Referéndum en Cataluña

El TC tumba la Ley de Referéndum y apercibe a Puigdemont, Junqueras y casi mil cargos más

El Pleno, que ha estado reunido durante una hora y media, ha acordado suspender la Ley de Referéndum, el decreto de convocatoria de la misma y ha abierto una incidente de ejecución de sentencia por la admisión a trámite de la Ley de Transitoriedad. Los magistrados han apercibido a casi un millar de cargos políticos catalanes de que deben cumplir su decisión. Entre ellos, a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carmen Forcadell.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el vicepresidente, Oriol Junqueras (d)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), y el vicepresidente, Oriol Junqueras (d) EFE

El Tribunal Constitucional frena en seco el desafío separatista catalán. El Pleno, que preside el magistrado Juan José González Rivas, ha acordado por unanimidad suspender cautelarmente la Ley de Referéndum aprobada por el Parlament de Cataluña y el decreto de convocatoria de la misma, según avanzan fuentes jurídicas a Vózpopuli. [Consulta aquí el documento íntegro].

Además, el TC ha tumbado este jueves las normas complementarias para organizar la consulta separatista y el nombramiento de una Sindicatura Electoral -el equivalente a la Junta Electoral Central- por el plazo de cinco meses previsto en la Ley.

Se trata de una suspensión automática donde el tribunal de garantías no se pronuncia sobre el fondo del asunto pero que supone de facto la prohibición de celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña.

Asimismo, según informan las fuentes consultadas, el Alto Tribunal ha abierto un incidente de ejecución de sentencia por la admisión a trámite en el Parlament de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Todas estas decisiones han sido notificadas personalmente, a través de varias providencias, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente Oriol Junqueras, a los consejeros, al secretario de gobierno, Victor Cullell, a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell así como a los 947 alcaldes de Cataluña. En total, se apercibe a casi un millar de altos cargos políticos catalanes de su obligación de cumplir el mandato del Constitucional.

Duro aviso del TC

En sus resoluciones, el TC les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". En particular, de que deben abstenerse de “iniciar tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña regulado en la ley objeto de la presente impugnación y de poner a disposición de la Sindicatura electoral de Cataluña o de las sindicatura electorales de demarcación los medios materiales y personales necesarios para el ejercicio de sus funciones". Todo ello, con "las advertencias de las eventuales consecuencias penales en caso de incumplimiento".

Puigdemont debe abstenerse de "iniciar tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias acuerdo o actuación alguna que permita la celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña"

En otra providencia, se acuerda también notificar personalmente la decisión del Pleno a los miembros (titulares y suplentes) de la Sindicatura Electoral de Cataluña. A todos ellos les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada".

En particular, de que deben abstenerse "de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de demarcación, de la creación de ningún registro y/o fichero necesarios para la celebración del referéndum de autodeterminación y de cualquier acto y/o actuación en aplicación del artículo 18 de la Ley 19/2017, así como iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley del referéndum, o que promuevan o tramiten norma alguna dirigida a tal fin". Se les apercibe "de la nulidad radical" de las actuaciones que realicen y "de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento".

Los doce magistrados que componen el tribunal estiman así las pretensiones del Gobierno, quien a través de la Abogacía del Estado, había pedido que se deje sin efecto la Ley de la consulta y el decreto a través de la cual se pretende aprobar la independencia de Cataluña.


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