Juicio Púnica Granados pide anular los pinchazos telefónicos del 'chivatazo' de la Púnica

La defensa del exsecretario general del PP madrileño pide anular las escuchas que sustentan la investigación de la Guardia Civil y manifiesta su malestar porque Marjaliza no esté en el banquillo

Francisco Granados en el banquillo junto a los dos guardias civiles acusados de dar el chivatazo.
Francisco Granados en el banquillo junto a los dos guardias civiles acusados de dar el chivatazo. VP

La defensa del exconsejero madrileño y exdirigente regional del PP Francisco Granados, junto a las de los otros dos acusados, han solicitado la anulación de las escuchas que sostienen la investigación de la Guardia Civil sobre la primera pieza de la trama Púnica.

Además, durante las cuestiones previas del primer juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el abogado de Granados ha reprochado que el presunto 'conseguidor' de la trama, David Marjaliza, no esté sentado en el banquillo junto a su exsocio. "Marjaliza es la única persona que pudo obtener algún lucro" del soplo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a Granados, argumenta el letrado Javier Vasallo. 

Respecto a las grabaciones, alega que vulneran el derecho de intimidad y del secreto de las comunicaciones de los acusados y ha argumentado que se deberían "haber autorizado a través de autos concretos". En concreto se refiere a las efectuadas entre el 15 de julio y el 13 de octubre.

Granados, quien también fue alcalde de Valdemoro, se enfrenta este martes al primer juicio del caso Púnica. La Fiscalía solicita 3 años de prisión por el chivatazo de la operación policial que le condujo a prisión, donde ha permanecido dos años y medio de forma preventiva. La sección primera de la Sala de lo Penal, presidida por Concepción Espejel, es la encargada de juzgar a los tres acusados a quien la Fiscalía les imputa los delitos de revelación de secretos y aprovechamiento de revelación de secretos.

Cinco meses después de abandonar la cárcel, se sientan junto a él en el banquillo el agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil José Manuel Rodríguez Talamino -quien dio el chivatazo en las fiestas de Valdemoro de 2014- y su amigo José Luis Caro Vinagre, otro agente del Instituto Armado en excedencia y que ejerció labores de asesor de la Comunidad de Madrid como cargo de confianza. Se les acusa a ambos de un delito de revelación de secretos.

Talamino advirtió a Granados de que se había instalado una cámara de videovigilancia justo enfrente del edificio de la localidad madrileña de Pinto en el que el presunto 'conseguidor' de la trama Púnica, David Marjaliza, llevaba a cabo sus negocios. Gracias a ello, Granados pudo tomar medidas para proteger su patrimonio obtenido de manera ilícita y ocultar un millón de euros en un altillo del domicilio de sus suegros.

Esto precipitó las detenciones ordenadas por el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, para evitar la destrucción de pruebas. "Sacamos tres carros del Carrefour y los llevamos a quemar", llegó a confesar ante el magistrado el presunto 'conseguidor' de la trama. Gracias a esa declaración, Marjaliza fue puesto en libertad año y medio antes que Granados.

La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), pide una pena de 6 años de cárcel para Granados. La magistrada Espejel fue apartada del juicio de Gürtel por su presunta afinidad ideológica con el Partido Popular. 


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