Justicia

Los jueces decanos de toda España exigen al ministro de Justicia órganos provinciales para investigar la corrupción

Exigen un pacto de Estado que permita un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz e independiente de los políticos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que conserva el cargo, ha sido el primero en jurar ante el Rey, para actuar como notario mayor del Reino y dar fe del juramento de sus compañeros de Gabinete.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que conserva el cargo, ha sido el primero en jurar ante el Rey, para actuar como notario mayor del Reino y dar fe del juramento de sus compañeros de Gabinete. EFE/Sergio Barrenechea

Los jueces decanos de toda España, que se han reunido recientemente en Málaga, han elaborado un documento de 23 folios en el que ponen deberes al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al que exigirán un pacto de Estado que permita construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz.

Entre las peticiones de los decanos está la creación de órganos especializados en materia de investigación e instrucción de los delitos de corrupción y económicos a nivel provincial.

Solicitan más medios para la Justicia y recuerdan que las ayudas públicas al sector financiero han ascendido a más de 60.000 millones de euros, lo que representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España. "Mientras no se destinan a su trabajo los fondos que precisan", señalan.

Los jueces dicen que, pese a las dificultades y a la escasa apuesta institucional, han asumido un firme compromiso en cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas, por citar algunos ejemplos. "Estamos preparados para afrontar estos retos, sin duda", añaden.

Reclaman la colaboración de los poderes del Estado que gestionan el presupuesto y proporcionan los medios e instrumentos legales que necesitan para su trabajo.

 “El problema", añaden, "es que el transcurso de los años ha evidenciado que en España no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia”.

Les llama la atención a los decanos que “desde determinados ámbitos se exige celeridad para ciertas causas, o se lamenta la lentitud del sistema judicial, cuando desde ese mismo ámbito se ha cerrado sistemáticamente el paso a una decidida modernización de la Justicia, que sí se ha dado en otros ámbitos”.

Hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia

Igualmente, consideran que hoy más que nunca es necesario un Pacto de Estado en materia de Justicia, “en busca de la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional”.

Además, exigen los medios humanos y materiales "que están obligados a proporcionar el Estado y las comunidades autónomas, algo que no debería recordarse, aunque es necesario hacerlo ante el histórico abandono del sistema judicial".

Consideran que es el momento de llegar a un gran Pacto de Estado en el que figure un Plan Director General de Modernización de la Justicia, a medio y largo plazo.

Los jueces dicen que no se resignan y quieren la excelencia en el servicio que prestan y que demandan y merecen los ciudadanos, "la mejor Justicia posible: atenta, dispuesta, eficaz, moderna, independiente, con suficientes jueces formados y motivados que dispongan del tiempo necesario para atender cada asunto".

Demandan con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta clara “que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política de apostar por la modernización judicial”.

“No se trata sólo de aprobar leyes, ya muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente dotación presupuestaria, hoy muy escasa”, señalan.

Peticiones

Tras este análisis se plantean las siguientes peticiones.

-Ha de elaborarse un plan de inversiones prolongado durante varias legislaturas, que permita dotar a la Administración de Justicia de los medios imprescindibles

-Es imprescindible incrementar el número de jueces y elaborar un programa de ampliación de la planta judicial a medio y largo plazo.

-Hoy somos 5.500 jueces y juezas en España y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces. Pero antes debemos diseñar el nuevo modelo judicial y determinar qué tipo de organización judicial queremos.

-Es preciso arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España. Ya se elaboró un complejo catálogo de medidas que han dado buenos resultados

-Hay que acomodar la obsoleta organización territorial judicial que data de principios del siglo XIX y acomodarla a la realidad social, política, económica y demográfica actual. No tiene sentido hoy que el territorio español esté dividido en 422 partidos judiciales.

-Es necesario cambiar el sistema de organización interno de los órganos judiciales superando el concepto de Juzgado-isla separado y numerado y tender a la nueva organización que suponen los Tribunales Colegiados, ya existentes en otros países

Hay que invertir, adaptar, reorganización y modernización del actual Registro Civil

-El registro civil debe continuar en manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta función, que desempeñan desde 1870, que son los propios jueces y los letrados de la Administración de Justicia. Hay que invertir, adaptar, reorganización y modernización del actual Registro Civil.

-Mejora, centralización y especialización del sistema de averiguación de bienes, así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución e incluso debería plantearse seriamente la externalización de este cometido a la AEAT bajo estricto control judicial, comenzando por la ejecución de las multas que ingresan en el Tesoro Público.

-Propugnamos la potenciación de las Oficinas de Atención al Ciudadano, Atención a las Víctimas y la creación de Oficinas de Información de Asistencia Social.

-Es preciso redefinir las competencias de las comunidades autónomas (CCAA) que frecuentemente actúan como auténticos reinos de taifa en el ámbito judicial con una descoordinación absoluta. Hay que poner fin a la fragmentación de los centros de decisión y sobre todo al frecuente incumplimiento de su obligación institucional de dotar de medios suficientes a la Administración de Justicia

-Continúa la triste e incomprensible incompatibilidad sistemas informáticos de las distintas CCAA. Ha de adoptarse con urgencia una solución que permita compatibilizar todos los sistemas o establecer uno único para todo el Estado.

-Los jueces no nos oponemos a la implantación del expediente digital, pero el sistema de desarrollo del mismo es altamente deficitario; se está haciendo, ninguneando absolutamente a los jueces, prohibiendo incluso la impresión de documentos.

-Entendemos que el CGPJ debe de quedar al margen de cualquier tipo de influencia o designación política, como así venimos postulando desde hace muchos años.

-Elección por los propios jueces y magistrados de las presidencias de tribunales.

-Reclamamos la independencia económica del Poder Judicial, que no puede ni debe seguir condicionado por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos.

-Los jueces decanos demandamos del CGPJ una mayor contundencia a la hora de censurar los ataques a jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional en lo que suponen de afrenta a la independencia judicial.

-Se deben reducir los aforamientos.

-El indulto puede tener sentido en casos muy excepcionales para mitigar la rigurosa o tardía aplicación de la ley, pero debería ser siempre motivado y requerir al menos informe favorable del tribunal sentenciador.

-Proponemos limitar las puertas giratorias, debe suprimirse los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los parlamentos de las CCAA.

-Carga de trabajo. Una vez admitida la máxima carga debe impedirse la tramitación de algún caso más.

-Incremento de policía judicial especializada y su regulación como auténtica policía judicial.

-Reformas procesales y penales.



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