Publicado: 08/07/2013 04:00
Los casos de desahucios en España han dado la vuelta al mundo, hasta el punto de que los famosos "hombres de negro" que, de tanto en tanto, viajan a nuestro país para ver si cumplimos los deberes impuestos por la troika (FMI, Comisión Europea y Banco Central Europeo) se interesaron muy especialmente sobre esta cuestión en su última visita, celebrada entre los días 21 y 31 del pasado mes de mayo, destinada a evaluar la efectividad del rescate a la banca. Pero días más tarde, el 3 de junio, fue el FMI el que decidió hacer por su cuenta un análisis más a fondo de nuestra situación económica, y no lo hizo solo.
Los representantes de Fondo Monetario Internacional viajaron acompañados de un grupo de abogados expertos en temas hipotecarios y de vivienda. Una de las paradas que hicieron esos días fue al despacho de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a sabiendas que se han incrementado exponencialmente las denuncias de los ciudadanos contra los alzamientos de sus pisos por letras impagadas a los bancos. También ha influido la fuerza y el impacto de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha forzado un debate social y político sobre una Ley, la hipotecaria, duramente cuestionada hasta por los colectivos de jueces o por unas condiciones bancarias, como las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo ha declarado nulas.
Uno de los asuntos que más preocupaba a los enviados de la troika era saber cómo España tiene regulado el mecanismo de la insolvencia personal o, lo que es lo mismo, el modo en que las familias se declaran judicialmente insolventes para hacer frente a sus deudas y entrar en concurso de acreedores como si se tratara de una empresa. A juicio de los expertos del FMI existe en nuestro país falta de definición a la hora de articular dicho mecanismo.
La ley concursal permite a las familias declararse en quiebra, pero la doble garantía a los bancos (con bienes presentes y futuros) resta efectividad a este instrumento
Y es que aunque nuestra Ley Concursal admite en su artículo 1 que “la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica“, esto es, que pueden acogerse al mismo las familias, el hecho de que exista lo que los expertos llaman una doble garantía en los préstamos hipotecarios, de modo que, si no puedes pagarlo respondes no solo con tus bienes presentes (como devolver la casa) sino también futuros (mantienes la deuda con el banco) impide a los personas físicas acogerse a este mecanismo.
No parece, sin embargo, que el interés del FMI tuviera contenido social. Como había hecho la troika con anterioridad, su principal objetivo era conocer si nuestros bancos iban a necesitar nuevas inyecciones de liquidez procedentes del fondo de rescate europeo. Y para ello, querían saber de primera mano en qué medida la morosidad puede afectar a la solvencia de nuestra banca. Todo ello coincide con las críticas que se vertieron desde Europa al plan del Gobierno andaluz de "expropiar" temporalmente los pisos a los bancos para permitir a las familias residir en ellos por interpretar que podían generar "inseguridad jurídica para los inversores" y que el Gobierno ha llevado ante el Tribunal Constitucional. De momento, España ha pasado el último examen.
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