Cae la tarde en la gran ciudad pero el reflejo de los últimos rayos de sol aun permite contemplar cómo un grupo de unas cinco personas trabajan con denuedo en una pequeña finca cerrada por una fina verja. Una de ellas cava afanosamente el suelo con un pico y da la impresión de que su labor no ha sido cosa de unos minutos, dado que la profundidad del cráter apenas permite divisar su rostro y parte de su cuerpo. Alguien le ha dicho que sobre ese terreno se levantaba, no ha mucho tiempo, una vieja chatarrería, y ahora lo horada en busca de metales para después venderlos. De vez en cuando, levanta la cabeza en busca de un respiro y puede contemplar sin ningún esfuerzo la imponencia de los cuatro rascacielos que desde hace seis años dibujan el cielo urbano, el cielo de Madrid.

Porque la escena descrita es la bienvenida para todos aquellos visitantes que decidan darse una vuelta por el barrio que rodea el Paseo de la Dirección, en uno de los extremos del distrito de Tetuán, a escasos cinco minutos en coche del complejo Cuatro Torres, paradigma de la opulencia urbanística de la capital. A partir de ahí, el espectáculo continúa con un sinfín de viejas viviendas semiderruidas, arcos del Canal de Isabel II bajo los que viven familias enteras, pequeñas fincas valladas donde la maleza impide ver la extrema suciedad que albergan y tierra, mucha tierra.

En este entorno nada idílico llevan viviendo cerca de siete años varios miles de vecinos de un barrio enclavado en un entorno, por lo demás, privilegiado, con el parque Rodríguez Sahagún y la calle Marqués de Viana en un extremo y la Avenida de Asturias en el otro. La pesadilla comenzó cuando la urbanización del nuevo barrio, concedida por el Ayuntamiento de Madrid a Dragados en 2007, se quedó prácticamente paralizada como consecuencia de la crisis. A la compañía no le salían los números porque la compensación a los 176,5 millones de euros que aportaría para llevar a cabo las obras y las correspondientes expropiaciones consistía en la entrega de algo más de 75.000 metros cuadrados para promover vivienda libre en la zona. Al precio de 2.310 euros por metro cuadrado que se establecía en el pliego de condiciones, un negocio que parecía redondo se convirtió en una auténtica trampa para Dragados debido al desplome del mercado residencial que llegó con la crisis.

La decisión de la constructora del grupo ACS fue parar las obras y reclamar al Ayuntamiento prácticamente un rescate de la concesión. Mientras iba pasando el tiempo, el entorno se iba deteriorando, las viviendas inicialmente expropiadas se llenaban de okupas y el valor de los pisos caía en picado. Este último no es un problema sólo de aquellos que aún esperan su realojo sino también de los que no están afectados por el plan pero viven al otro lado de la calle o dos más allá y sufren igualmente el imparable declive de la zona.

Solución para Dragados, problemas para los vecinos

De hecho, aquel suelo donde los improvisados mineros buscan su particular tesoro fue expropiado en su día y, por lo tanto, es propiedad municipal. Sin embargo, para sorpresa de los vecinos, “cuando avisamos al Ayuntamiento de lo que estaba ocurriendo nos respondieron que la finca era propiedad privada y no podían hacer nada. De vez en cuando la Policía se para, abre la verja, habla con ellos un rato y luego se marcha. Y la mayoría de las veces, ni para”, explica con resignación una residente de la zona.

Para Dragados, el problema está en vías de solución. El Ayuntamiento está a punto de aprobar la modificación del plan inicial para el Paseo de la Dirección e, inmediatamente después, ambos firmarán un nuevo convenio por el que la compañía pasará a recibir cerca de 100.000 metros cuadrados de suelo para promover vivienda  pero, en este caso, protegida, a menos de 700 euros por metro cuadrado. La concesión está a punto de ser rescatada (una más para el currículum de ACS).

