Trece de las catorce últimas subastas eléctricas han perjudicado al usuario

Las subastas de energía para el suministro eléctrico de último recurso (Cesur), de las que desde julio de 2009 depende la tarifa TUR que se fija cada trimestre y que pagan más de 20 millones de consumidores (en su gran mayoría, domésticos), se han revelado como un buen negocio para sus participantes (eléctricas, bancos y fondos de inversión) y no tanto para los usuarios. Si se compara el precio marcado en cada una de esas subastas para la energía de base (la principal referencia, al ser el producto más demandado) con lo que luego han pagado las comercializadoras de último recurso (las cinco mayores eléctricas) en el mercado diario (el denominado pool eléctrico), el balance está claro: tras catorce subastas, en sólo una, la del tercer trimestre de 2011, el precio de la Cesur ha sido inferior al que después ha arrojado el pool.

En el resto, el precio ha sido superior, con una desviación media de precios al alza de en torno al 15%, lo que implica que el consumidor doméstico ha salido perdiendo en trece de las catorce ediciones de la Cesur celebradas desde mediados de 2009. También en la que tuvo lugar en septiembre pasado, a pesar de que determinó una bajada del recibo de la luz del 2%, que se quedó en nada debido a la refacturación de los peajes (la otra parte del recibo) forzada por el Tribunal Supremo. El producto de base en esa subasta se adjudicó en 49,25 euros por megavatio hora (MWh), por encima de los cerca de 44 euros por MWh que luego marcó el pool.

A ese diferencial inflacionista se suman otras partidas como la prima de riesgo que concedió el anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, a las comercializadoras (que llegó a ser del 6,5%) para cubrirles de unas eventuales pérdidas que luego no se produjeron. Dicha prima de riesgo fue suprimida en enero pasado.

La Comisión Nacional de la Energía (CNE), la misma entidad que valida cada Cesur, dio este verano el visto bueno al funcionamiento de estas subastas, tras una investigación en la que analizó dos pujas, entre ellas, la única que marcó un precio superior al que luego fijó el pool.

Las Cesur no inciden de forma directa en el déficit de tarifa, pero sí han condicionado los peajes

Las Cesur no son responsables directas del déficit de tarifa, que se genera cuando los ingresos por peajes (la otra parte del recibo, que regula el Gobierno) son inferiores a los costes reconocidos a las empresas. Sin embargo, en ocasiones su resultado ha determinado la evolución de los peajes, lo que sí ha incidido en la creación del citado déficit.

La nueva subida de la luz que entrará en vigor el próximo día 1 será, según el Ministerio de Industria, de en torno a un 3% porque así lo ha determinado el “mercado”, como ha señalado en repetidas ocasiones el titular de esa cartera, José Manuel Soria. En concreto, la última Cesur, celebrada el pasado día 21, arrojó un encarecimiento de la energía cercano al 7%.

Ese 3% podría quedarse muy corto como consecuencia del nuevo sistema de penalizaciones en el recibo que se aplicará cuando se superen determinados niveles de consumo. La CNE lo ha criticado por dureza por entender que encarecerá la factura de casi 8 millones de usuarios y es de difícil aplicación de forma inmediata.

La CNE también ha recordado que en su previsión de peajes eléctricos para 2013 (cuando el déficit tarifario debe ser cero), Industria ha incluido 5.717 millones de euros que, en teoría, serán financiados por vías ajenas a la tarifa eléctrica, pero en la práctica no figuran en ningún texto legal: ingresos por subasta de emisiones de CO2 (450 millones), ingresos por aplicación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (3.000 millones), e ingresos extraordinarios (2.270 millones).

En cuanto a los procedentes de la aplicación de la Ley de medidas fiscales (publicada este viernes en el BOE), “no se conoce la cuantía que se destinará al sistema eléctrico. Respecto a los ingresos extraordinarios, en el momento de realizar este informe, no existe normativa que defina la naturaleza de dichos ingresos ni justificación en la estimación”, subraya el regulador.