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Bronca entre Industria y Hacienda por el apoyo de Montoro a la termosolar

Abengoa, la empresa con más intereses en esta tecnología, fichó en octubre como consejero a Ricardo Martínez Rico, exsocio de Montoro y hermano de su jefe de gabinete.

Bronca entre Industria y Hacienda por el apoyo de Montoro a la termosolar
Bronca entre Industria y Hacienda por el apoyo de Montoro a la termosolar

La reforma energética que ultima el Gobierno para poner coto al inmenso déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) ha ahondado la brecha entre los Ministerios de Industria (su teórico promotor) y Hacienda. “Soria se ha rebelado”, resumen fuentes conocedoras del proceso, que aseguran que el titular de Industria se opone a otorgar un trato privilegiado a la energía termosolar, como pretende su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Soria ha abogado por que las distintas tecnologías de generación tengan la rentabilidad “razonable” que marca la Ley del Sector Eléctrico y ha planteado un paquete de medidas (esencialmente, fiscales), que, además de suscitar el rechazo unánime del sector, no convencen a Montoro. Este recela de la intención de Industria de aplicar diferentes gravámenes a un mismo hecho imponible.

Fuentes al tanto del proceso aseguran que en las tesis de Montoro está teniendo una considerable influencia el que fuera su estrecho colaborador, Ricardo Martínez Rico, al que la sevillana Abengoa (líder mundial en energía termosolar) fichó como consejero el pasado 25 de octubre, a falta de menos de un mes para las elecciones generales que dieron la victoria a Mariano Rajoy por abrumadora mayoría.

Aunque a primera vista Martínez Rico parece un expolítico más a sueldo del sector energético (la lista es extensa y creciente), a su experiencia en la administración pública se une una estrecha y duradera relación con Montoro: fue su secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos durante la anterior etapa del PP en el Gobierno y, posteriormente, ambos fundaron la consultora Montoro & Asociados, actualmente denominada Equipo Económico y de la que el actual ministro se desvinculó en 2008. Martínez Rico (presidente de Equipo Económico) fue también jefe de gabinete de Montoro, puesto que actualmente ocupa su hermano,Felipe Martínez Rico.

Hasta febrero pasado, la empresa controlada por la familia Benjumea, que también sienta en su consejo al expresidente del Parlamento EuropeoJosé Borrell, tuvo en su máximo órgano de gestión a Carlos Sebastián, hermano del anterior ministro de Industria, que fue nombrado vocal en junio 2005, un año después de la llegada de Miguel Sebastián a ese departamento.

El paquete de medidas podría estar hoy sobre la mesa de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos aunque, con el ministro Soria de visita oficial en Rusia, todo apunta a un nuevo aplazamiento, a pesar de que la semana fuentes de Moncloa aseguraban que la reforma estaba “hecha”. La virulenta reacción de todo el sector (las grandes eléctricas y los promotores de energías renovables) y las discrepancias entre Industria y Hacienda habrían forzado el retraso.

En esta guerra ministerial sobre el recorte de las ayudas a las renovables, Soria ha encontrado el aval del ministroLuis de Guindos, un matrimonio de conveniencia que también ha operado con cierta eficacia frente a Montoro en otros pulsos que se han librado en los últimos meses dentro del equipo económico, sin ir más lejos, en el decreto ministerial que hoy se convalidará en el Congreso y que incluye la subida del IVA.

Industria baraja un impuesto del 13% para la facturación de las plantas termosolares que, según estimaciones de BCG, tienen una tasa de rentabilidad interna (TIR) de hasta el 14,7%. No obstante, se mantendrían las primas (con cargo a la tarifa eléctrica) para los cerca de 800 megavatios (MW) previstos de aquí a finales de 2013 que están inscritos en el prerregistro de Industria. Actualmente, estas plantas cobra una prima de 29,8 céntimos de euro por kilovatio hora producido, casi un 500% por encima de los precios del ‘pool’ eléctrico (mercado mayorista).

Mientras crece la presión sobre Soria para que replantee la reforma, cada uno de los sectores afectados por el hachazo tributario que se avecina hace sus cuentas. Los promotores eólicos, a través de la AEE, aseguran que si se aplica el impuesto a la facturación que se baraja (del 11%, aunque no hay ninguna confirmación oficial), en torno a un 15% de los parques (un centenar de plantas con una potencia de entre 2.500 y 3.500 MW y más de 2.500 millones de inversión) se verían abocados al impago de sus créditos en un sector fuertemente apalancado. El sector pide “diálogo” al Gobierno y rechaza un impuesto cuya legalidad considera dudosa.

Por su parte, las tres eléctricas tradicionales aseguran que las tasas a la hidroeléctrica y la nuclear (dos tecnologías que Soria considera amortizadas) y el impuesto del 4% al régimen ordinario (que las empresas acabarán repercutiendo al consumidor) dejarán reducido a cero su beneficio en España. Las empresas amenazan con reducir a la mitad sus inversiones en España, con el consiguiente efecto en las subcontratas, y aseguran que los grandes consumidores industriales se verán abocados a pagar precios de mercado (el doble respecto a ahora), con el consiguiente efecto para una competitividad muy mermada.

“No hay que olvidar que los financiadores de las empresas eléctricas son los mismos fondos de renta fija que financian al Tesoro”, recuerdan desde una de las asociadas a la patronal Unesa. “Estos fondos ya han mostrado su temor de que se haga una quita a la deuda del Estado, visto el recorte expropiatorio que planean para las eléctricas”, añaden las fuentes consultadas.

El objetivo de la reforma sería recaudar más de 6.000 millones, que incluirían el denominado céntimo verde a los carburantes (1.500 millones de euros anuales, aunque no está claro si su recaudación iría a reducir otro déficit, el público) y que servirían para poner coto al déficit tarifario de este año (en mayo, ya superaba los 2.500 millones). Soria tampoco renuncia a una batalla que, de momento, Montoro le ha ganado: el traspaso a los Presupuestos Generales del Estado de los sobrecostes de los sistemas eléctricos aislados, que Hacienda vetó por la crítica situación de las cuentas públicas.


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