La constructora da más detalles de la operación a petición de la CNMV

ACS articula su salida de Iberdrola a tres años tras un ultimátum de sus socios

La refinanciación de parte de la deuda de ACS asociada a su inversión en Iberdrola es, en realidad, una fórmula para que la constructora salga de manera más o menos ordenada del capital de la eléctrica. A petición de la CNMV, la compañía que preside Florentino Pérez aclaró una operación por la que se da un plazo de tres años para vender buena parte de su participación, precisamente lo que los principales socios de ACS le había exigido a golpe de ultimátum al también presidente del Real Madrid.

ACS articula su salida de Iberdrola a tres años tras un ultimátum de sus socios
ACS articula su salida de Iberdrola a tres años tras un ultimátum de sus socios GTres

Residencial Monte Carmelo, instrumental de ACS, firmó con Société Générale una opción de venta de acciones de Iberdrola a un plazo de tres años y con la posibilidad de liquidarla en acciones o en dinero. En realidad, fue la fórmula que encontró Florentino Pérez para satisfacer las exigencias de los principales socios de la constructora, que en los últimos días le habían dado un ultimátum para hallar una solución que evitara la ejecución por parte de los acreedores.

Pero la solución tenía que pasar necesariamente por la salida del capital de la eléctrica. Barca March, principal accionista de ACS con una participación del 18%, no es partidario de prolongar una apuesta que ha dejado de tener sentido definitivamente con la derogación de la enmienda que dejaba en la cuneta los blindajes pero también con todos los intentos frustrados de acceder al consejo de Iberdrola.

Además, la maniobra de mediados del pasado mes de abril, con la colocación en el mercado de un 3,7% de Iberdrola por parte de ACS, al borde de ser ejecutada por los acreedores, y con 700 millones de minusvalías, supuso la advertencia definitiva.

La última semana en la planta noble de ACS fue frenética, entre otras cuestiones porque Florentino Pérez trabajó bajo la presión de sus socios en la constructora. La única premisa era buscar una solución que incluyera evitar la ejecución por parte de los acreedores (que hubiera un agujero de más del doble que la operación de abril y hubiera sido inasumible para ACS) y que también abriera una vía de salida del capital de Iberdrola.

Los derechos políticos, en el aire

Esta última opción debería ser a medio o largo plazo para tratar de evitar mayores minusvalías. A los 700 millones de euros que ya se anotó la constructora por la colocación forzosa del 3,7% de Iberdrola habría que añadir los aproximadamente 3.600 millones de minusvalías latentes que mantiene en la eléctrica.

El presidente de ACS también tenía sobre su mesa otro recado de sus socios: nada de posibles operaciones corporativas en el sector energético. En las últimas semanas se habían intensificado los rumores sobre la búsqueda por parte de Pérez de bancos de inversión dispuestos a plantear una operación de este tipo, algo que los accionistas del grupo constructor han querido cortar de raíz.

Con estas premisas tuvo que negociar Florentino una salida, para la que encontró a Société Générale como aliado de excepción, una vez más. El último paso ha sido aclarar la operación al mercado, dadas las confusas explicaciones ofrecidas el pasado viernes, casi al cierre de la sesión bursátil. La CNMV ha exigido una aclaración que llegó a primera hora de ayer. ACS cerró la jornada del lunes con pérdidas cercanas al 3% y volvió a perder la referencia de los 14 euros. Iberdrola se dejó un 3,5%, hasta 3,07 euros.

Eso sí, a última hora, otro hecho relevante de ACS arrojó más dudas, en este caso sobre quién ostenta los derechos políticos de ese 8,25% de Iberdrola que sirve de garantía para la operación con Société Générale. El hecho relevante reza textualmente: “Societé Générale se ha comprometido, con ocasión de cada Junta General de Iberdrola, a hacer sus mejores esfuerzos para que Residencial Monte Carmelo ostente los derechos políticos de dicha participación”. Todo parece indicar que ACS se aleja cada vez más de poder ejercer esos derechos.


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