El comité adelantó la firma del ERE de 'El País' después de que la Justicia fallara contra el grupo

La radical transformación del comité (Comisiones Obreras) que ha negociado el ERE de El País (132 despedidos) tras las reuniones mantenidas durante las pasadas navidades entre Fernández Toxo y Juan Luis Cebrián -al menos dos de ellas se celebraron en conocidos restaurantes de Madrid- no les termina de encajar a muchos de los afectados. Anteriormente a dichos encuentros, tanto el comité como el abogado de Comisiones Obreras contratado como asesor, Enrique Lillo, habían mostrado una postura de intransigencia ante cualquier intento negociador de la empresa, hasta el punto de que muchos de los despedidos, alarmados, contrataron abogados por su cuenta ante la actitud del comité del "no a todo" y la promesa de la toma del palacio de invierno de Miguel Yuste.

Los despedidos, muchos de los cuales estudian la viabilidad de iniciar acciones legales contra el comité por posible fraude a sus representados, ignoraban el sorprendente desenlace que pondría punto y final al culebrón del ERE. Ahora empiezan a atar cabos y, según ha podido saber Vozpópuli, sospechan por qué la empresa y el comité ocultaron a los trabajadores una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se declaraba nulo un ERE similar en el grupo y que iba a servir de referencia a los procesos abiertos simultáneamente en el País y Cinco Dias. De haberse trasladado al resto de las empresas afectadas por regulaciones de empleo en Prisa, habrían tenido una gran baza en la negociación gracias a este precedente favorable. En el caso de El País, un fallo judicial constatado a favor de los trabajadores habría multiplicado las indemnizaciones al haber quedado todo en despido improcedente. Pero lo que no pocos consideran una maniobra del comité 'in extremis' ha ahorrado unos cuantos millones al multiautopagado Cebrián (13 millones de euros anuales) y ha dejado a los despedidos con compensaciones muy inferiores a las que les hubieran correspondido por ley.

Una jugada de Cebrián era algo que cabía esperar por parte de la plantilla, pero lo que esos trabajadores no contemplaban era la posible complicidad de los sindicalistas con el consejero delegado del grupo. Las sospechas se basan en un baile de fechas y en las carreras por alcanzar un acuerdo a uña de caballo: la jueza se adelantó varios meses y la sentencia del TSJ de Madrid, que se esperaba para primavera, fue firmada el 8 de enero y remitida por correo a las partes tres días después, el 11 de enero. El acto de conciliación de El País ante la Audiencia Nacional, y el juicio en caso de no haber acuerdo entre comité y empresa, estaba previsto para el día 15 de ese mismo mes, sin embargo, el acuerdo se firmó un día antes, el 14 de enero.

Desde el Comité no ven nada significativo en el adelanto de la firma y le restan importancia. El preacuerdo del 3 de enero se votó el día 8 por el colectivo de trabajadores despedidos (80 votos a favor, 39 en contra y uno en blanco) y el día 9 por el resto de la plantilla (33 a favor, 66 en contra, 24 votos en blanco y dos nulos), aprobándose por el voto favorable de 2/3 de los trabajadores. “Se votó el día 8 porque se convocó a los despedidos en esa fecha. La empresa tenía intereses psicológicos y a nosotros nos daba un poco igual”, sostienen desde el sindicato. “Una vez votado el preacuerdo, el acto de conciliación podía haber sido cualquier día”, dicen, pese a estar fijado en un principio el día 15.

Extrabajadores creen que se aceleró el proceso para que no se filtrase la sentencia del TSJM

Las sospechas de los aún trabajadores y los que ya abandonaron la empresa van en aumento. Algo debían saber de la resolución judicial la empresa y CC.OO -comentan- cuando forzaron un adelanto de 24 horas el acto de conciliación. Según creen, este cambio de planes responde al temor a que el fallo judicial, por el que ya se habían interesado algunos medios ante el TSJM, llegara al conocimiento de los despedidos. Dicho fallo rechaza el ERE de Prisa Corporativo por dos acuerdos entre Prisa y todos los comités del grupo firmados en 2011. En ellos, la empresa se comprometió a no despedir a nadie hasta el 31 de diciembre de 2012. En caso contrario, cualquier salida forzosa se indemnizaría con 45 días por año trabajado. A cambio, la plantilla aceptó una rebaja salarial y desconvocó las huelgas de entonces. “La sentencia afecta exclusivamente a Prisa Corporativo”, afirman en el comité. Y así es. Lo que no reconocen es el valor de ese fallo por lo que suponía a la hora de allanar el camino a los trabajadores en su lucha contra el ERE. La creencia de que lo que dijera el primer tribunal que se pronunciara (sobre una de las seis empresas) sería la referencia, marcó todo el proceso.

Precisamente ésta ha sido la clave argumental de todas las demandas contra Prisa presentadas por los trabajadores y CC.OO. Pero la de Prisa Corporativo se adelantó en el tiempo a los planes de Cebrián y compañía, y entonces el supuesto pacto que más de uno se huele entre éste y Toxo dio sus frutos: el comité pasó de ardoroso revolucionario a sumiso colaborador. Y sorprendieron a los empleados con un acuerdo que, de no haber existido alguna negociación paralela, la empresa no hubiera concebido ni en sus mejores sueños.

El acuerdo final coincidía con la última oferta rechazada

Así, el primer párrafo del acuerdo especifica que las condiciones económicas de Prisa justifican este ERE y cualquier otro ERE futuro. Después, se ratifica la bajada salarial de la plantilla, se establecen pésimas condiciones para los prejubilados y se mejora ligeramente la indemnización del resto (de 35 días se pasa a 38, manteniendo un tope de 24 mensualidades en lugar de las 42 que les hubieran correspondido y que hubieran hecho resentirse bastante más el bolsillo de Cebrián). Este acuerdo coincidía con la última oferta de la empresa antes de las supuestas reuniones Cebrián-Toxo, que fue rechazada por los sindicalistas al considerarla "un insulto a los trabajadores".

Concluido el acuerdo, solo faltaba la ratificación de los despedidos. Enviaron el acuerdo ya firmado vía correo electrónico y convocaron urgentemente una asamblea. Incluso entregaron 200 euros a cada trabajador de fuera de Madrid para que se personaran en el local sindical de Núñez de Balboa a la a la velocidad del rayo. Según ha podido saber este diario, uno de los miembros del comité comentó en la puerta, justo antes de comenzar la asamblea, que el acuerdo tenía que ratificarse de inmediato "porque a la empresa le urge". Sus atónitos interlocutores le preguntaron: "¿Para que todo esté cerrado antes de que se conozca de sentencia del TSJM?", "Claro", respondió con tanta ingenuidad como desparpajo el sindicalista, un veterano de la casa.

La asamblea fue teledirigida por un Enrique Lillo convertido en Teresa de Calcuta de la patronal. Según afectados no dieron opción: aseguraron que era la última oportunidad de recibir algo de dinero. En medio de la tensión, hubo quien les llamó "traidores", a lo que el líder del Comité le espetó desde el estrado: "El Comité tiene poder para hacer lo que le dé la gana". Por su parte, el representante del sindicato sostiene que “había razones para ser cuidadoso”. “Suponía una mejora del acuerdo y, con el juicio (en caso de no ratificarse el preacuerdo) a la vuelta de la esquina, los trabajadores aceptaron para asegurar sus indemnizaciones”.

* El Comité de Empresa de El País ha enviado una nota a los trabajadores desmintiendo el adelanto de la firma del acuerdo y el haber ocultado la sentencia del TSJM.