Referéndum en Cataluña

Temor en el Gobierno y el PSOE a que la Diada lleve la tensión del 1-O a la calle

No hay dudas de que los independentistas preparan una manifestación masiva para el próximo lunes, pero la preocupación es que se convierta en un alarde de la desobediencia frente al Estado y que incendie aún más los ánimos.

Un momento de la Diada del año pasado.
Un momento de la Diada del año pasado. EFE

El pulso está en marcha. El Govern y las fuerzas soberanistas en el Parlamento de Cataluña han llevado adelante su desafío y han puesto la maquinaria independentista a caminar y la cuenta atrás para el 1-O. Y, entre las muchas fechas señaladas que aguardan en el calendario hasta esa jornada, destaca la del próximo lunes, 11 de septiembre. Los organizadores de la Diada esperan este año una gran movilización y nadie duda de que lo será. Pero en el Gobierno y en el PSOE cunde la preocupación de que la cita traslade la tensión a las calles.

"Mostremos la fuerza de la gente a los políticos de aquí y de allí. Ahora más que nunca no es el momento de las excusas ni de desanimarse". Así llaman las organizaciones detrás de la marcha de la Diada a participar en una manifestación que este año tiene por lema el "sí" a la independencia que quieren votar el 1 de octubre. "Esta Diada será un evento mundial de primera magnitud y no puedes fallar". 

La de este año será la sexta manifestación ciudadana a favor de la independencia de Cataluña, tras cinco masivas, pero este año discurrirá por las calles de Barcelona en unambiente diferente al de las anteriores. Lo hará después de que el Govern haya firmado el decreto de convocatoria del referéndum que llevaban años pidiendo en las calles y con la nulidad declarada por el Tribunal Constitucional, al que los independentistas han asegurado que van a desoír. Y que ya ha generado las primeras protestas en las calles

El Gobierno se mantiene firme en la defensa de la legalidad y, tal y como le volvió a asegurar esta semana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al presidente, Mariano Rajoy, cuenta con el respaldo de los socialistas para defender el Estado de Derecho. Sin embargo, a la "firmeza" con la que Gobierno y PSOE defienden que no va a haber referéndum el 1 de octubre, se añade también la "preocupación" por el precipicio al que creen que han llevado las autoridades catalanas a las instituciones y a la sociedad.

Nadie, ni en Moncloa ni en Ferraz, se atreve a hablar de lo que está por venir, pero sí admiten que están "muy preocupados" por la situación. Y esperan con cautela a la exhibición de fuerza que quieren hacer los independentistas el próximo lunes.

Nadie, ni en Moncloa ni en Ferraz, se atreve a hablar de lo que está por venir, pero sí admiten que están "muy preocupados" por la situación

Como en años anteriores, y como es de esperar, a esa manifestación no irán representantes del PP ni del PSC. Los socialistas sí asisten a los actos institucionales que se organizan con motivo del Día de Cataluña, mientras que los 'populares' se han ausentado en los últimos años. 

Pero seguirán la marcha de lejos con atención. "¿Alguien duda que va a haber más de un millón de personas?", admiten en el PSOE, donde algunos dirigentes no esconden su preocupación por su desarrollo, tal y como están los ánimos de encendidos. Sin tener en cuenta las últimas jornadas en el Parlament, temen que la tensión se dispare, más aún viendo cómo la decisión de muchos alcaldes de no ceder espacios a la consulta, ya ha provocado manifestaciones frente a Ayuntamientos.

¿Presencia constante en las calles?

Aunque no quieren hacer pronósticos agoreros, creen que la Diada puede servir para "calentar" movilizaciones contra el Estado, que pueden ser más frecuentes hasta la fecha del 1 de octubre, que los independentistas están dispuestos a mantener a toda costa. De hecho, en algunos sectores se apunta que desde la CUP se podría estar alentando a una presencia constante en las calles durante todo septiembre, que podría tener el arranque en 'la Diada del sí'.

Hasta ahora, las manifestaciones independentistas de todos los 11 de septiembre se han sucedido sin incidentes, si bien cada año la jornada acaba con la quema de banderas e imágenes del Rey en la alternativa marcha de la izquierda anticapitalista, que el año pasado estuvo organizada por la CUP y otras organizaciones relacionadas con este partido, como Arran.

Y es precisamente la CUP, socios del PDCat y ERC para aprobar las leyes independentistas, quien más preocupa a 'populares' y socialistas, porque este partido, recuerdan, ya tiene experiencia en "agitar" las calles y lleva tiempo llamando a la desobediencia frente las decisiones del Estado.

Ante esta situación, en el Gobierno y en el PSOE coinciden también en que es más importante que nunca mantener la prudencia, aunque haya "provocaciones" en la búsqueda de una imagen que alimente el discurso "victimista" del independentismo. Es el momento, señalan, de mantener la calma.

Es lo que se ha tratado de hacer también con la reacción de algunos independentistas al anuncio de alcaldes de que no participarán en la consulta. Los alcaldes del PSC fueron los primeros en responder a la carta en la que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, les pedía a todos aclarar en un plazo de 48 horas qué espacios iban a ceder.

En un primer momento, antes de que hablara el TC, dijeron que se atendrían a sus secretarios municipales, pero una vez el alto tribunal anuló la convocatoria, avisaron de que no colaborarán con una ilegalidad. Entre los primeros en decirlo estuvo la alcadesa de L'Hospitalet, segunda ciudad en número de habitantes por detrás de Barcelona, Nuria Marin.

Y las reacciones no se hicieron esperar. A las puertas del Ayuntamiento de Lleida, en manos del socialista Angel Ros, se concentraron ayer decenas de personas pidiendo que coloque las urnas y exigiendo su dimisión. El secretario general del PSOE trasladó ayer en las redes sociales su apoyo a sus compañeros del PSC.

Pero los socialistas no han sido los únicos en negarse a los planes del Govern y el Parlament. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, asestó ayer un golpe a los soberanistas, al paralizar la cesión de sus colegios electorales para el 1-O para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios. 


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