RTVE se prepara para su transición más difícil tras la "cantada" marcha de Sánchez

La situación que afrontará Radiotelevisión Española en los próximos meses es análoga a la del enfermo de urgencia que figura en los últimos puestos de una larga lista de espera. En medio de la mayor crisis de audiencia de su historia, con una posición financiera muy delicada y con una estructura que la propia SEPI –su principal accionista- ha definido como obsoleta, la corporación se prepara para uno de los procesos de transición de poder más duros de las últimas décadas, dado que la búsqueda de un nuevo líder y la renovación de su Consejo de Administración requerirá el acuerdo entre varias fuerzas antagónicas del nuevo Parlamento, lo que podría derivar en un bloqueo en la corporación. El segundo en los últimos años.

Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes internas, su presidente, José Antonio Sánchez, ha manifestado a  su entorno su intención de abandonar el cargo en cuanto le sea posible para volver a Telefónica, donde ejercía de directivo hasta que en 2011 fue llamado por Esperanza Aguirre para ponerse al frente de Telemadrid. La duda sobre Sánchez es si forzará su marcha o si continuará en su puesto hasta que se elija a su sucesor, al igual que ha hecho Ángel Martín Vizcaíno en la televisión pública madrileña. En cualquier caso, cabe recordar que el contrato del máximo responsable de RTVE expira en 2018.

A la salida del inquilino del sillón presidencial hay que sumar las que se producirán –o deberían producirse- dentro de su Consejo de Administración, donde hay cuatro miembros que deberían haber sido sustituidos hace 46 meses, cuando caducó su mandato. Estos son Miguel Ángel Sacaluga, Rosario López Miralles, Andrés Martín Velasco y Teresa Aranguren.

La falta de consenso en el Parlamento para tramitar su renovación ha hecho que se mantengan en su puesto desde 2013, percibiendo unos emolumentos de 500 euros por cada una de las reuniones de este órgano –mensuales, por lo general- a las que han asistido. La renovación del Consejo estará supeditada, por tanto, a un acuerdo entre los grupos políticos que en los últimos años ha brillado por su ausencia.

Partido bisagra

Una de las claves de esta nueva etapa será la posición que adopte Ciudadanos, que está llamado a ejercer de partido bisagra dentro de este proceso de renovación y que no está claro si caminará junto al PP o junto a Podemos y PSOE. La formación liderada por Albert Rivera ha manifestado por activa y por pasiva su voluntad de despolitizar la televisión pública y de seleccionar a sus gestores en virtud de sus méritos profesionales, y no de su habilidad para moverse por los pasillos de las sedes de los partidos políticos.

En junio de 2014, cuando cocinó su pacto con el PP en la Comunidad de Madrid, exigió como condición para prestar su apoyo a Cristina Cifuentes el que se comprometiera a ceder el control de Telemadrid, que hasta entonces había ejercido este partido con mano de hierro.

El problema es que este proceso de metamorfosis ha obligado a las cuatro fuerzas con representación en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) a mantener una ardua negociación, primero para dar forma a la nueva ley de la radio-televisión pública autonómica; y, segundo, para conformar su nueva estructura directiva. Esto ha dilatado considerablemente la transición hacia la 'nueva Telemadrid', hasta el punto de que actualmente, más de dos años después de los comicios autonómicos, todavía no se ha elegido al nuevo director general de la cadena.

RTVE, en riesgo de bloqueo

Fuentes del Consejo de Administración de RTVE no descartan que en la corporación se produzca una parálisis de este tipo tras la investidura del nuevo Gobierno. En ese caso, avisan de que las consecuencias podrían ser similares o peores a las que sufrió la televisión pública tras la dimisión, en 2011, de Alberto Oliart. Entonces, se produjo un bloqueo en la toma de decisiones que afectó especialmente a sus contenidos y, por consiguiente, a su audiencia, que ya se había resentido como consecuencia del recorte presupuestario de 200 millones de euros que había aplicado el Ejecutivo.

Antes de las elecciones del 26 de junio, Mariano Rajoy expresó su deseo de que, en el futuro, RTVE tenga un prestigio y un peso en la sociedad española similar al de la BBC en el Reino Unido, algo que se antoja harto complicado a tenor de su escasa audiencia y de la crisis de credibilidad de sus informativos, señalados en reiteradas ocasiones durante los últimos meses por su “especial condescendencia” a la hora de abordar los escándalos de corrupción que afectan al PP, según ha denunciado su Consejo de Informativos.

El temor en RTVE es que se produzca un bloqueo como el que tuvo lugar tras la dimisión de Alberto Oliart, en 2011

Ahora bien, el propio gabinete de Rajoy auspició en 2012 una reforma legal para poder elegir al presidente y al Consejo de Administración de la corporación sin necesidad de consensuarlo con el resto de las fuerzas parlamentarias; y nada hace pensar que esa postura vaya a cambiar en el futuro. Al menos, sin obtener ningún rédito político en el terreno audiovisual o en otro ámbito.

La postura de la oposición

Desde el PSOE, exigirán que los dirigentes de RTVE vuelvan a elegirse por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, como se hacía hasta 2012. Desde Podemos y Ciudadanos, apuestan porque el presidente de la corporación se seleccione a través de un concurso público en el que primen los méritos profesionales frente a los políticos (así se ha hecho recientemente en televisiones como la extremeña). Ahora bien, la clave está en la postura que adopte la formación naranja. Es decir, en si será más cercana al Partido Popular; o a las fuerzas de izquierda y nacionalistas, que han expresado su propósito de despolitizar la televisión pública.

Lo que las fuentes de la corporación tienen claro es que, a partir de ahora, tras la ruptura del equilibrio bipartidista, será mucho más difícil que el partido del Gobierno imponga a los dirigentes de la corporación y controle sus informativos. Ahora bien, también temen que la falta de consenso provoque distorsiones en el funcionamiento de una televisión pública cuya dimensión dentro del sector audiovisual español se ha empequeñecido de forma preocupante e imparable durante los últimos años.