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La TDT que planea el Gobierno también choca con el criterio de la CNMC y de los juristas del Estado

El plan del Ejecutivo de establecer barreras para que grupos extranjeros no puedan entrar en la TDT es contraria al criterio de Competencia y a la esencia de la propia Ley de Comunicación Audiovisual. Los abogados de Industria piden que la nueva normativa respete las sentencias del Tribunal Supremo sobre el cierre de canales. La "inseguridad" se adueña del sector.

El ministro de Industria, José Manuel Soria
El ministro de Industria, José Manuel Soria EFE

La gestión de José Manuel Soria sobre la nueva Televisión Digital Terrestre (TDT) será recordada por ser capaz de enervar, en algún momento, a todos y cada uno de los agentes implicados en este sector. Varios documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli recogen que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los juristas del departamento de Industria y hasta el Consejo de Estado están en contra de la política que el Ministerio ha puesto en práctica durante toda la legislatura. También del plan con el que el Ejecutivo quiere sentar las bases de la nueva TDT.

El expediente administrativo que precedió al plan técnico del Ministerio de Industria sobre la TDT incluye el dictamen de la CNMC sobre la situación en la que debe quedar este sector tras los cambios a los que ha sido y será sometido. Competencia está de acuerdo en que salgan a concurso las licencias de canales que anuló el pasado mayo el Tribunal Supremo (TS), pero expresa su disconformidad ante cualquier intento de favorecer los intereses de las empresas que ya cuentan con concesiones para emitir en abierto. Principalmente, con las que más canales tienen.

Fuentes del sector audiovisual cercanas al Ejecutivo han destacado a este periódico que Moncloa baraja tirar de decreto para legislar sobre los asuntos más espinosos relacionados con la televisión. La ley obliga a adjudicar en 2015 cinco licencias de TDT por las que ya han expresado su interés diversas empresas, entre ellas, extranjeras como Al Jazeera. El deseo del Gobierno es que se las queden compañías que no le sean especialmente incómodas, como Atresmedia, Mediaset o 13TV, para lo que incluirá en las condiciones del concurso cláusulas que dificultarán la entrada a entidades del exterior y empresas indeseadas.

Moncloa baraja tirar de decreto para legislar sobre los asuntos más espinosos relacionados con el sector audiovisual

La CNMC ya avisó hace meses de que su opinión es contraria a esta forma de proceder. Lo hizo en estos términos: “La adjudicación contemplada mediante concurso debe guiarse por pautas objetivas, transparentes y competitivas (…), se recomienda la inclusión de previsiones que eviten el acaparamiento del espectro por parte de operadores que ya tienen un peso significativo”.

En su informe, Competencia desliza que así lo dicta la Ley General de Comunicación Audiovisual, cuya esencia –en principio- es la de promover un marco televisivo plural dentro de España. Es decir, lo contrario a lo que perseguían las restrictivas normativas anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Ejecutivo establece trabas en el concurso por las licencias de la TDT que impidan competir a las compañías que hoy no están presentes en la televisión en abierto –como así parece que será-, se saltará sin rubor las recomendaciones de este importante organismo.

Postura contraria de los juristas de Industria

El hecho más paradójico que se recoge en el expediente administrativo es que los propios juristas del Ministerio de Industria ponen en entredicho, tanto la gestión realizada sobre la TDT, como las medidas que se barajan desde el Gobierno para su futuro inmediato. En respuesta a una alegación presentada por Mediaset España, los abogados de este departamento ministerial exponen la necesidad de que se establezcan medidas “de rango legislativo” que refuercen la seguridad jurídica de las empresas del sector. Pero, a la vez, llaman a que esta normativa no choque con el ordenamiento jurídico. Se pronuncian de forma ambigua, pero fácil de interpretar.

Fuentes del sector han explicado a Vozpópuli que la hoja de ruta de Moncloa pasa por modificar la Ley de Comunicación Audiovisual para que las empresas de televisión tengan la posibilidad de gestionar "con total libertad" el espacio que se les adjudique en la TDT.

El Consejo de Estado ha criticado el retraso en la adaptación al Dividendo Digital

Hasta ahora, se les otorgaba una porción del espectro, en función del número de canales del que disponían; y se les retiraba en el caso de que dejaran de emitir. Pues bien, el Ejecutivo planea cambiar esta ley para que sea posible dar a las empresas múltiplex completos para que los administren como deseen. Estos informadores se muestran convencidos de que el proceso se efectuará mediante Decreto-Ley y que se tramitará y aprobará sin excesivos problemas. ¿Cuál sería la disyuntiva en este caso? Que, si se impulsa esta reglamentación, las sentencias del Tribunal Supremo sobre el cierre de canales de la TDT quedarían “en agua de borrajas” y no sólo se “desacreditaría” a este tribunal, sino que tampoco se tendría en cuenta el criterio de los abogados de Industria.

Tirón de orejas del Consejo de Estado por el Dividendo Digital

Entre los múltiples agentes que han afeado la política de José Manuel Soria sobre la transición a la nueva TDT se encuentra el Consejo de Estado, que en uno de sus informes critica –con tono sutil, eso sí- el retraso que ha sufrido este plan.

Cabe plantearse si el proceso de liberación del Dividendo Digital (…) no se ha demorado en exceso, afirma en su dictamen, en el que lamenta el retraso de 18 meses en la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba al cierre de nueve canales y expresa la necesidad de que este proceso no se repita de nuevo en 2020, cuando se prevé la liberación de nuevo espacio en el espectro radioeléctrico para otorgárselo a las compañías de telecomunicaciones.

Durante estos meses, la actuación encabezada por el ministro Soria con la TDT también ha creado controversias con las televisiones, las compañías de telecomunicaciones, las asociaciones de usuarios y hasta con los instaladores de antenas. A poco de que finalice la legislatura, se sabe que la televisión española en abierto acogerá grandes cambios antes de que acabe 2015, pero se desconoce la naturaleza y la orientación de los mismos, lo que configura un panorama que desde dentro del sector audiovisual muchos coinciden en calificar como "inseguro".


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