Empresarios hacen suya la 'doctrina Alfredo Sáenz' para arrinconar a Botín y Fainé

Ser banquero es un ejercicio judicialmente arriesgado. Con la crisis, cientos de consejeros y directivos de las cajas de ahorros han acabado imputados, procesados y condenados. Pero más allá de la crisis y del rescate financiero, hay en España cada vez más querellas contra altos directivos de los bancos, a manos de clientes perjudicados por alguna operación de la entidad.

Actualmente hay, entre otras, acusaciones penales contra Isidro Fainé y directivos de CaixaBank y peticiones ante el Banco de España de que se releve a Ana Botín y parte de su equipo. Les quieren sentar en el banquillo empresarios que perdieron millones por, según su versión, culpa de estos banqueros.

Se miran en el espejo de lo que consiguieron tres clientes de Banesto con Alfredo Sáenz, al que lograron condenar e inhabilitar tras más de una década de batallas legales. Estos tres empresarios provocaron que Sáenz tuviera que dejar su puesto como consejero delegado de Santander, tras un polémico indulto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Aparte de la doctrina Alfredo Sáenz, estos grandes clientes tienen ahora un nuevo aliciente para sentar a los banqueros en el banquillo: la nueva política de gobierno corporativo del BCE, más dura con los consejeros y directivos de las entidades en cuestiones de idoneidad.

Inversión Hogar

Precisamente éste es el camino que está persiguiendo Inversión Hogar, una constructora con una cruzada contra Santander desde los años 90. Acusa a la entidad de forzar su concurso de acreedores y facilitar en 1996 "un pelotazo" con un activo inmobiliario en Mijas, que el banco vendió un día antes de su expropiación, con un perjuicio de 40-50 millones. Según los demandantes, la sociedad que se embolsó estas plusvalías está participada por testaferros europeos y españoles ligados directa o indirectamente a Santander.

El proceso legal de Inversión Hogar está pendiente de varias demandas entre acreedores. Hay un juicio pendiente después de verano en el que una de las partes (la promotora Urcansa) pide la declaración de Ana Botín.

Por su parte, Inversión Hogar ha presentado en las últimas semanas escritos ante el Banco de España, la CNMV y el Tesoro poniendo en cuestión la idoneidad de Botín, y el presidente del banco en España, Rodrigo Echenique, entre otros. La constructora también anuncia que va a enviar el caso al BCE y a la SEC (la CNMV norteamericana).

Santander ya ha tenido que poner en conocimiento del BCE en los últimos meses las imputaciones de dos de sus consejeros: Ignacio Benjumea, por el caso HSBC; y Juan Miguel Villar Mir, por su implicación en el caso Lezo. El constructor ya lleva tiempo imputado en un caso en Baleares.

Otro caso similar es que ha sido admitido por la Audiencia Nacional (Juzgado número 5) frente al presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y altos cargos de CaixaBank, como el consejero delegado, Gonzalo Gortázar. El juez José de la Mata investiga la presunta indemnización irregular del predecesor de Gortázar, Juan María Nin.

Lo llamativo es que este caso se abrió como una pieza separada dentro de una querella distinta, en la que los demandantes acusan al banco de causarles pérdidas millonarias con la venta de tres fincas cerca de Doñana. De nuevo, un caso particular puede derivar en una causa mayor contra banqueros. Lo sombra del caso Alfredo Sáenz es alargada.