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Los dueños de las constructoras hacen 800 millones de caja para evitar la asfixia financiera

En los últimos meses, los grandes grupos constructores han visto como algunos de sus principales accionistas han tenido que hacer caja con ellos, en la mayor parte de los casos para evitar males mayores en sus finanzas personales. El episodio más reciente ha sido protagonizado por Esther Koplowitz en FCC pero antes fueron Juan Abelló y José Manuel Loureda en Sacyr y también los Albertos en ACS. Las desinversiones han totalizado casi 800 millones de euros.

Esther Koplowitz acaba de vender el 3,8% de FCC
Esther Koplowitz acaba de vender el 3,8% de FCC

Los dueños de la construcción en España siguen siendo los mismos que al inicio de la crisis… pero menos o, por mejor decir, en menor medida. La asfixia financiera ha alcanzado también a grandes patrimonios que se han visto obligados a recurrir a participaciones históricas para hacer frente a sus respectivas situaciones personales. En total, las desinversiones de los constructores en sus propias empresas rozan los 800 millones de euros en apenas un año y medio.

El último movimiento en esta dirección ha sido protagonizado por Esther Koplowitz. La principal accionista de FCC mantiene su condición de accionista mayoritaria ya que controla algo más de un 50% del capital pero ha tenido que tomar la dolorosa decisión de desprenderse de un 3,8% del grupo constructor y de servicios para poder cerrar la refinanciación de la deuda de sus sociedades patrimoniales, en especial la de B 1998, a través de la que controla los títulos de la compañía.

El factor clave que ha llevado a Koplowitz a esta situación ha sido la supresión del dividendo de la constructora, acordada a finales de 2012, como consecuencia de las fuertes pérdidas que registró en el peor año desde la fusión entre Fomento de Construcciones y Construcciones y Contratas.

La cantidad que percibía B 1998 en concepto de retribución al accionista servían para atender el servicio de la deuda pero en 2013 este capítulo se quedó en cero. De hecho, la venta del paquete del 3,8% de FCC, la mayoría del cual ha sido adquirida por fondos ligados al inversor George Soros, ha supuesto unos ingresos aproximados de 73 millones, cifra similar a la que percibía Koplowitz por el dividendo de la compañía.

La ejecución de los Albertos

En una situación similar, por la ausencia del dividendo, se vieron Alberto Alcocer y Alberto Cortina, los Albertos, en ACS. Accionistas históricos de la empresa que preside Florentino Pérez, los financieros no pudieron evitar incluso ver cómo la banca, en especial las cajas que tuvieron que ser intervenidas por el Estado, ejecutaba parte de las garantías que sostenían algunos de sus préstamos, consistentes precisamente en acciones de la constructora.

Por su parte, Alcocer y Cortina también vendieron por su cuenta acciones de ACS en el mercado (aproximadamente un 2,5%) para poder paliar la ausencia del dividendo a cuenta que la empresa abonaba religiosamente todos los meses de febrero y al que los Albertos se agarraban como a un clavo ardiendo cuando al final de cada ejercicio las entidades financieras les apretaban las clavijas con los vencimientos de créditos.

Entre las desinversiones de los Albertos y la de Esther Koplowitz se sitúa la marcha de Juan Abelló de Sacyr. En este caso sí hubo un cambio sustancial en el capital de la compañía, de la que antes había salido su ex presidente Luis del Rivero, de forma abrupta, y que también han abandonado las cajas de ahorro como parte de su necesaria reestructuración.

Estampida en Sacyr

Abelló, que se subió al carro de Sacyr (aun sin haber adquirido Vallehermoso al Santander) en 2001, decidió apearse en uno de los peores momentos de la compañía en Bolsa, por lo que apenas pudo ingresar unos 70 millones de euros por una participación del 10% que llegó a estar valorada a precios de mercado en algo más de 1.400 millones. El financiero buscaba poner en orden sus cuentas en busca de poner en marcha nuevas inversiones (se le relacionó con la compra de Inmobiliaria Colonial y también se le  menciona como uno de los posibles participantes destacados en la privatización del gestor aeroportuario AENA).

Otro de los históricos de Sacyr, su cofundador y ex presidente José Manuel Loureda, también redujo su participación en la compañía ahora comandada por Manuel Manrique. Loureda se desprendió en varias operaciones de algo más de un 3% del capital de la empresa para atender sus compromisos financieros derivados del esfuerzo que realizó para acudir a una ampliación de capital de 400 millones de euros que realizó la compañía en 2010.

Fue uno de los últimos intentos de Sacyr para tratar de apuntalar su por entonces delicadísima situación financiera, ahogada por un muy abultado endeudamiento y el inmediato vencimiento de la deuda ligada a su participación en Repsol que se avecinaba.

Las urgencias menores de March y Del Pino

Situación diferente, pero con resultado similar, es la de Banca March en ACS. La entidad financiera ha visto como la fuerte caída de la cotización de la constructora y la supresión temporal del dividendo ha afectado a sus cuentas, por lo que está procediendo a una discreta retirada del capital de la compañía que preside Florentino Pérez, cuya gestión han discutido de forma notable.

Aprovechando que los títulos de ACS parecen remontar el vuelo y que la participación de Corporación Financiera Alba, brazo inversor de los March, se remonta a los orígenes de la constructora (y, por lo tanto, cuenta con plusvalías latentes), Banca March también ha contribuido a este movimiento de hacer caja en el sector al colocar en el mercado dos paquetes del 1% del capital.

Mientras, la familia Del Pino, fundadora y accionista de referencia de Ferrovial, procedió a vender un 1,4% del grupo constructor el pasado verano. Un movimiento relacionado con las fuertes minusvalías que están registrando los Del Pino con la venta del resto de sus participaciones en Bolsa y también con el acuerdo alcanzado con Hacienda, que ha incluido la repatriación de la mayoría de las sociedades instrumentales que tenían domiciliadas fuera de España, especialmente en Suiza y en Holanda, países con notables ventajas fiscales.


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