Independencia de Cataluña La Fiscalía reclama la “detención” de Puigdemont si no acude a declarar

La juez que investiga en la Audiencia Nacional la sedición de los ‘Jordis’, Carmen Lamela, que estaba de guardia, tiene que decidir si acepta investigar al expresidente catalán y su Govern por la querella de rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos presentada por el fiscal.

Imagen de la celebración de la independencia el pasado viernes en el Parlament.
Imagen de la celebración de la independencia el pasado viernes en el Parlament. EFE

La Fiscalía General del Estado ha presentado esta mañana ante la Audiencia Nacional una querella por los delitos de rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y contra el resto de exmiembros del Govern, entre los que se encuentra el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.

Sin embargo, la querella no cierra la puerta a ampliar la imputación “de otras autoridades y cargos públicos en función del resultado que pueda arrojar en el futuro la instrucción judicial”.

El Código Penal prevé para el delito de rebelión un máximo de 30 años, para el de sedición hasta 15 años y para el de malversación ocho años. Por ello, el ministerio público les acusa de delitos que podrían implicar un máximo de 53 años de cárcel.

La juez de guardia, Carmen Lamela, que ya investiga en la Audiencia Nacional la presunta sedición de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ACN), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tiene en su poder la querella de la Fiscalía. Ahora tendrá que dirimir si considera que es competente para su investigación. 

En una comparecencia realizada esta mañana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que no ha admitido preguntas de los periodistas, ha justificado que la querella se presente en la Audiencia Nacional y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), porque tras su destitución ni Puigdemont ni el resto de integrantes del Govern están aforados.

En la querella, el fiscal interesa expresamente que se proceda a la citación de los querellados “con carácter urgente”, para tomarles declaración como investigados, “y a los efectos de celebrar la comparecencia regulada en el art. 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “para valorar la adopción de medidas cautelares de carácter personal respecto de los mismos”.

El ministerio público considera que de cara a esa medidas cautelares, la jueza debería tener en cuenta “la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. En caso de que Puigdemont y los integrantes del Govern no comparezcan, el fiscal reclama “la inmediata detención de los querellados”.

Asimismo, el fiscal solicita a la juez que exija una fianza de 6.207.450 euros, que es la cantidad prevista en los presupuestos catalanes para la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.

El fiscal también pide que el procedimiento que sigue la juez del TSJ catalán Mercedes Armas contra Puigdemont y su Govern se traslade también a la Audiencia Nacional.

Maza, también ha anunciado otra querella contra los miembros de la Mesa del Parlament, aunque esta ante el Tribunal Supremo por conservar casi todos ellos su aforamiento como miembros de la Diputación Permanente de la Cámara catalana. Entre ellos está la presidenta Carme Forcadell, que este lunes por la mañana ha acudido al Parlament.

Las querellas solicitan que los responsables políticos sean citados para prestar declaración como imputados ante los tribunales, momento en el cual el ministerio público se plantearía reclamar unas eventuales medidas cautelares ante delitos tan graves.

Tras la querella de rebelión, un juez podría decretar el ingreso en prisión de Puigdemont si el ministerio público así lo reclama. El delito de rebelión está contemplado en el artículo 472 y siguientes del Código Penal y se dirige a los que "se alzaren violenta y públicamente" para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Establece penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsar la independencia y de 25 a 30 años en el caso de que los hechos sean más graves.

Por su parte, el delito de sedición prevé hasta 15 años de cárcel para autoridades, como es el caso de Puigdemont y Junqueras, que alentaron el separatismo.

La Fiscalía se querella por rebelión y sedición contra Puigdemont ante la Audiencia Nacional by Vozpopuli on Scribd

La Fiscalía se querella contra los miembros de la Mesa del Parlament ante el Tribunal Supremo by Vozpopuli on Scribd


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