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Cataluña requerirá el cese inmediato de la aplicación móvil de transporte

El anuncio llega un día antes de la convocatoria de manifestación de este miércoles en Madrid para pedir que se establezcan las medidas oportunas para impedir que empresas como Uber se establezcan a nivel nacional.

"Uber no es el enemigo de los taxistas"
"Uber no es el enemigo de los taxistas" EFE

La Generalitat requerirá el cese inmediaro de actividad de la aplicación móvil de transporte Uber por trasladar viajeros sin disponer de las autorizaciones pertinentes.

Así lo ha informado este martes en un comunicado en el que ha anunciado la apertura de un procedimiento sancionador contra Uber y los conductores que prestan servicios irregulares de transporte.

Es una aplicación para dispositivos Android e iOS, disponible actualmente en Barcelona, que permite solicitar vehículos de transporte en la ciudad desde el móvil: ofrece seleccionar el punto de recogida exacto a través de un servicio de mapas y una forma de pago basada en la introducción de la tarjeta de crédito; así, se ha convertido en una alternativa al servicio de taxis tradicional.

El anuncio llega un día antes de la convocatoria de manifestación realizada por la Unión Nacional del Taxi (Unalt), la Federación Española del Taxi (Fedetax) y la Confederación del Taxi de España (CTE) para este miércoles en Madrid para pedir que se establezcan las medidas oportunas para impedir que empresas como Uber se establezcan a nivel nacional y para que "se persigan y prohíban este tipo de prácticas".

6.000 euros por expediente

La sanción del Govern puede llegar a los 6.000 euros por expediente e incluye el precinto del vehículo, ha explicado la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que ha concluido que Uber no dispone de autorización de ninguna administración, por lo que infringe la normativa de transporte de viajeros.

El Govern también informará de las actividades de la empresa y los taxista fraudulentos a las administraciones tributaria y de la Seguridad Social para valorar "posibles contravenciones" de la normativa en materia fiscal o de derechos de los trabajadores.

Asimismo, los cuerpos policiales tienen orden de reforzar las labores de control y detección de servicios de transporte de viajeros no autorizados, y se ha reforzado la coordinación con el Gobierno central y otras autonomías para vigilar estas actividades en toda España y aplicar las sanciones correspondientes.


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