Sin embargo, el drama financiero de los vecinos cuyas viviendas van a ser expropiadas está lejos de desaparecer. Muchos de ellos aún están pagando la hipoteca del piso que compraron en su día y que ahora pasará a ser propiedad del Ayuntamiento. El problema está en que el entorno se ha deteriorado tanto que lo que obtendrán por la expropiación no cubre ni la mitad de lo que les resta por pagar de su hipoteca. Las entidades financieras les exigirán la amortización inmediata del préstamo en cuanto se haga efectiva la expropiación puesto que el activo que lo garantizaba, la casa, ya no les pertenece.

“El banco me dice que el problema no es suyo y el Ayuntamiento, lo mismo. Pero en estas circunstancias, yo no puedo irme de mi casa. ¿De dónde saco los más de 100.000 euros que me quedan por pagar de hipoteca si por la expropiación me dan 55.000?”, explica un vecino afectado por la operación urbanística.

Y aún deberá hacer frente al pago de la vivienda de realojo que, además, no estará disponible de inmediato. De los dos bloques previstos para tal fin tan sólo se ha levantado uno, que ya está completo. En el suelo donde está previsto que se construya el otro lo único que se divisa es un viejo árbol que, por el momento, no tiene nada que temer acerca de un posible cambio de ubicación.

De incendios y okupas

Entre medias, calles en las que hace años que no ha entrado una desbrozadora y en las que conviene, de vez en cuando, mirar hacia arriba para evitar electrocutarse con los numerosos cables eléctricos que penden peligrosamente entre los edificios que aún están en pie. Algunos de los ya expropiados sólo están parcialmente derruidos porque comparten paredes medianeras con casas que no están afectadas por el plan, lo que da pie a dantescos espectáculos. Y peligrosos: “ese cable de la luz se desprendió hace poco sobre una casa donde vive un señor ya mayor y con poca movilidad y provocó un incendio”, recuerda otra vecina del barrio, que hace notar la presencia de un vigilante de una empresa de seguridad privada, contratada desde aquel momento para que el episodio no genere males mayores si vuelve a repetirse.   

Algunas casas que ya han sido expropiadas pero aun no derruidas lucen todos sus accesos tapiados para evitar la actuación de los okupas. Para otros, ya es demasiado tarde. La convivencia con tan particulares vecinos es una mezcla de histrión y surrealismo. “Un día me llamaron del Canal de Isabel II porque nos iban a enviar un recibo de agua de más de 2.300 euros cuando en nuestra comunidad pagamos regularmente en torno a 300. El problema es que los okupas que se instalaron en uno de los bajos habían montado una especie de lavandería industrial para limpiar lo que recogen por la calle y utilizaban el agua prácticamente todo el día”, explica otro vecino.

“Aquello ocurrió en noviembre y, desde entonces, la solución fue cortar la llave general y abrirla sólo en determinados momentos. Cuando alguien quiere ducharse, nos enviamos mensajes a través del móvil, abrimos la llave y después volvemos a cerrarla. Para poner lavadoras nos hemos puesto de acuerdo y hemos fijado un día a la semana, por la mañana”, comenta entre sonrisas, casi ya de pura desesperación.

Mientras describe el dantesco escenario, por la calle pasa una pareja de octogenarios que, casualmente, son los inquilinos del otro bajo de ese edificio. “Este es otro de los problemas, aquí vive mucha gente mayor y ya no sabe qué hacer. Estos señores se van al pueblo a lavar la ropa por las restricciones y a todas horas escuchan a los okupas trastear, gritar y pelearse entre ellos”.

El bajo “okupado” pertenece a una entidad financiera a la que se le ha comunicado en repetidas ocasiones la situación y que ha decidido dejar de responder a los correos electrónicos que los vecinos les remiten permanentemente.

El pliego de condiciones de la concesión señalaba que el adjudicatario debería terminar las obras en 2013. Obviamente, Dragados no ha cumplido ni tampoco lo ha hecho con los plazos intermedios que se fijaban. A pesar de ello, el Ayuntamiento no le ha ejecutado los avales que presentó al hacerse con el concurso, como estaba establecido. Con el nuevo convenio, la compañía debería terminar las obras en 2016 pero vistos los “avances” lo más probable es que haya nuevos incumplimientos.


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