La empresa de Urdangarin facturó a Camps trabajos que los proveedores niegan haber realizado

El juez José Castro ha interrogado este lunes por la mañana en Barcelona a una veintena de proveedores del Instituto Nóos para averiguar si las facturas emitidas corresponden con los servicios reales contratados por la entidad. Dos de estos proveedores han asegurado en su declaración que los trabajos que realizaron no están relacionados con los fallidos Juegos Europeos impulsados por la Generalitat Valenciana, aunque la entidad presidida por Iñaki Urdangarin remitió las facturas al gobierno de Camps por este concepto.

Según la agencia Efe, que cita fuentes judiciales, Castro está siguiendo el rastro de una serie de facturas que constaban en un libro de apuntes contables sobre los convenios entre el Instituto Nóos y los gobiernos de Valencia y Baleares. Este libro fue requisado durante el registro policial al entramado de sociedades de la entidad en Barcelona.

La mayoría de los testigos que han declarado este lunes ante el juez ha confirmado que prestaron servicios para el Instituto Nóos relacionados con la traducción, publicidad y comunicación, entre otros. Sin embargo, uno de ellos ha asegurado que no facturó para el instituto y otro ha señalado que el importe de la factura no se corresponde con el que aparecía en el apunte contable. Otros dos testigos han corroborado, como ya hicieron en su declaración policial, que los trabajos que prestaron a la entidad presidida por el duque de Palma no tenían ninguna relación con la preparación de los Juegos Europeos.

Las declaraciones de estos testigos siguen la línea iniciada por el fiscal del caso, Pedro Horrach, en el sentido en que Nóos pudo presentar certificados y facturas falsas a la Generalitat para cobrar parte del convenio sobre los Juegos Europeos por trabajos que realmente no se llevaron a cabo.

En la anterior ronda de comparecencias de testigos en Barcelona, el portavoz de Compromís Enric Morera trasladó al juez José Castro sus sospechas de que parte de los 382.000 euros que el gobierno valenciano pagó al Instituto Nóos fueron a parar realmente a una empresa de comunicación valenciana "cercana al PP", presidida por uno de los imputados en la causa, que había trabajado en el proyecto y que había registrado el nombre de "European Games".