Publicado: 30/07/2017 12:25
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión provisional del subinspector de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) detenido en el marco de la ‘operación Erario’, en la que se investigan posibles delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y organización criminal, según publica el diario Sur.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación 'Erario' contra la corrupción y el fraude a la hacienda pública desarrollada en Málaga, han desarticulado un grupo criminal dirigido por este funcionario
Han sido detenidas 12 personas -seis hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre los 27 y 57 años- por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y cohecho.
La operación se ha llevado a cabo con la práctica de siete registros en la provincia de Málaga -cuatro domicilios y tres despachos profesionales- en los que se decomisaron varios ordenadores y documentos probatorios. Además en el transcurso de la investigación se han bloqueado, a requerimiento de la autoridad judicial, varias cuentas bancarias y se han intervenido un total de 122.522 euros.
La operación, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado, ha puesto al descubierto la involucración en el entramado delictivo investigado de un despacho de abogados y una asesoría de la ciudad y distintas personas físicas, además del despacho profesional del cabecilla de la trama.
La denuncia
La investigación se inició a mediados del pasado mes de marzo con la denuncia de un ciudadano a quien un funcionario de la Agencia Estatal Tributaria en Málaga le había propuesto no abonar a la agencia los tributos que le correspondería pagar en el marco de una inspección tributaria, a cambio de pagarle a él una cantidad mensual fija y una cantidad porcentual al supuesto ahorro.
Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que el investigado dirigía y coordinaba una organización criminal asentada en la capital malagueña e integrada por siete personas en la que cada uno de sus miembros realizaba una función determinada que él mismo distribuía y supervisaba, asimismo se pudo acreditar la existencia de otras personas físicas y jurídicas que se beneficiaban de esta estructura criminal para evitar o disminuir el pago de los tributos a la Agencia Estatal Tributaria.
Para la obtención de los objetivos marcados, la red contaba con el asesoramiento mercantil y financiero y la participación de distintas personas físicas y despachos profesionales de la capital malagueña.
El investigado se valía de su puesto como funcionario público para acceder a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, allí obtenía información que posteriormente utilizaba para cometer los ilícitos. Igualmente los investigadores constataron que esta persona falsificó facturas y manipuló declaraciones de determinados contribuyentes.
Asimismo se descubrieron las relaciones del funcionario investigado con un despacho de Madrid para expandir el negocio, llegando a abrir un despacho profesional del que formaba parte junto a otras dos personas.
Como consecuencia de la actividad desarrollada, los defraudadores -identificados y detenidos en el transcurso de las investigaciones- obtenían beneficio económico, justificando fraudulentamente u ocultando datos en las declaraciones de impuestos presentadas ante la Hacienda Pública tanto por sociedades como personas físicas.
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