hidrógeno verde durante los próximos años precisamente por ello, porque son muy beligerantes -en particular el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz- en su rechazo a seguir engordando las arcas de Hacienda (2.800 millones en los dos últimos años) cuando ya pagan miles de millones en Impuesto de Sociedades, IVA y otros conceptos.

Imaz escribió un durísimo artículo contra el "populismo" fiscal de este gobierno, en el que amenazaba con suspender los 1.500 millones de inversión de Repsol en plantas de hidrógeno verde que va a contribuir a la descarbonización de la compañía española; lo cual encendió las alarmas tanto del PNV, partido del que fue presidente, como de Junts porque el grueso de esa cantidad se va a destinar a una planta petroquímica en Campo de Tarragona.

Ataque al autogobierno vasco

Además de la cuestión de fondo, su oposición a gravar más a empresas estratégicas para la economía vasca, el PNV nunca estuvo dispuesto a hacerlo vía decreto-ley y no como proyecto de ley; primero, porque tiene dudas de que el Tribunal Supremo y/o el Tribunal Constitucional no acaben tumbándolo -hay jurisprudencia en contra e legislar un impuesto por decreto-, y segundo, porque si se hace por decreto el Gobierno Vasco no podría regularlo en su territorio para aplicar una bonificación hasta dejarlo en el 0% y que las energéticas no lo pagarán en el País Vasco.

Palabras mayores para un partido, el PNV, que hace del autogobierno Vasco santo y seña; por eso su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha mantenido esta semana un duro enfrentamiento con Bildu y con Podemos, a cuya secretaria general, Ione Belarra, ha pedido que aplique el principio de realidad de aceptar que las izquierdas no tienen mayoría en el Congreso para aplicar su programa. A ello ha contestado Belarra tildándole de "diputado Repsol" tensando hasta el límite la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez está decidido a presentar Presupuestos, se los aprueben o no las Cortes, como afirmó en Bruselas, porque "sudamos la camiseta, peleamos todos los partidos hasta el último segundo; no damos por perdido ninguno"; y tamnién porque necesita hacer ver a sus votantes que él lo ha intentado, por si se ve obligado a adelantar elecciones, reconocen en el PSOE

Tanto el presidente del Gobierno como su vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intenta poner al mal tiempo buena cara. Este jueves por la noche, horas después de que el Congreso tumbara la prórroga del gravamen a partir del uno de enero con los votos a favor de PP, VOX, Junts y PNV, Sánchez le restó importancia. Dijo que el Ejecutivo sabe desde hace seis años lo que cuesta formar mayorías y restó importancia al revés que le han dado los partidos de centro derecha tumbándole esa tasa energética y la subida de diez céntimos en el litro de diésel para los consumidores.

Sánchez está decidido a presentar Presupuestos, se los aprueben o no las Cortes, como afirmó en Bruselas, porque "sudamos la camiseta, peleamos todos los partidos hasta el último segundo; no damos por perdido ninguno. Esa es la actitud que le pido a mis ministros y con la que venimos gobernando con buenos resultados desde el punto de vista económico, de creación de empleo, de crecimiento, de transformación del tejido productivo, de la reducción de la desigualdad o de la descarbonización de nuestra economía». Fuentes del propio Ejecutivo, del PSOE y de los socios parlamentarios consultadas por este periódico dan por seguro que eso será así y coinciden en argumentarlo así: necesita hacer ver a sus votantes que él lo ha intentado, por si se ve obligado a adelantar elecciones el año próximo.

El PP y el ahorro de 6.500 millones

María Jesús Montero, por su parte, salió el jueves del Pleno cariacontecida e intentando contraatacar la estrategia del PP de señalar que, gracias a la mayoría coyuntural que formaron en ese último Pleno del Congreso éste año con VOX, Junts y PNV, los españoles se ahorrarán en 2025 un total de 6.500 millones que suman la no prórroga del impuesto a las energéticas -dando por hecho que lo repercutirían en el precio de los combustibles-, la subida directa de diez céntimos en el litro de diésel y la rebaja del IVA al 4% en yogures y productos lácteos.

La ministra de Hacienda reconoció la imposibilidad de que salga adelante en el Congreso el decreto con el nuevo gravamen a las empresas energéticas que va a aprobar este lunes el Consejo de Ministros, pero afirmó que el Gobierno «cumple sus compromisos». Su apuesta pasa por impulsar un impuesto permanente que sustituya al gravamen que decae el 31 de diciembre, con deducciones «para posibilitar la electrificación de la economía y del conjunto de la sociedad». Eso sí, sin tensar al máximo las relaciones entre socios, como ha ocurrido esta semana, porque está en peligro la continuidad de la legislatura.

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